MONTERREY, 26 de mayo.— La cifra oficial de muertos por crimen organizado en el país durante este sexenio fue desechada por los procuradores de justicia del país y la Procuraduría General de la República (PGR), al considerar que contenía cifras incorrectas, datos imprecisos y por estigmatizar y violar los derechos humanos de las personas asesinadas por las organizaciones criminales, reveló el subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito de la PGR, Miguel Ontiveros.

Lo anterior fue dado a conocer al término de la 27 Reunión Nacional de Procuradores de Justicia del país.

El funcionario federal precisó que “por no ser fiable” la lista oficial de fallecidos en este sexenio por el crimen organizado será reconstruida, debido a que no se tenía un criterio jurídico para su elaboración, por lo que ahora ya no se tomarán en cuenta las muertes por rivalidad delincuencial, “término que estigmatiza a los fallecidos”, sino por homicidio doloso.

Además, ahora habrá un rubro especial por migrantes asesinados, precisó Ontiveros.

“Uno de los acuerdos de esta conferencia es introducir en esa cifra final —a la que accederemos en armonía todas las procuradurías del país con una sola base de datos que tiene origen en una ley, lo cual usted debe tener certeza de que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto— los asesinatos de migrantes, una cifra de la que hasta ahora no tenemos certidumbre”, afirmó el responsable de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la PGR.

Y añadió: “Ahora son homicidios dolosos, pero es que tiene una razón muy importante de ser, precisamente, en este problema de lenguaje que yo señalaba, se hablaba de personas fallecidas con motivo de rivalidad delincuencial, y eso lo que hacía era estigmatizar a esa persona fallecida, como si supiéramos, merced a que tenga rastros de siete o 10 impactos de bala, que ya fuese un miembro del crimen organizado”.

El subprocurador dijo que la nueva lista quedará elaborada a más tardar el 15 de junio, y que toda la base anterior de asesinados presuntamente relacionados con crimen organizado quedó eliminada.

“Eso ha quedado eliminado con base en la resolución de la Conferencia Nacional de Procuradores, y a partir de hoy, es una persona víctima de un homicidio doloso. Ya habrá que saber dónde, el motivo de las investigaciones, si pertenecía o no, pero eso es intrascendente, es una víctima de un homicidio y como tal hay que considerarla”, afirmó el funcionario.

Indicó que por acuerdo del gobierno federal con los fiscales estatales, la base de datos que había sido construida en un principio por la Presidencia y luego por la PGR, hasta septiembre de 2012, no es confiable.

“Tú mandabas tres y te ponían cinco, ¿y esos otros dos? No, si este fulanito lo mató porque se peleó con un amigo, lo otro nada tiene que ver. Entonces se dijo que hay que homologar”, apuntó Renato Sales, procurador de Campeche.

“No, se trata de que sea derecho penal de acto lo que se sancione en la acción objetiva, privar de la vida a otro, y el otro tiene nombre, apellidos, familia, es una persona, un ser humano, entonces por eso estamos reconstruyendo efectivamente estas bases de datos”, añadió el funcionario.

Las bases de datos por homicidios perpetrados por el crimen organizado durante este sexenio fue elaborada en un principio por el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, y dada a conocer por la Presidencia de la República el 12 de enero del 2011.

En el listado se registraban 34 mil asesinatos por rivalidad delincuencial.

Tras un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad, la lista de homicidios por cárteles del narcotráfico y delincuencia organizada fue elaborada por la PGR con datos de las procuradurías locales.

Coinciden en exhortar para reformar código

Los procuradores de Justicia del país acordaron realizar un exhorto al Congreso de la Unión para que se realice un periodo extraordinario de sesiones en el que se apruebe el nuevo Código de Procedimientos Penales y Ley de Amparo con el propósito de que puedan adoptarse la reformas jurídicas en materia penal, incluyendo el nuevo sistema que implanta los llamados juicios orales.

Lo anterior fue acordado por 20 procuradores asistentes a la 27 Reunión Nacional de Procuradores.

Marisela Morales Ibáñez, procuradora General de la República, dijo que “acordamos emitir un exhorto al Congreso de la Unión a fin de convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el que se discuta y se apruebe el proyecto de Código Procesal Penal de corte acusatorio y las reformas a la Ley de Amparo”.

Este exhorto de los procuradores fue acordado en la sesión número 27 de la Reunión Nacional de Procuradores. Sin embargo, a pesar del llamado de los procuradores estatales del país a los legisladores, alrededor de 50 por ciento de los gobiernos estatales ha incumplido con la aplicación y adaptación de la reforma penal a su sistema de justicia.

Durante la Reunión Plenaria de Procuradores de Justicia, el presidente Felipe Calderón en la inauguración pidió a los estados asignar una mayor partida presupuestal para la aplicación de la reforma del Sistema de Justicia Penal Adversarial.

El mandatario sostuvo que se destinan para los estados hasta mil 600 millones de pesos para la implementación del sistema, asimismo, a través de Banobras, se han entregado hasta 12 mil millones de pesos para invertir en infraestructura y capacitación.

La procuradora de Colima, Yolanda Verduzco Guzmán, dijo que el exhorto al Congreso de la Unión es urgente, y justificó la falta de aplicación del nuevo sistema de justicia penal por falta de presupuesto.

“Nuestro principal obs-táculo ha sido la asignación de los recursos. Si bien es cierto, hay una bolsa de 211 millones que podemos acceder todos los estados, también, por otro lado, los titulares de los Poderes Ejecutivos tienen que pulsar la capacidad de su endeudamiento, porque hay estados en que las condiciones no les permiten en ese momento tomar esa decisión y precisamente por eso es que estamos impulsando esta petición de ir o exhortar al Congreso para que habilite y nos lleguen los recursos a los estados, y poder cumplir con la reforma constitucional”, dijo la fiscal de Colima.

Marisela Morales dio a conocer otros de los acuerdos para el combate a delitos graves, como lo es la falsificación de moneda en nuestro país, el empeño de cosas robadas, la creación de un listado puntual de los  puntos de venta y distribución de armas de fuego ilícitas en nuestro país y mecanismos de colaboración para la creación de unidades mixtas de autoridades federales y locales para combatir la trata de personas.

En cuanto a la falsificación de moneda, los procuradores precisaron que en los últimos diez años se han  encontrado más de 23 mil piezas falsas de billetes de 50 pesos en circulación corriente en todo el territorio nacional.

El procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, expresó que el ilícito se ha incrementado a últimas fechas.