El Senado aprobó el penúltimo dictamen de la reforma energética y lo envió a la Cámara de Diputados, con las nuevas leyes de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, que si bien crean un nuevo régimen de autonomía para la petrolera, también la obligan a que como empresa productiva pague dividendos hasta de 30 por ciento al gobierno, después de cubrir impuestos y derechos, a partir del próximo año.

El presidente del Senado, Raúl Cervantes, dijo que una vez aprobado anoche el dictamen en lo general y en lo particular, hoy mismo la Cámara de Diputados tendrá ya tres minutas que para discutir en comisiones y esto abre la posibilidad de que el miércoles se convoque a dicha Cámara a periodo extraordinario.

Luego de seis horas de debate, el Senado aprobó ayer con 89 votos a favor de PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, así como 27 en contra de PRD y PT, la Ley de Pemex, la Ley de la CFE, así como a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley de Adquisiciones y Ley de Obras Públicas, que al dotar de autonomía administrativa y de operación, convierten al gobierno en su propietario en vez de su administrador.

En el dictamen de las leyes de Pemex y de la CFE, se dota de facultades a los consejos de administración para establecer las bases que permitan decidir el desmantelamiento de instalaciones de las empresas.

El artículo 13, fracción 15, dice que los consejos de administracióndeberán “establecer las políticas, bases, lineamientos y procedimientos para el desmantelamiento, la enajenación, la afectación en garantía o el gravamen de las instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias o, en su caso, empresas filiales”.

En cuanto al “dividendo estatal”, la Ley de Pemex contiene un capítulo específico y en el artículo 97 establece que Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias lo entreguen en julio de cada año.

Ello para que su Consejo de Administración envíe informes a la Secretaría de Hacienda sobre la situación financiera de la petrolera y los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento en el ejercicio inmediato siguiente y los cinco años posteriores, acompañado de un análisis de la rentabilidad de esas inversiones. La dependencia federal determinará el monto anual y lo incluirá en la Ley de Ingresos.

En tribuna, la izquierda reprobó que la redacción, vinculada a la ley de hidrocarburos, defina que Pemex y la CFE, como empresas productivas, no sean propiedad del Estado, sino del “gobierno”.

Alejandro Encinas dijo que ello confirma que no gozarán de autonomía de gestión ni presupuestal “ni se le quitará a Pemex la enorme carga fiscal onerosa, como se había prometido en un principio, por lo cual no va a poder competir en equidad con las otras empresas, porque seguirá bajo el mismo régimen fiscal y se le agrega un dividendo anual de por lo menos 30 por ciento de las utilidades”.

A su vez, el priista y presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna defendió la transformación de Pemex y CFE como empresas productivas del Estado, al sostener que el objetivo es crear valor económico en beneficio de todos los mexicanos.

El hidalguense sostuvo que “la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos contarán con un régimen especial que incremente su competitividad, conforme a las mejores prácticas internacionales, y poder hacer de ellas empresas fuertes, que pongan en alto el nombre de México”.

El también priista Ernesto Gándara hizo notar que la reforma pretende que ambas se conviertan en empresas productivas del Estado, regidas por su propia ley y como están hoy, atadas a la Ley de Adquisiciones y Obras, lo que les permitirá atraer inversión productiva, estimular crecimiento económica “y convertir a Pemex y a la comisión en empresas más eficientes”.

Por el PAN, Jorge Luis Lavalle y Sonia Mendoza aseveraron que es falso que Pemex se venda o se privatice, como lo afirma la izquierda, pues no quedará sujeto a las bases y topes del artículo 127 en materia de presupuesto, deuda y remuneraciones.

A su vez, el ex secretario de finanzas capitalino, Mario Delgado, argumentó que es falso que Pemex pueda competir con las transnacionales, si además de pagar 70 por ciento en impuestos, derechos y aprovechamientos a la Secretaría de Hacienda le tiene que entregar otro 30 por ciento de sus utilidades con esta figura de dividendos, establecida en la ley de hidrocarburos.

“Queremos que Pemex sea una empresa productiva, pero esta es una ley que le amarra las manos, los pies, le venda los ojos y le saca todo su presupuesto de sus bolsillos y le dice ponte a competir con las transnacionales”.

 Los sonorenses Claudia Pavlovich y Ernesto Gándara subrayaron que el nuevo modelo del sector eléctrico que aprobó el Senado garantiza la disminución de los precios y tarifas en el pago de luz en todo el país, aspecto de gran trascendencia para sus representados.

Explicaron que la apertura al capital privado traerá opciones y competencia, lo que llevará a que los mexicanos paguen menos por el uso de la energía eléctrica.

Sin embargo, destacaron que  esto no se da por decreto, sino que son compromisos que los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y sus legisladores asumen con responsabilidad.

 COMPARTIRÁN FACULTADES

En la Ley de la Industria Geotérmica que ya fue aprobada en lo general y en lo particular por el pleno del Senado, se determina que la Secretaría de Energía compartirá facultades con la Comisión Nacional de Agua para otorgar concesiones de exploración y explotación de yacimientos geotérmicos para la generación de energía en aguas nacionales.

La realización de actividades de exploración por parte de particulares, de la CFE o de las empresas productivas del Estado requerirá un permiso previo otorgado por la Sener, sin perjuicio de las autorizaciones que el permisionario deba obtener de otras autoridades federales.

De esta forma, los permisionarios deberán informar a la Secretaría de Energía de manera inmediata si existe interferencia con acuíferos adyacentes al yacimiento geotérmico derivada de los trabajos de exploración realizados, presentando la evidencia documental y de campo correspondiente.

En caso de existir interferencia con acuíferos adyacentes, el asunto se someterá a dictamen de la Comisión Nacional del Agua; con base en dicho dictamen, la secretaría resolverá sobre la conveniencia de realizar los trabajos exploratorios.