La reforma energética que por primera vez en 76 años permitirá a empresas extranjeras explotar crudo y gas en México necesita de contratos atractivos para atraer a gigantes de la industria y medidas de transparencia para las inversiones que podrían alcanzar los 15.000 millones de dólares anuales, advirtieron expertos del sector.

 Los analistas coinciden en el diagnóstico oficial de que la reforma energética tiene el potencial de transformar el desarrollo del país, al prever que atraerá miles de millones de dólares en inversión y promoverá un mayor crecimiento económico. Pero también advierten que esos beneficios se verán a mediano plazo, y dependerán de si las autoridades son capaces de elaborar contratos lo suficientemente atractivos para los gigantes mundiales en el sector como Shell, Exxon y BP.

En un país donde críticos han acusado al hasta hoy monopolio estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de manejarse con cierta opacidad, algunos también ven como un importante desafío la transparencia con la que actúen los órganos responsables de otorgar contratos y manejar los recursos que se obtendrán.

Las proyecciones más conservadoras de corredurías e instituciones financieras señalan que es posible ver a partir de 2016 la llegada de nuevos capitales, que podrían ser de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares al año, una cifra importante si se considera que en los últimos años la inversión extranjera directa en todos los sectores de la economía mexicana ha tenido un promedio anual de poco más de 20.000 millones de dólares.

Desde que en 1938 fue nacionalizada la industria petrolera, la producción de crudo era monopolio de Pemex, que ahora deberá competir con otras compañías privadas.

El gobierno ha dicho que después del primer semestre de 2015 se podrían lanzar las primeras licitaciones públicas para que empresas privadas nacionales y extranjeras compitan por contratos de exploración y producción.

«Cuando ya se tengan los contratos y se dé la licitación, es cuando viene la prueba de fuego de la reforma energética», dijo a The Associated Press Alfredo Coutiño, director para América Latina de la consultoría Moody’s Analytics. «A los inversionistas no se les convence con abrir los sectores, al inversionista se le convence con los papeles en la mano», añadió.

La aprobación en el Congreso de la reforma energética es el mayor éxito del presidente Enrique Peña Nieto en la promoción de diversos ajustes legales y que van desde el sector educativo, las telecomunicaciones y el sistema financiero. El mandatario dijo que la próxima semana podría promulgar los cambios.

Moody’s Analytics considera que todas las reformas en conjunto, aunque claramente impulsadas por la energética, podría elevar la inversión extranjera directa en el mejor de los casos de los niveles actuales de 20.000 millones a cerca de 40.000 o 45.000 millones de dólares anuales.

Con la reforma se establecieron tres tipos de contratos: utilidad compartida, producción compartida y licencias. Y aunque establece lineamientos generales, los detalles finos sobre cuánto obtendrá cada empresa y cuánto el gobierno no se sabrán hasta que se haya elaborado cada contrato.

David Penchyna, senador del oficialista Partido Revolucionario Institucional y uno de los artífices en el Congreso de la reforma, dijo a corresponsales extranjeros que haber puesto detalles específicos de los contratos habría sido como imponer una «camisa de fuerza», pues las cargas fiscales y ganancias dependerán de cada proyecto.

«Lo que nosotros percibimos es que sí hay una demanda muy importante de empresas que quieren entrar a México para aprovechar esta reforma», dijo por su parte a la AP Carlos Capistrani, economista en Jefe para México de Bank of America Merril Lynch. Sin embargo, aclaró que eso no significa que las compañías «van literalmente a brincar y vamos a ver toda esa inversión inmediatamente».

Consideró, sin embargo, que los contratos previstos en las leyes secundarias «son lo suficientemente flexibles para que el gobierno los haga lo atractivo que sean necesarios para que vengan las empresas».

Conforme a la reforma, a Pemex se le permitirá escoger los campos en los que quiere mantener sus exploraciones y explotaciones, para luego abrirlo a la competencia de privados tanto nacionales como extranjeros.

Con las nuevas reglas, una comisión nacional de hidrocarburos será la encargada de asignar los nuevos contratos a través de licitaciones públicas.

Para Marcos Avalos, del departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, un reto vital será «tener transparencia, obligarlos a tener transparencia en sus decisiones, obligarlos a que publiquen sus metodologías y procesos de decisión para que puedan ser evaluados».

De esa manera, consideró, se evitará que sus actuaciones se vean determinados por factores más políticos que técnicos.

«Estamos convencidos en que las mañas, las trampas que se puedan trasladar de lo malo del modelo actual al nuevo modelo tienen barreras y acotamientos que hacen menos vulnerable el modelo por mucho», dijo el senador Penchyna, en referencia a algunas previsiones como que las licitaciones se hagan en vivo y que se suban a internet la información de los contratos.

México tuvo en 2004 su pico de producción de crudo, con 3,4 millones de barriles diarios, aunque comenzó a caer hasta mantenerse en los niveles actuales de 2,5 millones de barriles diarios.

Con la reforma el gobierno espera que la producción crezca a tres millones de barriles diarios en 2018 y a 3,5 millones en 2025.

La izquierda se opuso a la reforma y sus dirigentes han dicho que promoverán una consulta popular en 2015 para revertirla, algo que los expertos ven difícil que ocurra.