Al ser Chihuahua una de los estados que carece de una Ley de Trata de Personas y que junto con otras 7 entidades, concentran más del 60% de la incidencia por este delito, los diputados del Partido de Acción Nacional, Ana Gómez Licón y Rogelio Loya Luna presentaron en conjunto una propuesta para crear este instrumento jurídico con el propósito de prevenir y erradicar a la también conocida como la esclavitud del siglo XXI.

En tribuna, la legisladora panista denunció que de acuerdo a datos de la Organización de Naciones Unidas, ésta actividad es la tercera fuente de ingresos, sólo por debajo del narcotráfico y del tráfico de armas, estimándose anualmente ganancias que ascienden a 32 mil millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 10 mil millones corresponden a la venta inicial de la persona y el resto, son el producto neto que emana de la explotación continua y permanente de las víctimas.

Al respecto, la congresista del distrito XIX, refirió que de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de la Mujeres en nuestro estado la comisión de este delito es latente puesto que, del periodo comprendido  de enero del 2010 a inicios del 2014,  la Fiscalía General del Estado tenía abiertas 29 carpetas de investigación, siendo  38 imputados identificados y las víctimas ofendidas 49.

“Consideramos proponer la creación de la Ley en materia de Trata de Personas del Estado de Chihuahua, porque resulta apremiante actuar de forma coordinada con la participación de la sociedad civil y general para encarar este flagelo que requiere un abordaje integral, pues la suma de voluntades es fundamental para la obtención de los frutos esperados a sabiendas que tener un ambiente de paz, es y será responsabilidad de todos y todas”, expresó.

La propuesta legislativa contempla la creación de una Comisión Interinstitucional integrada por diversas secretarías de Estado, que dentro de sus objetivos tendrá las acciones tendientes a fortalecer la participación ciudadana, la responsabilidad social, la cultura de la denuncia y la prevención social del delito; un programa estatal en materia de prevención del delito de trata de personas, la protección y asistencia de las víctimas, ofendidos y testigos, así como diversas acciones encaminadas a evitar la comisión de esta actividad delictiva.