La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que participaron en un enfrentamiento contra presuntos ladrones de combustible el pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla, hechos en los que murieron diez personas, entre ellos cuatro soldados, 12 más resultaron heridas y nueve detenidas.
La indagatoria de la PGR contra los militares es por posibles irregularidades graves en que pudieron haber incurrido uno o varios de ellos, luego de que un video editado difundido en internet muestra a uno de los elementos presuntamente disparando en la cabeza a un civil que estaba rendido en el suelo.
Autoridades federales indicaron que ninguno de los elementos de la Sedena está por ahora detenido ni suspendido de sus funciones y que será en los próximos días cuando se solicite su comparecencia ante el Ministerio Público para que rindan una declaración ministerial. Posterior a ello se tomarán las determinaciones que correspondan.
Los soldados que están bajo investigación son los que participaron operativamente en el despliegue realizado la noche del 3 de mayo en Palmarito, como parte de una acción para combatir el robo de combustible, específicamente el aseguramiento de una toma clandestina.
Durante el operativo en Palmarito, los soldados fueron atacados por civiles armados, lo que dio lugar al enfrentamiento.
Aunque inicialmente se dijo que todas las muertes se registraron durante el enfrentamiento, videos difundidos por medios locales en Puebla y en redes sociales muestran que hubo posibles ataques a quemarropa, como por ejemplo el de un civil que asesina por la espalda a un militar.
Cabe señalar que la investigación que lleva a cabo la PGR y el eventual proceso penal en el que derive es distinto del proceso que lleva a cabo la Sedena, a través de la procuraduría de Justicia militar, por posibles delitos contra la disciplina militar en que hayan incurrido los soldados involucrados. Dichos delitos pueden ir desde desobediencia hasta traición.
En días pasados el activista Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, anunció su intención de representar legalmente a través de sus abogados al soldado que aparece en el video de la posible ejecución extrajudicial. Según el activista, en este caso no hubo un uso ilegal de la fuerza debido a que los militares fueron atacados por personas fuertemente armadas.