El Gobierno de Sonora ha dado luz verde a sus policías para matar. Ante el incremento en la inseguridad, el fiscal del Estado, Rodolfo Montes de Oca, dio la orden a los agentes para que disparen contra presuntos delincuentes armados con machetes cuando estos desenfunden el arma. “Deben de saber los delincuentes que estén portando armas prohibidas, que estén circulando por las vías públicas y sean inspeccionados por nuestros elementos, que al más mínimo amago o [cuando] desenfunden esas armas prohibidas nuestros elementos van a reaccionar con sus armas de cargo en legítima defensa, y lo más probable que va a suceder es que van a ser abatidos”, dijo en una entrevista a un medio local.
En los últimos meses han aparecido hombres armados con machetes que asaltan tanto en colonias de las periferias como en el centro de Hermosillo, la capital del Estado fronterizo con Estados Unidos. Uno de los casos que desbordó el hartazgo social fue el ataque a un enfermero que trabajaba en un hospital en la capital. Martín, así se llamaba, fue herido con un machete el 3 de mayo por seis adolescentes que le pidieron dinero al salir de una tienda de autoservicio. El hombre dijo a medios locales que había presentado una denuncia. Estaba indignado y temeroso por lo sucedido. “Que las autoridades hagan algo porque los policías ni siquiera los buscaron”, pidió en una entrevista de radio. Once días después, Martín fue nuevamente atacado y asesinado. Los vecinos encontraron su cuerpo cerca de su casa con una herida en la yugular.
En menos de quince días, cuatro hombres que portaban machetes fueron asesinados. En los comunicados de la Fiscalía se explica que en todos los casos se les intentó detener, pero opusieron resistencia, por lo que los policías recurrieron a dispararles. El caso más reciente ocurrió el pasado jueves cuando las autoridades estatales informaron sobre el “abatimiento” de un hombre al que calificaron como líder de una banda de macheteros. «Se abalanzó contra los agentes portando un machete con la que trató de agredirlos, los oficiales utilizaron comandos verbales para neutralizarlo, pero hizo caso omiso y los atacó, en defensa se usó la fuerza letal”, se lee en un comunicado enviado por el Gobierno.
En el parte oficial se anexó la foto del hombre, al que apodaron El Gamesa. El joven de 27 años aparece tendido con los ojos abiertos, junto al machete, sobre un charco de sangre bajo su cabeza, justo donde impactó la bala. La imagen fue reproducida por algunos medios locales y se viralizó en redes sociales. Los comentarios aplaudían las acciones del Gobierno por brindarles seguridad. “Ojalá se echaran una vueltecita por mi colonia, donde abundan los delincuentes”, “a mí ya me da igual si a esa escoria la eliminan legal o ilegalmente”, “Así se tiene que actuar con esa gente”, fueron algunos de los comentarios plasmados en redes. Escasas menciones criticaban la afectación a los derechos humanos del presunto delincuente. Al ser un presunto delincuente, según la ley, las autoridades gubernamentales no debieron haber difundido su foto. «No deberían haber dado a conocer su identidad y afirmar que se trata de un delincuente, aunque esté muerto”, mencionó asegura Miguel Garza, experto en temas policiales.
El hartazgo ciudadano ha llevado a que gran parte de los sonorenses respalden la medida del fiscal, explica Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Sonora por la Seguridad. «Es una medida para calmar ánimos que creo que no es la vía. Se tienen que utilizar los recursos del Estado y apostarle a la capacitación. La policía no tiene que estar matando a personas de ningún tipo», agrega. El fiscal reconoció en una entrevista que no hay un protocolo para regular esta actuación. Lo que existe es una disposición en el código penal que establece los parámetros para la defensa propia. A diferencia de las fuerzas federales que cuentan con un protocolo de actuación que contempla la verbalización, la inmovilización y la fuerza no letal antes de utilizar armas de fuego, en Sonora aún no hay en operaciòn una ley que regule el uso de la fuerza. Las autoridades deberían apostarle a otros protocolos antes de disparar, dice el activista. «En algunas colonias hemos visto que los vecinos han logrado detener a las personas que portan machetes, entonces la pregunta es: ¿por qué los ciudadanos sí logran someter a los macheteros y por qué la autoridad tiene que matarlos?», cuestiona Hoyos.
En Sonora, los delitos de alto impacto se han incrementado durante este año. El último reporte del Observatorio Sonora por la Seguridad, una organización ciudadana que mide la incidencia delictiva, expone que el Estado se encuentra por encima de la tasa nacional en homicidio doloso, robo con violencia y robo de autos. Las estadísticas también muestran que en el primer trimestre de este año las violaciones sexuales se incrementaron un 51,1% en comparación con el mismo lapso de 2016. Aunque el robo con violencia disminuyó un 19,4% en comparación con el primer trimestre del año pasado, su tasa es mayor a la nacional.
Para especialistas en temas de seguridad y derechos humanos la mediada adoptada por el fiscal puede dar pie a un uso abusivo de la fuerza policial. La orden sería viable solo si el arma blanca está por lesionar a alguien y pone en peligro la vida del policía o un ciudadano, pero si el agente dispara a distancia es completamente ilegal, abusivo y violatorio de los derechos humanos, explica Miguel Garza, experto en temas policiales. «La afirmación del fiscal está fuera de todo sentido, lo preocupante de esta instrucción dada a la policía es que ellos se pueden exceder porque van a cumplir la orden así nada más», menciona Garza, investigador del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde).
El Gobierno de Sonora encabezado por Claudia Pavlovich (PRI) se escuda en el artículo 13 del Código Penal de Estado, que deja sin efecto la comisión de un delito cuando se trata de legítima defensa. Según la norma: “cuando se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor”, se considera legítima defensa. Esta disposición ambigua utilizada por el funcionario público ha dado luz verde a los agentes para que ataquen.

Fuente: El País