Un juez federal de Los Ángeles, California, ha decretado este lunes prisión incondicional contra Salvador Cienfuegos Zepeda, exministro de Defensa de México, que no saldrá de la cárcel mientras enfrenta graves cargos por narcotráfico contra él. El juez Alexander MacKinnon aceptó todos los argumentos de la fiscalía federal, que asegura que Cienfuegos huirá a México en caso de ser liberado bajo fianza y aprovechará sus contactos con el crimen organizado para eludir a la justicia. La defensa de Cienfuegos ha ofrecido pagar una fianza de 750.000 dólares, que son “los ahorros de su vida”, pero el juez ha rechazado esta posibilidad.

El caso contra Cienfuegos está en la corte federal de Brooklyn, Nueva York. El juez y las partes acordaron que la orden para trasladar al general a Nueva York no se firmará antes de este viernes. Así lo pidió la defensa, porque el general tiene un abogado mexicano que se encuentra en Los Ángeles y aún no ha podido hablar con él. Aparte, los protocolos por la covid-19 hacían imposible hacer el traslado antes.

El antiguo máximo cargo del Ejército mexicano está acusado por el Departamento de Justicia de cuatro cargos, tres de ellos relacionados directamente con narcotráfico y uno de lavado de dinero relacionado con esa actividad. Los hechos descritos por la fiscalía para solicitar su prisión incondicional abarcan desde 2015 a 2017 y prácticamente lo describen como un jefe operativo más del cartel de los Beltrán Leyva, uno de los más violentos de México. Los mandos del cártel se referían a él como el Padrino, y aparece con ese nombre en el escrito de acusación.

La audiencia se celebró de manera virtual con cuatro participantes en una videoconferencia de Zoom: la secretaria del juzgado, el juez, el fiscal y el abogado de Cienfuegos. Aparte, el juzgado ha publicado las instrucciones para presenciar la vista. La sesión comenzó pasada la una de la tarde de Los Ángeles con la secretaria del juzgado preguntándose quién era “toda esa gente” que estaba conectada a la llamada. Después advirtió que la sesión no podía ser fotografiada o grabada.

La fiscalía federal, representada por el fiscal Ben Balding, apenas ha tenido que defender el impactante escrito que envió el pasado viernes al juzgado en el que asegura que Cienfuegos, como máximo responsable del Ejército de México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, asesoraba al cártel sobre operaciones de sus enemigos, protegía sus operaciones de la acción del Ejército y ayudó activamente a expandir su territorio en Sinaloa. La investigación la realizó la agencia antidroga norteamericana (DEA) durante dos años. Los investigadores aseguran que tienen “miles de comunicaciones” del terminal Blackberry del general para probar su relato.

El abogado norteamericano de Cienfuegos, Duane Lyons, no ha entrado a debatir ninguna de las afirmaciones de la fiscalía contra su cliente y ha pedido a la corte que admitiera dejar al general en libertad bajo fianza de 750.000 dólares. Esa cantidad, afirmó Lyons, supone “los ahorros de toda su vida” y el dinero que puede reunir en este momento. El abogado ha dicho a la corte que presentarían pruebas de que se trata de dinero personal de Cienfuegos. “Podría conseguir más de familiares y amigos pero eso es lo que tiene ahora mismo”. Lyons ha asegurado a la corte que su cliente no tiene ninguna intención de fugarse y que le interesa presentarse al juicio para “limpiar su nombre” por la reputación que tiene en México.

El juez ha reconocido que se trata de una suma considerable, pero ha apreciado todos los argumentos de la fiscalía para presumir que Cienfuegos se fugaría a México si fuera liberado. Entre ellos, ha destacado que una persona con sus conexiones tiene fácil eludir la acción de la justicia. Además, que la clase de delitos por los que se le acusa suponen un importante incentivo para huir. Cada uno de los delitos de narcotráfico conlleva una pena mínima de 10 años de cárcel. El general tiene 72 años. “No hace falta una condena muy alta para que suponga una cadena perpetua”, ha dicho el juez MacKinnon.

Fuente: El País