El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció esta mañana uno de los capítulos más bochornosos de la prensa mexicana: los “montajes” en vivo, por televisión, de noticias falsas; la propaganda simulada de una noticia que periodistas y medios acordaron con autoridades y lo difundieron a una audiencia que no fue advertida.
El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, fue invitado a la conferencia presidencial, la “mañanera”. Villamil dijo que estos montajes fueron más comunes en los últimos tres gobiernos federales, con Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La conferencia se centró en un montaje realizado en Televisa años atrás. En coordinación con Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad Pública federal con Felipe Calderón Hinojosa, el periodista Carlos Loret de Mola presentó un supuesto arresto en flagrancia de una banda de secuestradores. Fue una escenificación que fue descubierta poco tiempo después.
Este montaje tiene consecuencias jurídicas hasta el día de hoy. Un hombre, Israel Vallarta, ha pasado parte de su vida en una prisión federal. En la transmisión se le tortura y se le señala como líder de una banda de secuestradores.
También aparece la ciudadana francesa Florence Cassez, quien es exhibida como socia o aliada de Vallarta durante esa transmisión en vivo. Ella lo niega en todo momento. Este episodio provocó un enfrentamiento entre el Gobierno de México y el de Francia.
El 9 de diciembre de 2005, el noticiero “Primero Noticias”, conducido por Carlos Loret de Mola, realizó un gran despliegue para mostrar “en vivo” la captura de la banda de presuntos secuestradores y la liberación de sus víctimas. Después se supo que fue un montaje orquestado por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo de Genaro García Luna, con la participación de Televisa, que transmitió para miles de mexicanos el espectáculo mediático.
En el montaje se detuvo a Florence Cassez y a su pareja sentimental Israel Vallarta, como integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco.
LA LIBERACIÓN DE CASSEZ Y LA SITUACIÓN DE ISRAEL VALLARTA
Cassez, quien llegó a México en 2003, fue condenada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro y liberada en enero de 2013 después de haber permanecido siete años en prisión. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la simulación de su captura contaminó el proceso legal hasta el punto de viciarlo de origen, lo que era suficiente para liberar a la mujer francesa por las violaciones a sus derechos humanos, pese a que aún no se determinaba si era culpable o no del delito de que se le acusaba.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó este miércoles que el parte policiaco explicaba que Vallarta y Cassez fueron detenidos en la carretera México-Cuernavaca, la mañana del 8 de diciembre, pero fue “alterado una y otra vez”, por lo que “simplemente se desmoronó”.
Los derechos de Florence Cassez que se violaron fueron la presunción de inocencia, el ser puesta de inmediato ante un Juez y el acceder de manera inmediata a asistencia consular por ser ciudadana extranjera, enumeró Sánchez Cordero.
“No se pronunció sobre la credibilidad de los testigos, sino en el impacto que tuvo la escenificación”, dijo la funcionaria. “Dos ministros propusieron que se repusieran el procedimiento. Yo propuse su libertad inmediata. ¿En qué momento se puede reponer el procedimiento si todo fue una escenificación ajena a la realidad?”, cuestionó.
Mientras que Jenaro Villamil Rodríguez aseguró que “es un engaño abierto y crudo a los mexicanos y desgraciadamente dejó escuela. Hay muchos que la repiten. La impunidad que genera el mentir, el inventar una realidad en la pantalla o en la radio con fines de rating es muy grave porque ahora también lo están haciendo en redes sociales”.
Luego de la liberación de Cassez, el Gobierno de Enrique Peña Nieto prometió una investigación para dar con los culpables de no llevar a cabo un debido proceso en contra de la ciudadana francesa. Sin embargo, hasta el momento no se sabe nada de esa supuesta investigación.
A más de 15 años del hecho, Florence Cassez sigue libre y con un proceso legal en contra de quienes orquestaron el montaje. En tanto, Israel Vallarta permanece en prisión, Carlos Loret de Mola fuera de las pantallas de Televisa, Genaro García Luna está preso en Estados Unidos acusado de dar protección al Cártel de Sinaloa, y Luis Cárdenas Palomino es buscado por las autoridades de ese país por el mismo caso que mantiene en prisión a su exjefe y por las autoridades mexicanas que lo acusan de torturar a Mario Vallarta Cisneros, supuesto integrante de Los Zodiaco.
Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México
El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.
Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.
“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.
“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.
Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.
¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?
De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.
Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.
¿Los padres de familia podrán ser sancionados?
Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.
De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.
¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?
Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.
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