En el programa “Ciro por La Mañana” de Radiofórmula, de su edición de este miércoles 7 de julio, la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, hizo otra vez comentarios sobre el proceso de entrega-recepción y sobre el gobernador Javier Corral Jurado, y de nueva cuenta esas afirmaciones faltan a la verdad, por lo que deben precisarse.

Dijo textualmente: “pues aunque él no quiera conmigo pero de veras que no quiere, no quiere, no quiere ¿eh? Entonces, estamos tratando de trabajar con sus funcionarios. Pero déjame decirte algo, es una obligación constitucional, en Chihuahua existe una ley de Entrega-Recepción. Tienen, no es de que quieran. Hay una exigencia por parte de la ley, hay una exigencia por parte de los chihuahuenses para que entreguen la información otra vez, para poder conocer el estatus del estado y de ahí poder generar la política pública”.

Señaló ella que es importante tener claridad sobre el estado de las finanzas de Chihuahua para un diagnóstico que le permita a la nueva administración ir tomando medidas. Que faltan dos meses para que tome protesta y que la entrega recepción es una demanda de los chihuahuenses “o se hace, o se hace”.

No hay tal. Es falso que el Gobierno del Estado obstaculice o ponga trabas en el proceso de transición, como se ha empeñado en afirmar la gobernadora electa y su equipo. Fue el propio Gobernador del Estado Javier Corral, el que al día siguiente de la elección inmediatamente convocó a iniciar “aunque sea informalmente mientras se agotan los recursos legales electorales el proceso de entrega-recepción”.

Se trata de una descalificación anticipada para tratar de trabar un proceso -que venía ocurriendo con buen ánimo y absoluta disposición-, para luego volver a victimizarse, lo que le dio excelentes resultados en la campaña electoral, pero esa etapa ya culminó.

Este conflicto, absolutamente artificial, coincide con la reactivación en los tribunales, el pasado lunes 5 de julio, del segundo proceso penal pendiente que tiene la Gobernadora electa Maru Campos, por actos de corrupción, y cuyo objetivo ha sido siempre tratar de ocultarlo a la opinión pública.

Desde el pasado 29 de julio ya se han llevado a cabo reuniones con la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. De hecho en la reunión con la Secretaría de la Función Pública participó la propia Gobernadora Electa Maru Campos. En dicha reunión, la secretaria de la Función Pública le dijo que la información de los responsables de la Entrega-Recepción por parte del Gobierno del Estado, la normatividad y otros materiales, se podían consultar sin ningún problema en ese portal web. Ahí el equipo de transición de la Gobernadora quedó en enviar un listado notificando los enlaces con cada una de las dependencias, pero hasta ahora no ha sucedido, porque todavía no están listos.

Una vez más, el Gobierno del Estado reitera que nada tiene que esconder y por el contrario el Gobernador instruyó para que todas las reuniones de la Comisión de Transición se videograben y se difundan; se levanten actas de cada una de las sesiones y se suba todo al portal de transparencia, y se invite a testigos sociales, hoy más que nunca necesarios, ante el intento de desvirtuar un proceso legal de la mayor relevancia no sólo para los nuevos funcionarios que llegan, sino para quienes concluyen sus encargos.

El mismo 5 de julio, la Secretaría de la Función Pública puso a disposición del público el portal web, que puede consultarse en la liga: https://entregarecepcion.chihuahua.gob.mx/, y que se irá actualizando conforme avance el proceso. Ahí también ya se colocaron dos audios, de la reunión con la Gobernadora electa y de una reunión del equipo de transición designado para la Secretaría General de Gobierno. Basta sólo con escucharlos completos para descubrir la falsedad y la mala intención de las recientes declaraciones.

Además de la mala voluntad de estos señalamientos, existe también un gran desconocimiento de la ley. El proceso de entrega-recepción lo conduce la Secretaría de la Función Pública, no el Gobernador del Estado; la ley contempla que debe realizarse cuando menos 30 días antes del cambio de administración, y éste se inició casi tres meses antes.

Finalmente, el proceso de entrega-recepción se sujetará estrictamente a lo señalado por la ley, y se hará la entrega de toda la información requerida. Pero este proceso no admitirá que se comprometa la postura o las opiniones tanto del Gobernador o de otros funcionarios relacionados en torno de los procesos penales pendientes que por actos de corrupción tiene la Gobernadora Electa.

Anexamos PDFs de los documentos generados hasta la fecha durante los encuentros con el equipo de transición.