El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la medida temporal.Imagen: Celal Gunes/AA/picture alliance
La decisión de EE.UU. fue anunciada tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Venezuela y la oposición para establecer garantías electorales de cara a los comicios presidenciales de 2024.
Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones a la industria petrolera, del gas y del oro venezolano después de que el gobierno del mandatario Nicolás Maduro y la oposición alcanzaran un acuerdo sobre las elecciones de 2024, anunció este miércoles (18.10.2023) el departamento del Tesoro.
En respuesta a «estos hechos democráticos», Estados Unidos ha emitido «una licencia general de seis meses que autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en Venezuela», pero podrá revocarlas si Caracas incumple «sus compromisos» de la hoja de ruta electoral, informa un comunicado.
La Administración de Joe Biden advirtió sin embargo que la suspensión de sanciones sobre el petróleo y el gas estará vigente seis meses y podría reconsiderar la decisión si no hay avances hacia unas elecciones democráticas y no se liberan estadounidenses detenidos en Venezuela.
A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro estadounidense informó que se han emitido «licencias generales que autorizan transacciones que involucran al sector de petróleo y gas y al sector del oro de Venezuela, además de eliminar la prohibición del comercio secundario».
«El Tesoro está preparado para modificar o revocar autorizaciones en cualquier momento, en caso de que los representantes de Maduro no cumplan con sus compromisos», afirma el texto.
Estados Unidos tomó esta decisión en respuesta a la firma de un acuerdo de hoja de ruta electoral entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y representantes del Gobierno de Maduro, aseguró el Departamento del Tesoro.
El Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) firmaron el martes en Barbados dos acuerdos sobre garantías para las presidenciales de 2024, que incluyen la observación internacional.
En el acuerdo sobre garantías electorales, las partes se comprometen a continuar con el proceso de diálogo y negociación con relación a otras medidas, «entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano», apuntó tras la firma el Gobierno de Maduro.
Otras sanciones siguen vigentes
Como respuesta a este acuerdo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles 4 licencias generales suspendiendo ciertas sanciones, aunque precisó que todas las demás restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela «siguen vigentes» y que EE.UU. seguirá «responsabilizando a los malos actores».
Más concretamente, EE.UU. emitió una licencia general de seis meses que autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y el gas, una licencia que «se renovará sólo si Venezuela cumple con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a aquellos que son detenidos injustamente».
Emitió también una segunda licencia general que autoriza transacciones con Minerven (la empresa minera de oro estatal venezolana) que, según el Tesoro, tendrá el efecto de reducir el comercio de oro en el mercado negro.
Y por último se modificaron dos licencias para eliminar la prohibición de negociación secundaria de ciertos bonos soberanos venezolanos y deuda y capital de PdVSA, la empresa estatal petrolera. La prohibición de negociar en el mercado primario de bonos venezolanos sigue vigente, precisó el Tesoro.
«El Tesoro evalúa que esto también tendría el efecto positivo de desplazar a los actores nefastos en este mercado, y con un beneficio financiero insignificante para el régimen venezolano», afirmó.
De acuerdo con datos del Gobierno de Venezuela, países como EE.UU., Canadá, Panamá y naciones de la Unión Europea (UE) han impuesto más de 900 sanciones a Venezuela desde 2015, la mayoría de ellas a título personal contra funcionarios acusados de perjudicar la democracia.
Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.
México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.
De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.
La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.
Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.
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