Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

Opinión

¿Qué rayos pasa en el IMSS? Por Caleb Ordóñez T.

Imagina que llevas veinte años trabajando en un hospital. Has pasado Navidades lejos de tu familia, cumpleaños atendiendo emergencias y noches enteras intentando salvar vidas. Cada quincena aportas a un sindicato que existe, en teoría, para defenderte. Un día te anuncian un aumento salarial. Tú y tus compañeros lo rechazan en una consulta y obligan a la dirigencia a volver a negociar.

La segunda oferta llega mejorada. Los representantes anuncian que el asunto está cerrado. Pero tú tienes una pregunta, quizá la más sencilla de todas: si pude votar contra la primera oferta, ¿por qué no puedo votar sobre la segunda?

Esa pregunta explica el conflicto en el IMSS mejor que cualquier porcentaje.

El aumento que nadie volvió a votar

El sindicato había aprobado una propuesta de incremento global de 6.8%, de los cuales apenas 2.9% correspondían al salario tabular y 3.9% a prestaciones. Los trabajadores la rechazaron mediante una consulta realizada el 14 de octubre. Rafael Olivos Hernández, secretario general del sindicato, reconoció el resultado y regresó a negociar con las autoridades del Seguro Social.

La segunda propuesta alcanzó un incremento global de 8%, dividido en 4% al salario tabular y 4% al concepto de ayuda para renta de vivienda, que también influye en el cálculo de determinadas prestaciones. El acuerdo fue celebrado por la dirigencia y por Zoé Robledo, director del IMSS, quien aseguró que el nuevo aumento respondía a las inquietudes expresadas por los trabajadores.

Hasta aquí parecería una historia de éxito. Los empleados manifestaron su inconformidad, fueron escuchados y consiguieron una mejor oferta. Pero la dirigencia decidió no convocar a una segunda consulta. Su argumento fue que la votación anterior había cumplido su propósito: mejorar la negociación. Además, sostuvo que sus facultades estatutarias permitían dar por concluido el proceso.

Hay que reconocer que una negociación no puede permanecer abierta indefinidamente y que los dirigentes necesitan facultades para alcanzar acuerdos. Tampoco puede afirmarse, sin examinar el procedimiento y la legislación aplicable, que la ausencia de otra consulta constituya automáticamente una ilegalidad.

Pero una cosa es tener autoridad para firmar un convenio y otra muy distinta conseguir que quienes serán afectados por él consideren legítima la decisión.

Los grupos inconformes pedían 10% directamente al salario tabular. Y la diferencia importa. No es lo mismo aumentar el sueldo base que mejorar una prestación adicional, especialmente cuando las condiciones de jubilación y el cálculo de determinados beneficios varían entre generaciones de trabajadores.

El sindicato tiene argumentos económicos para defender el acuerdo. Sostiene que representa uno de los mejores incrementos reales de los últimos veinte años y que mejora prestaciones adicionales al sueldo. Son elementos que merecen considerarse. Sin embargo, un buen resultado económico no elimina necesariamente una discusión sobre representación.

Porque escuchar a los trabajadores no consiste solamente en conocer su inconformidad. También implica explicarles qué se consiguió, qué no fue posible y por qué se tomó la decisión final.

El poder de representar a quienes no quieren ser representados por ti.

La historia del sindicalismo mexicano ayuda a entender esta contradicción. Durante buena parte del siglo XX, los sindicatos conquistaron derechos fundamentales, pero algunos dirigentes también construyeron estructuras de poder que terminaron alejándolos de sus representados. Hubo líderes capaces de negociar directamente con presidentes mientras sus propios trabajadores encontraban enormes dificultades para cuestionarlos.

La reforma laboral de 2019 buscó fortalecer la democracia sindical mediante mecanismos de participación y votaciones libres, directas y secretas. La legislación establece consultas obligatorias para determinados acuerdos colectivos, aunque sus requisitos concretos dependen del procedimiento aplicable. Por eso el debate del IMSS merece algo más que acusaciones apresuradas: exige claridad sobre las reglas y transparencia sobre las decisiones.

Siete años después, queda una lección que trasciende este conflicto: cambiar una ley puede ser mucho más sencillo que cambiar la manera de ejercer el poder.

Pero tampoco sería justo responsabilizar únicamente al sindicato. Los trabajadores reclaman además mejores condiciones laborales, personal suficiente, insumos médicos y soluciones a problemas de jubilación. Algunas de estas demandas corresponden al IMSS; otras involucran decisiones presupuestarias, al gobierno federal y hasta reformas legislativas.

Las cifras permiten dimensionar el desafío. El Instituto reporta que su plantilla creció considerablemente desde 2019 y que actualmente dice tener un abasto promedio de medicamentos de 94%. Sin embargo, el propio Zoé Robledo reconoce problemas de saturación, tiempos de espera y suministro. Es decir, hay avances documentados, pero también necesidades que siguen sin resolverse.

Y aquí apareces tú, aunque nunca hayas trabajado en el Seguro Social. Quizá has esperado meses por una consulta, acompañado a un familiar durante una madrugada en urgencias o encontrado a una enfermera extraordinaria trabajando en condiciones difíciles. Las deficiencias laborales también terminan afectando a los pacientes. Por eso importa que el sindicato tenga capacidad para negociar, que el Instituto administre eficientemente y que el gobierno rinda cuentas sobre los recursos disponibles.

Mientras tanto, el acuerdo del 8% ya fue anunciado, pero algunos trabajadores continúan inconformes. La negociación terminó sin que desaparecieran todas las preguntas. Y esa diferencia debería preocupar tanto a las autoridades como a los dirigentes sindicales.

Porque una organización puede conseguir aumentos, firmar convenios y celebrar victorias. Lo que no puede permitirse es perder la confianza de las personas que le dieron sentido a su existencia.

Los sindicatos no fueron creados para proteger dirigentes, como tampoco los hospitales existen para justificar presupuestos ni los gobiernos para administrar discursos. Su razón de ser está en las personas a las que sirven.

Una negociación puede terminar con una firma. Una crisis de confianza, no.

Y cuando los trabajadores comienzan a preguntarse a quién representa realmente su sindicato, el problema ya no está en el porcentaje que consiguieron sus dirigentes, sino en la legitimidad con la que siguen hablando en nombre de los demás.