Política
Maru Campos realiza cambios en seguridad y justicia en Chihuahua
La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos Galván, ha llevado a cabo una reestructuración en las áreas de seguridad y justicia, nombrando a Gilberto Loya Chávez como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado y a Luis Ángel Aguirre Rodríguez como titular de Seguridad Pública. Esta decisión se enmarca en un esfuerzo por mejorar la disciplina, eficiencia y atención a las víctimas en el estado.
Gilberto Loya, quien asumirá la Fiscalía, implementará el modelo de inteligencia de la Plataforma Centinela, una estrategia que busca fortalecer la seguridad en la entidad. Por su parte, Francisco Sáenz Soto continuará en la estructura operativa tras haber encabezado el despacho durante la transición. La gobernadora ha expresado su compromiso de que estos cambios resulten en cifras más favorables en materia de seguridad y justicia, enfatizando la importancia de que las nuevas designaciones se traduzcan en resultados concretos.
Este movimiento en el gabinete de seguridad de Chihuahua se produce en un contexto donde la colaboración y la coordinación son esenciales para enfrentar los retos en materia de seguridad pública. La gobernadora ha manifestado que es fundamental que los nuevos titulares trabajen de manera efectiva para atender las necesidades de la población y garantizar un entorno más seguro para todos los chihuahuenses.
Política
Implementan denuncias digitales en Fiscalía de Chihuahua
El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, anunció la implementación de un sistema de denuncias digitales, que permitirá a los ciudadanos reportar delitos sin necesidad de acudir físicamente a las instalaciones de la dependencia. Esta iniciativa forma parte de una estrategia para reducir los tiempos de atención y combatir la impunidad en el estado.
Durante una rueda de prensa celebrada el lunes, Loya Chávez explicó que este proyecto se integra en un nuevo modelo integral de procuración de justicia, que abarca nueve ejes de trabajo relacionados con la estrategia de seguridad de la Plataforma Centinela.
Uno de los objetivos principales de esta estrategia es modernizar los mecanismos de recepción de denuncias a través de herramientas tecnológicas, facilitando así que las víctimas puedan iniciar sus procedimientos desde medios digitales. “Vamos a establecer una serie de nuevos mecanismos, mecanismos técnicos que nos permitan eficientar el levantamiento de denuncias”, afirmó el funcionario.
Además, Loya Chávez adelantó que se buscará establecer convenios de colaboración con las policías municipales, especialmente aquellas que cuentan con mayores capacidades operativas, para que los elementos puedan registrar denuncias o predenuncias desde el momento en que atiendan un hecho posiblemente delictivo. Esto permitirá que las personas afectadas no tengan que trasladarse inmediatamente a las oficinas de la Fiscalía para iniciar el reporte, aunque posteriormente deberán cumplir con los procedimientos legales correspondientes para ratificar formalmente su denuncia cuando sea necesario.
La estrategia tiene tres objetivos principales: reducir la cifra negra de delitos no denunciados, contar con un diagnóstico más preciso de la incidencia delictiva en el estado y fortalecer las investigaciones para combatir la impunidad. “Lo que estamos buscando con esto, en primer lugar, es abatir la cifra negra; en segundo lugar, tener un diagnóstico preciso de lo que pasa en el estado y, en tercer lugar, y más importante, atacar la impunidad”, destacó Loya Chávez.
Asimismo, se contempla la digitalización del seguimiento de los procesos penales, lo que permitirá a las personas consultar en tiempo real el estado de sus asuntos sin necesidad de acudir constantemente a las oficinas de la institución.
Estas modificaciones forman parte del componente denominado “Justicia Pronta e Imparcial”, que busca disminuir los tiempos de respuesta y acercar los servicios de procuración de justicia a la población. Loya Chávez concluyó reiterando que la meta del nuevo modelo es convertir a Chihuahua en una de las entidades con menores índices de impunidad, aprovechando la tecnología y fomentando una mayor coordinación entre las corporaciones de seguridad y las autoridades ministeriales.
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