México

Edomex recupera espacios públicos y abre Centros Colibrí para mujeres y niños

El gobierno del Estado de México ha recuperado más de 39 mil metros cuadrados de espacios públicos, los cuales han sido acondicionados con alumbrado, botones de emergencia y banquetas rehabilitadas en municipios que se encuentran bajo Alerta de Violencia de Género. Esta acción forma parte de una estrategia más amplia de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que también incluye la apertura de los primeros Centros Colibrí en los municipios de Huehuetoca y Teoloyucan. Estos centros están destinados a atender a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o que viven en la calle.

El modelo de atención que se implementará en los Centros Colibrí ofrecerá un esquema integral que incluye alimentación con tres comidas diarias (desayuno, comida y cena), seguimiento médico, acompañamiento escolar, apoyo en tareas y orientación para ayudar a los menores a desarrollar un proyecto de vida alejado de la vida en la calle. Esta estrategia será coordinada por la Secretaría de las Mujeres y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en colaboración con diversas dependencias estatales y gobiernos municipales, a través de planes individuales que también buscarán mejorar las condiciones familiares de los menores.

En cuanto a la seguridad de las mujeres, el programa Senderos Mexiquenses Caminemos Seguras ha permitido la intervención en vialidades y espacios considerados de riesgo en 11 municipios que cuentan con alerta de género. Estos municipios son Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. La instalación de luminarias, botones de auxilio y señalización tiene como objetivo garantizar un tránsito libre de violencia para las mujeres.

Adicionalmente, la red estatal cuenta con 45 Centros LIBRE, donde se ofrece atención psicológica, asesoría jurídica y trabajo social. En estos espacios, las mujeres mexiquenses tienen acceso a talleres que fomentan el desarrollo de habilidades y el conocimiento de sus derechos, promoviendo así su autonomía e integridad.

México

Irregularidades en Liconsa involucran a hermano de senadora Andrea Chávez

Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora Andrea Chávez, ha sido señalado en una investigación sobre irregularidades en la gestión de Liconsa en Chihuahua, según un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al año 2023. Chávez Treviño ocupaba el cargo de gerente estatal de Liconsa desde noviembre de 2022.

La auditoría reveló que existen 45 millones de pesos pendientes de aclarar en operaciones de Liconsa, además de diversas acciones para determinar posibles responsabilidades administrativas. Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran pagos realizados a personas fallecidas y recursos entregados a proveedores que no cumplían con los requisitos necesarios para acceder al precio de garantía.

En el caso específico de Chihuahua, se identificó una irregularidad relacionada con el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023, en el que se realizaron pagos por más de un millón de pesos a dos proveedores que ya habían fallecido. Uno de ellos murió en febrero de 2023 y el otro en marzo del mismo año, sin embargo, los pagos continuaron durante ese ejercicio, según la revisión de la ASF.

Además, Gregorio Chávez está vinculado a otra observación que asciende a aproximadamente 4.5 millones de pesos, correspondiente a pagos de precios de garantía a proveedores que, de acuerdo con la auditoría, no cumplían con los requisitos establecidos para recibir dicho beneficio.

La investigación también ha documentado irregularidades en las operaciones de Liconsa en otros estados, como Jalisco y Coahuila, donde se han observado montos adicionales por pagos a proveedores no elegibles y por leche cuya recolección no pudo ser acreditada.

Hasta el momento de la publicación de la investigación, las posibles responsabilidades administrativas aún no habían sido determinadas de manera definitiva, y el procedimiento seguía pendiente de avanzar hacia las áreas encargadas de investigar y, en su caso, sancionar.

Gregorio Chávez fue contactado para conocer su postura respecto a las observaciones, pero no se obtuvo respuesta. Es importante señalar que las irregularidades detectadas por la ASF no implican por sí mismas una determinación de responsabilidad administrativa o penal.