México

PSE Pegaso Servicios Institucionales enfrenta cuestionamientos por irregularidades

PSE Pegaso Servicios Institucionales S.A. de C.V., una empresa dedicada a la limpieza y que ha participado en el suministro de insumos médicos, se encuentra bajo la lupa por presuntas irregularidades en sus certificaciones laborales y en la adjudicación de contratos públicos. Los señalamientos incluyen anomalías en la acreditación de normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como inconformidades de empresarios del sector farmacéutico que consideran que los procedimientos de contratación no han sido equitativos.

Uno de los principales cuestionamientos se centra en la certificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, que tiene como objetivo identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Testimonios de empleados y exempleados sugieren que se habrían utilizado cuestionarios previamente contestados y que se solicitaron firmas sin explicar su propósito. Una trabajadora, que prefirió permanecer en el anonimato, relató que al buscar apoyo por situaciones de acoso y estrés laboral, le informaron que la evaluación ya indicaba un ambiente laboral sano.

En el ámbito de la contratación pública, empresarios del sector farmacéutico han presentado recursos para impugnar contratos adjudicados a PSE Pegaso, argumentando que no existieron condiciones equitativas de competencia. Entre los procedimientos cuestionados se encuentran las licitaciones LA-12-NEF-012NEF001-I-59-2025, AA-12-NEF-012NEF001-I-18-2025 y LA-12-NEF-012NEF001-I-97-2025, las cuales están relacionadas con adquisiciones en las que se pone en duda la participación de una empresa originalmente dedicada a la limpieza.

Otro aspecto que ha generado controversia es el perfil de Alexander Van der Toyos López Moctezuma, quien se desempeña como administrador único de la compañía. Anteriormente, ocupó el cargo de director de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Sonora y su nombre aparece en la carpeta AP/PGR/SON/FISC/092/2016, que investiga un presunto desvío de más de nueve millones de pesos durante la administración estatal de Guillermo Padrés. Sin embargo, este antecedente no implica, por sí mismo, una determinación de responsabilidad.

México

Oaxaca carece de nomenclatura en lenguas indígenas

En Oaxaca, donde las lenguas indígenas son parte integral de la vida cotidiana, la nomenclatura oficial de las calles se presenta exclusivamente en español, ignorando así a una parte significativa de su población. Este estado, que cuenta con la mayor presencia indígena del país, tiene aproximadamente 1.2 millones de hablantes de lenguas originarias, lo que representa tres de cada diez habitantes. Además, más del 65% de la población se identifica como indígena, es decir, alrededor de 2.7 millones de personas.

A pesar de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que estipula que en los municipios donde al menos el 20% de la población habla una lengua indígena, la señalización vial debe ser bilingüe, esta norma se incumple de manera sistemática. Carlos Morales Sánchez, abogado y fundador de la organización Litigio Estratégico Indígena (LEI), señala que esta situación representa una contradicción que afecta a la comunidad indígena.

Recientemente, la omisión de las lenguas indígenas en la señalización ha llegado a los tribunales. El Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, emitió una orden para que el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) coloquen la nomenclatura oficial en zapoteco y español. Esta decisión fue resultado de un juicio de amparo promovido por María Lubia Santiago Villalobos, una mujer zapoteca de la Octava Sección, quien argumentó que la falta de su lengua en el entorno urbano vulneraba su derecho a la preservación lingüística y contribuía a su desplazamiento.

Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de LEI, enfatizó que este caso trasciende la simple modificación de placas, ya que durante décadas la discusión sobre la preservación de las lenguas indígenas se ha limitado a las aulas y a los programas públicos, sin un impacto real en la vida diaria de las comunidades. La situación en Oaxaca pone de manifiesto la necesidad urgente de reconocer y respetar la diversidad lingüística del país, garantizando que las lenguas indígenas tengan un lugar en el espacio público.