El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, afirmó que las recientes manifestaciones de transportistas en el estado son parte de un movimiento nacional que expresa la inconformidad hacia decisiones y omisiones del Gobierno Federal, especialmente en lo que respecta a las condiciones económicas y operativas del sector.

De la Peña Grajeda destacó que la Secretaría General de Gobierno mantiene un contacto constante con diversas organizaciones de transportistas, así como con cámaras empresariales y grupos sociales, con el objetivo de conocer sus demandas y dar seguimiento a sus movilizaciones. “Nosotros tenemos contacto permanente a través de la Secretaría de Gobierno. Eso sí es trabajo totalmente de la Secretaría de Gobierno”, subrayó.

El secretario recordó que el paro fue convocado a nivel nacional, lo que implica que las exigencias y negociaciones principales son competencia de las dirigencias nacionales de las agrupaciones involucradas. “Son las estructuras de los transportistas a nivel nacional las que están mostrando su desacuerdo con algunos actos, decisiones o incluso omisiones del Gobierno Federal”, indicó.

En este contexto, De la Peña Grajeda mencionó que las autoridades estatales pueden interactuar con los manifestantes y atender los aspectos que les competen, aunque muchas de las demandas dependen de decisiones a nivel federal.

El funcionario también relacionó las inconformidades del sector con cambios fiscales que, según explicó, podrían perjudicar los beneficios que anteriormente recibían los transportistas. “La manifestación de transportistas tiene que ver con un cambio de condiciones que les hace el Gobierno Federal a través de un incentivo o una deducción que se les daba a los transportistas y que hoy pretende castigarlos aún más”, manifestó.

Asimismo, señaló que las dificultades económicas que enfrenta el sector se agravan por el deterioro de las carreteras federales y el aumento en los costos de circulación. “Tenemos malas carreteras, carreteras que han ido subiendo sus costos”, afirmó.

De la Peña Grajeda consideró esencial revisar las disposiciones de la Ley de Ingresos para 2027 y sus posibles repercusiones en la actividad económica, especialmente para las empresas dedicadas al transporte de mercancías.

Finalmente, reiteró que la administración estatal continuará en comunicación con las organizaciones transportistas, mientras las dirigencias nacionales siguen exponiendo sus inconformidades ante las autoridades federales.