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Chihuahua

Firman partidos y gobierno el punto número 5 del Adéndum al “Pacto por México»

A mí me da mucho gusto sostener esta reunión que tiene el objetivo de garantizar la limpieza en las elecciones, atender denuncias y realizar acuerdos políticos que aseguren la imparcialidad y equidad, vigilar la observancia de los últimos 3 párrafos del Artículo 134 Constitucional, referentes al uso de recursos públicos, la comunicación social y las sanciones en procesos electorales, señaló el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, al encabezar la Instalación de la Comisión Plural de Preservación del Entorno Político de la Equidad de la Competencia.

A mí me da mucho gusto sostener esta reunión que tiene el objetivo de garantizar la limpieza en las elecciones, atender denuncias y realizar acuerdos políticos que aseguren la imparcialidad y equidad, vigilar la observancia de los últimos 3 párrafos del Artículo 134 Constitucional, referentes al uso de recursos públicos, la comunicación social y las sanciones en procesos electorales, señaló el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, al encabezar la Instalación de la Comisión Plural de Preservación del Entorno Político de la Equidad de la Competencia.

 

Dicho organismo se integró por los dirigentes del PAN. Mario Vázquez Robles; Leonel de la Rosa Carrera del PRI; José Luis Acosta, PRD; Rubén Aguilar Jiménez, PT; Marcela Luna Reyes, PVEM; Miguel Vallejo Lozano, en representación del presidente del Partido Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes Ramírez y José Ramón Álvarez Valdez, Partido Nueva Alianza, el delegado estatal de la Secretaría de Gobernación, el Secretario General de Gobierno y el Jefe del Ejecutivo de Chihuahua.

 

En ceremonia realizada en el Salón “Gobernadores” de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal declaró que al celebrar este acuerdo: “podemos enviar el mensaje por conducto de los partidos y con los ayuntamientos, de que generemos un respeto y el fortalecimiento del proceso democrático que se avecina”.

 

Dijo que al signar este documento, los asistentes reafirman su compromiso de que el proceso electoral de Chihuahua nos deje a todos los involucrados en un ánimo de participación y que la sociedad recupere la confianza en los procesos de participación ciudadana.

 

“Como gobernador, la primera instrucción que doy a todos los funcionarios del gobierno, es que se dé un seguimiento cuidadoso y se inhiba la participación de recursos o elementos que constituyan un delito electoral”, enfatizó.

 

Sobre este tema, agregó: “No puede haber uso de ninguna recurso ni humano ni material, a favor de candidato alguno, en el uso de las libertades que le confieren las leyes, en sus tiempos libres podrán participar, pero de ninguna manera utilizando recursos públicos”.

 

El jefe del Ejecutivo señaló: “Esta mesa marca nuevos tiempos para fortalecer procesos democráticos y la civilidad política, el desarrollo de los temas y la firma de este Adéndum nos plantea que la manera  de desahogar las inquietudes, denuncias, dudas, información que aquí lleguen y que sea en un afán constructivo y se solución, con el castigo para quien hubiese cometido una falta, así como establecer acuerdo para que el proceso de desarrolle en armonía, como todos lo deseamos”

 

Asimismo, el gobernador agradeció la presencia de los representantes de los partidos y su voluntad de adherirse a este acuerdo.

 

En este acto, el secretario general de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado, explicó que la instalación de la referida Comisión se desprende de los puntos 5 y 7 del Adéndum al “Pacto por México”, del pasado 7 de mayo de 2013.

 

En el evento se contó con la presencia del delegado estatal en Chihuahua de la Secretaría Federal de Gobernación (Segob), Javier Sánchez Rocha.

 

Como parte del programa, se desarrolló la participación de los representantes de los partidos políticos que asistieron.

 

En su intervención, Mario Vázquez Robles, del Partido Acción Nacional, dijo que su partido tiene la convicción de colaborar con el Gobierno Federal, pero a la par entiende que habrá competencia política en 14 estados del país y hará las denuncias que tengan que realizarse cuando se considere que la situación así lo amerita.

 

Añadió que el anhelo de Acción Nacional es que el Gobierno se conduzca con parcialidad y que los recursos no intervengan en la competencia política.

 

José Luis Acosta del Partido de la Revolución Democrática, hizo un llamado a llevar a cabo campañas propositivas, sin caer en descalificaciones, para contribuir a que este proceso sean tranquilo, que contribuya a resolver los problemas que se tienen en cada municipio y cada comunidad y comentó que su partido será respetuoso de la ley.

 

Rubén Aguilar Jiménez, del Partido del Trabajo, resaltó la trascendencia de este acuerdo nacional y la pertinencia de la creación de mesa, para tratar asuntos relacionados con el mal uso de los recursos que pudieran hacer los funcionarios de los distintos órdenes de Gobierno.

 

Marcela Luna Reyes del Partido Verde Ecologista de México, aseveró: “Nos congratulamos por dos cuestiones, una es el compromiso del gobernador para garantizar el cumplimiento de este acuerdo, y el segundo es la presencia de las diversas instituciones políticas aquí representadas, en un acto de civilidad que envía un mensaje a la ciudadanía, de que los actores políticos somos los primeros que debemos pugnar por el cumplimiento de la ley”.

 

En representación de Fernando Reyes Ramírez, presidente del Partido Movimiento Ciudadano, asistió Miguel Vallejo Lozano, quien celebró la apertura del Gobierno del Estado al convocar a la celebración de este acuerdo y destacó que el resultado de esta mesa está en manos de quienes la conforman, al traer y tratar con civilidad los asuntos que aquí se aborden.

 

José Ramón Álvarez Valdez, del Partido Nueva Alianza, dijo que esta Comisión forma parte de la estructura necesaria para el correcto desarrollo de las elecciones.

 

“La voluntad política de los asistentes va a ser fundamental para sacar adelante el proceso, independientemente de los errores o problemas que se puedan presentar, si mostramos la actitud correcta, se podrán solventar y alentará a los ciudadanos a ir a las urnas en elecciones próximas, por la garantía de una elección limpia”, afirmó.

 

Por último, Leonel de la Rosa Carrera (PRI), expuso que la instalación de esta mesa es un avance para fortalecer la democracia, para dar testimonio del aseo y transparencia de las próximas elecciones.

 

Adéndum “Pacto por México”, Puntos 5 y 7.

Compromiso adicional 5, Comisiones Plurales Estatales.

 

Se refiere a promover la creación de una comisión plural de preservación del entorno político de equidad de la competencia en cada una de las 14 entidades federativas que tendrán elecciones en julio de 2013, integrada por el gobernador del estado, los representantes de los partidos políticos nacionales y estatales y un representante de la secretaría de Gobernación, para impulsar los siguientes acuerdos:

 

• Atender las denuncias y realizar los acuerdos políticos que aseguren la imparcialidad de las elecciones y las condiciones de equidad en la competencia política.

 

• Vigilar que se cumplan estrictamente los tres últimos párrafos del artículo 134 constitucional y, en particular, que los gobiernos estatales y municipales se abstengan de utilizar en los medios de comunicación las llamadas gacetillas y otras formas ilegales de publicidad gubernamental. Se buscará hacer extensivo este acuerdo en todos los órdenes de gobierno.

 

• Las sesiones de las comisiones plurales estatales y sus resolutivos deberán ser públicos.

 

Compromiso adicional 7. Condiciones de Equidad.

 

Se trata de impulsar condiciones de equidad de la competencia en cada uno de los 14 estados que sostendrán elecciones en julio de 2013.

 

La comisión nacional para la preservación del entorno político de equidad de la competencia, promoverá en las 14 entidades que sostendrán elecciones en julio de 2013 los siguientes acuerdos políticos:
•  Los gobernadores y presidentes municipales se abstendrán de realizar entregas de apoyos gubernamentales en los 45 días previos a las elecciones.

 

• Hacer públicos los beneficiarios de todos los programas sociales a nivel de municipio.

 

• Los gobernadores se comprometerán a no utilizar recursos públicos para favorecer a un partido político o candidato y a no entregar despensas, ni utilitarios.

Redacciòn: Corina Muruato

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Chihuahua

Corrupción evidente: El proyecto de Andrea Chávez por la candidatura caería por su hermano

El proyecto de Andrea Chávez para buscar la gubernatura de Chihuahua en 2027 enfrenta uno de sus momentos más delicados. A los cuestionamientos que ya perseguían a su grupo político por la cercanía de la senadora con Adán Augusto López Hernández y el escándalo de La Barredora, ahora se suma un problema dentro de su propia familia: Gregorio Chávez Treviño, hermano de la legisladora, quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades millonarias durante su gestión en Liconsa.

Las observaciones provienen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e incluyen pagos registrados a nombre de proveedores fallecidos, recursos entregados a productores que presuntamente no reunían los requisitos establecidos y operaciones relacionadas con leche cuya recolección y traslado no pudieron acreditarse.

La Cuenta Pública 2023 detectó alrededor de 45 millones de pesos pendientes de aclarar en operaciones de Liconsa y derivó en acciones encaminadas a determinar posibles responsabilidades administrativas. Gregorio Chávez era entonces gerente estatal del organismo en Chihuahua.

El escándalo amenaza con convertirse en algo mucho mayor que un problema administrativo para su hermano: ocurre cuando Andrea Chávez intenta consolidar su candidatura y cuando su principal grupo de respaldo político ya enfrenta un fuerte desgaste.

Pagos a proveedores que ya habían muerto

Entre las anomalías detectadas aparece una especialmente grave.

En operaciones relacionadas con el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023 fueron identificados pagos superiores al millón de pesos a nombre de dos proveedores que habían fallecido.

Uno murió el 5 de febrero de 2023 y el otro el 4 de marzo. Pese a ello, posteriormente continuaron registrándose pagos relacionados con el contrato.

La ASF detectó las inconsistencias mediante el cruce de los datos de los proveedores con registros oficiales de defunciones.

A ello se agregan otros señalamientos.

La fiscalización encontró recursos entregados a productores que presuntamente no cumplían las condiciones necesarias para acceder al precio de garantía y operaciones en las que no pudo acreditarse adecuadamente la recolección y traslado de la leche.

Las observaciones conocidas no constituyen por sí mismas una sentencia contra Gregorio Chávez. Corresponde a las autoridades determinar responsabilidades y a los involucrados solventar las observaciones.

Sin embargo, políticamente el daño ya comenzó.

Morena pide investigar al hermano de Andrea

El caso consiguió algo poco habitual en la polarizada política chihuahuense: legisladores de Morena y PAN coincidieron públicamente en que Gregorio Chávez debe ser investigado.

Desde Morena se ha sostenido que el partido no debe proteger a nadie en caso de comprobarse irregularidades, mientras desde la oposición comenzaron a exigir investigaciones y responsabilidades por el manejo de los recursos públicos.

El problema para Andrea Chávez es evidente.

Su hermano no ocupaba un puesto menor. Fue nombrado delegado estatal de Liconsa en noviembre de 2022 y, de acuerdo con su declaración patrimonial difundida públicamente, reportó ingresos netos anuales por más de 839 mil pesos provenientes de ese cargo.

Ahora su gestión aparece directamente alcanzada por una fiscalización que incluye millones de pesos sin aclarar y procedimientos para determinar eventuales responsabilidades.

Y todo ocurre mientras su hermana pretende convencer a Morena de entregarle la candidatura para administrar Chihuahua.

De Adán Augusto a La Barredora

El nuevo escándalo tampoco llega a un proyecto político intacto.

Andrea Chávez ha mantenido una estrecha relación política con Adán Augusto López Hernández, quien durante años fue uno de sus principales impulsores nacionales. Esa cercanía se convirtió en un problema después de que el nombre del tabasqueño quedara políticamente atrapado en el caso de Hernán Bermúdez Requena.

Bermúdez fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto y posteriormente fue acusado de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, además de ser señalado como presunto líder de La Barredora.

El impacto sobre el proyecto chihuahuense no es nuevo: desde antes se advertía que los problemas políticos de Adán Augusto podían terminar perjudicando las aspiraciones de Andrea Chávez debido a la cercanía entre ambos y al respaldo que el tabasqueño brindó a su eventual candidatura.

Ahora el golpe ya no procede únicamente de su principal aliado político. Procede de su propia familia.

Hasta el momento no existe evidencia pública que vincule a Andrea Chávez o a Gregorio Chávez con La Barredora, ni que relacione las operaciones observadas en Liconsa con esa organización.

Lo documentado es otra cosa: Andrea Chávez ha formado parte del grupo político cercano a Adán Augusto; durante el gobierno del tabasqueño, Hernán Bermúdez ocupó la Secretaría de Seguridad y posteriormente fue acusado de encabezar La Barredora; y ahora el hermano de la aspirante enfrenta sus propios cuestionamientos por el manejo de recursos públicos en Liconsa.

El apellido se convierte en problema electoral

Para Andrea Chávez, la controversia llega en un momento especialmente delicado.

Su proyecto depende primero de convencer a Morena de que puede competir por Chihuahua en 2027 y, posteriormente, de convencer a los electores de entregarle el gobierno estatal.

Las observaciones contra su hermano ofrecen nuevos argumentos a quienes, dentro y fuera de Morena, cuestionan ese proyecto.

El caso coloca frente a Chávez una contradicción política difícil de administrar: mientras Morena ha convertido el combate a la corrupción y los privilegios familiares en una de sus principales banderas, el hermano de una de sus aspirantes a gobernadora aparece ahora relacionado con operaciones observadas por el máximo órgano fiscalizador del país.

La investigación deberá determinar si Gregorio Chávez cometió alguna irregularidad y cuál fue su responsabilidad.

Andrea Chávez no puede ser responsabilizada jurídicamente por los actos de su hermano sin pruebas de su participación.

Pero una candidatura no se decide únicamente en tribunales.

También se construye alrededor de confianza, percepción pública, alianzas y costo político.

Y después del desgaste provocado por su cercanía con Adán Augusto y la sombra política del caso La Barredora, las irregularidades detectadas durante la gestión de Gregorio Chávez abren un nuevo frente justamente donde Andrea Chávez tenía menos margen para recibir otro golpe: dentro de su propia familia y rumbo a la batalla por 2027.

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