Chihuahua
Pide Héctor Ortiz hacer efectiva la prohibición de cuotas de inscripción en planteles públicos
El coordinador de los diputados panistas en el Congreso estatal, Héctor Ortiz Orpinel, llamó al Ejecutivo estatal a cumplir su promesa hecha en enero pasado, en el sentido de condonar las cuotas escolares en todos los planteles de educación básica de la entidad o por lo menos actué de inmediato para que no se condicione el ingreso de niños ante la falta del citado pago que se ha convertido prácticamente en pago por inscripción.
El coordinador de los diputados panistas en el Congreso estatal, Héctor Ortiz Orpinel, llamó al Ejecutivo estatal a cumplir su promesa hecha en enero pasado, en el sentido de condonar las cuotas escolares en todos los planteles de educación básica de la entidad o por lo menos actué de inmediato para que no se condicione el ingreso de niños ante la falta del citado pago que se ha convertido prácticamente en pago por inscripción.
El diputado recordó que anticipadamente y desde marzo del presente año, le pidieron al gobernador del estado pasar de las palabras a los hechos e hiciera realidad la publicación de un decreto emitido en Congreso desde el año 2009, en el cual se establece la prohibición de los cobros a padres de familia.
“Cuando el gobernador anunció la eliminación de cuotas, nosotros le dijimos que procediera de inmediato a la publicación del decreto que 3 años atrás ya se había emitido, previa aprobación, para que hubiera congruencia en sus palabras. Sin embargo vemos que esa resolución del Congreso sigue en las mimas y lo peor es que la promesa del Ejecutivo ha quedado sólo en eso”, declaró Ortiz Orpinel.
Agregó que no se puede estar jugando con los padres de familia ofreciendo un día una cosa y negándoselas al siguiente y si bien dichos cobros se adjudican o se escudan en sociedad des de padres, lo cierto es que la máxima autoridad debe velar porque se cumpla su palabra y no dejar la sensación de que una orden suya puede no ser acatada y no pase nada.
“Ahora que si no previó las consecuencias económicas de su promesa o si el estado está incapacitado económicamente para cumplirla, puede aprovechar la visita y buena relación que guarda con el Presidente de la República para pedirle el apoyo necesario y dejar de una vez por todas exentos de pagos obligatorios a los padres de familia, quienes a final de cuentas son los que siguen pagando el pato” mencionó.
Finalmente el coordinador parlamentario del PAN exhortó a los padres de familia a hacer valer sus derechos en ese sentido y no dejarse engañar por quienes ignorando la disposición gubernamental, llegan incluso a presionarlos para hacer el pago, aún cuando muchas veces se carece del recurso para hacerle frente.
El decreto que obliga a eliminar las cuotas escolares en los planteles es el No. 739/09 I P.O., que adiciona un párrafo a la Ley Estatal de Educación para prohibir y/o sancionar a quien condicione la inscripción o acceso de alumnos de educación pública del nivel básico, y fue aprobado en el Congreso local desde el 8 de octubre del 2009. Su objetivo es dar cabal cumplimiento a la gratuidad de la educación, derecho constitucional de todos los mexicanos.
Redacción: Corina Muruato
Chihuahua
Corrupción evidente: El proyecto de Andrea Chávez por la candidatura caería por su hermano
El proyecto de Andrea Chávez para buscar la gubernatura de Chihuahua en 2027 enfrenta uno de sus momentos más delicados. A los cuestionamientos que ya perseguían a su grupo político por la cercanía de la senadora con Adán Augusto López Hernández y el escándalo de La Barredora, ahora se suma un problema dentro de su propia familia: Gregorio Chávez Treviño, hermano de la legisladora, quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades millonarias durante su gestión en Liconsa.
Las observaciones provienen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e incluyen pagos registrados a nombre de proveedores fallecidos, recursos entregados a productores que presuntamente no reunían los requisitos establecidos y operaciones relacionadas con leche cuya recolección y traslado no pudieron acreditarse.
La Cuenta Pública 2023 detectó alrededor de 45 millones de pesos pendientes de aclarar en operaciones de Liconsa y derivó en acciones encaminadas a determinar posibles responsabilidades administrativas. Gregorio Chávez era entonces gerente estatal del organismo en Chihuahua.
El escándalo amenaza con convertirse en algo mucho mayor que un problema administrativo para su hermano: ocurre cuando Andrea Chávez intenta consolidar su candidatura y cuando su principal grupo de respaldo político ya enfrenta un fuerte desgaste.
Pagos a proveedores que ya habían muerto
Entre las anomalías detectadas aparece una especialmente grave.
En operaciones relacionadas con el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023 fueron identificados pagos superiores al millón de pesos a nombre de dos proveedores que habían fallecido.
Uno murió el 5 de febrero de 2023 y el otro el 4 de marzo. Pese a ello, posteriormente continuaron registrándose pagos relacionados con el contrato.
La ASF detectó las inconsistencias mediante el cruce de los datos de los proveedores con registros oficiales de defunciones.
A ello se agregan otros señalamientos.
La fiscalización encontró recursos entregados a productores que presuntamente no cumplían las condiciones necesarias para acceder al precio de garantía y operaciones en las que no pudo acreditarse adecuadamente la recolección y traslado de la leche.
Las observaciones conocidas no constituyen por sí mismas una sentencia contra Gregorio Chávez. Corresponde a las autoridades determinar responsabilidades y a los involucrados solventar las observaciones.
Sin embargo, políticamente el daño ya comenzó.
Morena pide investigar al hermano de Andrea
El caso consiguió algo poco habitual en la polarizada política chihuahuense: legisladores de Morena y PAN coincidieron públicamente en que Gregorio Chávez debe ser investigado.
Desde Morena se ha sostenido que el partido no debe proteger a nadie en caso de comprobarse irregularidades, mientras desde la oposición comenzaron a exigir investigaciones y responsabilidades por el manejo de los recursos públicos.
El problema para Andrea Chávez es evidente.
Su hermano no ocupaba un puesto menor. Fue nombrado delegado estatal de Liconsa en noviembre de 2022 y, de acuerdo con su declaración patrimonial difundida públicamente, reportó ingresos netos anuales por más de 839 mil pesos provenientes de ese cargo.
Ahora su gestión aparece directamente alcanzada por una fiscalización que incluye millones de pesos sin aclarar y procedimientos para determinar eventuales responsabilidades.
Y todo ocurre mientras su hermana pretende convencer a Morena de entregarle la candidatura para administrar Chihuahua.
De Adán Augusto a La Barredora
El nuevo escándalo tampoco llega a un proyecto político intacto.
Andrea Chávez ha mantenido una estrecha relación política con Adán Augusto López Hernández, quien durante años fue uno de sus principales impulsores nacionales. Esa cercanía se convirtió en un problema después de que el nombre del tabasqueño quedara políticamente atrapado en el caso de Hernán Bermúdez Requena.
Bermúdez fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto y posteriormente fue acusado de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, además de ser señalado como presunto líder de La Barredora.
El impacto sobre el proyecto chihuahuense no es nuevo: desde antes se advertía que los problemas políticos de Adán Augusto podían terminar perjudicando las aspiraciones de Andrea Chávez debido a la cercanía entre ambos y al respaldo que el tabasqueño brindó a su eventual candidatura.
Ahora el golpe ya no procede únicamente de su principal aliado político. Procede de su propia familia.
Hasta el momento no existe evidencia pública que vincule a Andrea Chávez o a Gregorio Chávez con La Barredora, ni que relacione las operaciones observadas en Liconsa con esa organización.
Lo documentado es otra cosa: Andrea Chávez ha formado parte del grupo político cercano a Adán Augusto; durante el gobierno del tabasqueño, Hernán Bermúdez ocupó la Secretaría de Seguridad y posteriormente fue acusado de encabezar La Barredora; y ahora el hermano de la aspirante enfrenta sus propios cuestionamientos por el manejo de recursos públicos en Liconsa.
El apellido se convierte en problema electoral
Para Andrea Chávez, la controversia llega en un momento especialmente delicado.
Su proyecto depende primero de convencer a Morena de que puede competir por Chihuahua en 2027 y, posteriormente, de convencer a los electores de entregarle el gobierno estatal.
Las observaciones contra su hermano ofrecen nuevos argumentos a quienes, dentro y fuera de Morena, cuestionan ese proyecto.
El caso coloca frente a Chávez una contradicción política difícil de administrar: mientras Morena ha convertido el combate a la corrupción y los privilegios familiares en una de sus principales banderas, el hermano de una de sus aspirantes a gobernadora aparece ahora relacionado con operaciones observadas por el máximo órgano fiscalizador del país.
La investigación deberá determinar si Gregorio Chávez cometió alguna irregularidad y cuál fue su responsabilidad.
Andrea Chávez no puede ser responsabilizada jurídicamente por los actos de su hermano sin pruebas de su participación.
Pero una candidatura no se decide únicamente en tribunales.
También se construye alrededor de confianza, percepción pública, alianzas y costo político.
Y después del desgaste provocado por su cercanía con Adán Augusto y la sombra política del caso La Barredora, las irregularidades detectadas durante la gestión de Gregorio Chávez abren un nuevo frente justamente donde Andrea Chávez tenía menos margen para recibir otro golpe: dentro de su propia familia y rumbo a la batalla por 2027.
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