Chihuahua
Incumplen la Junta Central de Aguas y Saneamiento acuerdos para llevar agua a los Rarámuris
La Junta Central de Aguas y Saneamiento no ha cumplido con la entrega de información solicitada por los Gobernadores/as indígenas de Huitosachi y Bacajípare del municipio de Urique. Dicha información es parte del proyecto de abasto de agua potable para las comunidades mencionadas, que se plantearon desde el 8 de febrero del año en curso con motivo de la Jornada por la Justicia.
La respuesta a la falta de agua potable se trabajo en la Mesa de Derechos Indígenas presidida por la Coordinación Estatal de la Tarahumara donde se convino trabajar conjuntamente entre la JCAS y la Consultoría Técnica Comunitaria AC en el entendido que la JCAS entregaría el proyecto ejecutivo para el abasto de agua potable según la opinión de los indígenas de las comunidades mencionadas, toda vez que se concluyeron desde el mes de julio los trabajos técnicos de campo recabados por esta dependencia.
Para el suministro de agua las comunidades a través de la Consultoría Técnica Comunitaria propusieron la utilización de los recursos hídricos locales, es decir, los manantiales que tradicionalmente aportan el vital líquido a las familias de la barranca. Para este trabajo se acordó en la Mesa de Derechos Indígenas la integración de información cotejada y en común acuerdo con las comunidades afectadas de un sistema de distribución, así como de obras de captación y retención del vital líquido.
Otros asuntos tratados en la Mesa de Derechos Indígenas, relacionados con el agua son las descargas de aguas negras del hotel Mirador y el manejo de las mismas, los cuales tampoco han tenido una respuesta por parte de la CONAGUA.
Las descargas de aguas residuales del hotel Mirador ubicado en el poblado de Areponapuchi, Urique continua afectando los ojos de agua de la comunidad de Bacajípare, al respecto, la CONAGUA manifestó en la reunión de la mesa de derechos indígenas de junio del 2013 que la descarga del Hotel Mirador estaba acorde con la Norma Oficial Mexicana y que en agosto harían un nuevo monitoreo, del cual hasta la fecha no tenemos información.
La Consultoría Técnica Comunitaria por su parte en el mes de agosto realizó una visita y pudo constatar nuevamente una descarga intermitente en cantidad suficientemente grande para provocar escurrimientos en la barranca que afectan directamente los manantiales de agua permanente.
Para solucionar el problema de las aguas residuales y el drenaje de los hoteles y del poblado de Areponapuchi, la Consultoría Técnica Comunitaria propuso a las autoridades, alternativas sustentables como la construcción de bio-flitros, sin embargo estas medidas continúan a “la buena voluntad” en el caso de los hoteleros y sin acciones concretas por parte de la JCAS a quien le corresponde solucionar el problema del drenaje en las poblaciones, quedando sin aplicación las leyes en la materia ente ellas, la Ley de Aguas Nacionales, Reglamento de la Ley Nacional de Aguas y Ley Federal de Responsabilidad ambiental que en el artículo 10 señala que “cualquier persona fisca o moral que (…) dañe directa o indirectamente al ambiente será responsable y estará obligada a reparar el daño”.
Sin embargo, la Junta Central de Aguas y Saneamiento del Gobierno del Estado no ha cumplido lo convenido. Y para la CONAGUA la descarga de aguas residuales es un problema irrelevante.
Chihuahua
César Jáuregui será trasladado al penal del Altiplano por traición a la patria
Aunque un juez de Chihuahua le permitió enfrentar su proceso estatal en libertad, el exfiscal permanecerá detenido por una orden federal y será trasladado al Estado de México.
El exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para enfrentar una acusación federal por el presunto delito de traición a la patria.
La información fue confirmada por su abogado defensor durante una entrevista con N+ FORO, luego de concluir la audiencia celebrada este domingo 18 de octubre en Chihuahua.
Pese a que un juez estatal determinó que Jáuregui podía enfrentar en libertad su proceso por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, la orden de aprehensión emitida por una jueza federal impidió su liberación.
Una orden federal cambió su situación
De acuerdo con su defensa, la jueza responsable del procedimiento federal solicitó expresamente que Jáuregui fuera presentado en el penal del Altiplano para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.
Inicialmente existía la posibilidad de que permaneciera en Chihuahua y compareciera mediante mecanismos electrónicos. Sin embargo, un oficio presentado por agentes ministeriales estableció que debía ser trasladado e internado en el centro penitenciario federal.
El abogado reconoció que todavía no ha tenido acceso a las constancias de la investigación federal y que únicamente conoce el delito que se le atribuye.
El caso de los agentes estadounidenses
La acusación federal está relacionada con un operativo realizado en abril pasado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde presuntamente participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos sin la autorización correspondiente.
Tras aquella intervención se registró un accidente en el que murieron dos estadounidenses y dos integrantes de la Fiscalía de Chihuahua.
La Fiscalía General de la República sostiene que Jáuregui habría permitido la participación irregular de personal extranjero en actividades de seguridad reservadas a las autoridades mexicanas, hechos que considera posiblemente constitutivos de traición a la patria.
Dos procesos judiciales diferentes
En el procedimiento estatal, el juez impuso medidas cautelares como la presentación periódica, la entrega de documentos migratorios y la prohibición de acercarse a testigos.
Sin embargo, estas disposiciones no tienen efecto sobre la orden de aprehensión federal, por lo que el exfiscal continuará bajo custodia.
El siguiente paso será su presentación ante la autoridad judicial federal, donde deberá conocer formalmente los hechos específicos que le imputa la FGR y ejercer su derecho de defensa.
Hasta el momento, la información confirmada corresponde a la orden de traslado y no a su llegada efectiva al Altiplano. Tampoco se ha determinado su responsabilidad penal, por lo que conserva la presunción de inocencia.
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