Chihuahua
Rehabilitan Unidades y Distritos de Riego a beneficio de 2 mil 510 productores
A través del Programa para la Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos y Unidades de Riego, la Secretaría de Desarrollo Rural y Conagua, han invertido de manera conjunta durante el 2013 un total de 147 millones de pesos, en beneficio de 2 mil 510 productores en el estado.
A través del Programa para la Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos y Unidades de Riego, la Secretaría de Desarrollo Rural y Conagua, han invertido de manera conjunta durante el 2013 un total de 147 millones de pesos, en beneficio de 2 mil 510 productores en el estado.
Los trabajos en los Distritos de Riego han sido benéficos en 3 mil 722 hectáreas y dichas acciones consisten en modernización, revestimientos, entubamiento de canales, equipamiento, rehabilitación de pozos y cárcamos principalmente.
Así mismo, la Secretaría de Desarrollo Rural, informó que en las Unidades de Riego, las acciones realizadas consisten principalmente en trabajos de modernización, rehabilitación y equipamiento de pozos agrícolas logrando beneficiar a 1 mil 50 productores, y a más de 2 mil 900 hectáreas.
Programas como este, preparan a los productores realizar las actividades del campo de una manera más eficiente, pues contar con la infraestructura adecuada para hacer un uso mucho más eficiente del recurso hídrico, logrando aprovechar la escasa disponibilidad de agua existente en el estado, así como las recurrentes sequías.
Chihuahua
Exfiscal de Chihuahua en custodia federal tras audiencia judicial
César J. M., exfiscal general del Estado de Chihuahua, se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) tras concluir su audiencia inicial por delitos del fuero común. Un juez decidió no imponer prisión preventiva, pero estableció medidas cautelares para asegurar su comparecencia en el proceso judicial.
Gilberto Loya, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que el procedimiento estatal contra el exfuncionario sigue en curso, relacionado con su probable responsabilidad en delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, vinculados a un operativo realizado en abril en El Pinal, municipio de Morelos.
La orden de aprehensión contra César J. M. fue cumplimentada el 17 de octubre, como resultado de las investigaciones de la Fiscalía estatal. Durante la audiencia del domingo, el Ministerio Público formuló la imputación y presentó los antecedentes de la investigación, mientras que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para determinar la situación jurídica del exfiscal.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, argumentando riesgos procesales, pero el juez optó por aplicar medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del estado de Chihuahua y del país, la entrega de su pasaporte mexicano y visa estadounidense, así como la restricción de comunicarse con testigos del caso. Además, César J. M. deberá presentarse mensualmente ante la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de estas medidas.
El juez programó una nueva audiencia para el 22 de octubre a las 10:00 horas, donde se decidirá si el exfiscal será vinculado a proceso por los delitos que le imputa la Fiscalía estatal. Loya destacó que la FGE respeta la decisión judicial y continuará con el procedimiento conforme a la ley.
Poco después de la audiencia, la FGR ejecutó una orden de aprehensión federal contra César J. M., lo que lo mantiene bajo custodia federal. Loya aclaró que se trata de dos procedimientos judiciales distintos: uno ante la FGE y otro ante la FGR, bajo la competencia de un juez federal.
A pesar de que en el proceso estatal se impusieron medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, el exfiscal permanece bajo custodia federal debido a la segunda orden de aprehensión. La Fiscalía de Chihuahua seguirá informando sobre los avances del procedimiento estatal, mientras que el caso federal avanzará ante las autoridades correspondientes. La situación jurídica de César J. M. está sujeta a las resoluciones judiciales, manteniendo el principio de presunción de inocencia.
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