La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México votó a favor de revocar el amparo concedido a Rafael Caro Quintero para obtener su libertad
La resolución se dio luego de que cuatro ministros votaron a favor de declarar inválida la fundamentación jurídica del Tribunal de Jalisco que concedió la libertad al capo mexicano, y un voto en contra por parte del ministro José Ramón Cossío.
El expediente regresará al Tribunal Colegiado en materia penal del tercer circuito en Jalisco para «que dicte una nueva sentencia» sobre el caso.
La Corte no se pronucnió sobre la inocencia o culpabilidad de Caro Quintero. Los ministros consideraros que el exagente de la DEA asesinado en México, Enrique Camarena, sí era una persona internacionalmente protegida.
Por lo tanto, el caso sí era de competencia federal y el Tribunal Colegiado sí estaba facultado para sentenciar a Caro Quintero por los dos homicidios.
La revisión se dio a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), que se vio sorprendida la mañana del 9 de agosto cuando en Jalisco se dio la noticia de que el líder del extinto cártel de Guadalajara había sido puesto en libertad.
El procurador Jesús Murillo Karam calificó de «insostenible la decisión del Tribunal Colegiado» y calificó de «absurdos e ilógicos» los razonamientos de los magistrados José Felix Dávalos Dávalos, Lucio Lira Martínez y Rosa Lía Isabel Moreno.
Los magistrados consideraron que el asesinato del agente antidrogas estadounidense Enrique Kike Camarena se trataba de un delito del fuero común (local) y no federal, al no tratarse de un agente diplomático o consular. En la opinión de la PGR, los magistrados debieron haber ordenado la remisión del expediente penal al juez estatal que el Tribunal Colegiado consideró competente.
El capo fue sentenciado a 40 años de prisión por la muerte del agente de la Administración para Combate a las Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Camarena y un piloto. La madrugada del 9 de agosto, el capo fue liberado del penal de Puente Grande en Jalisco a través de un amparo.
Su liberación provocó reacciones por parte del gobierno de Estados Unidos, que presentó una solicitud de extradición. En ese país es considerado prófugo y la DEA ofrece 5 millones de dólares por su captura, mientras que en México Caro Quintero solo enfrenta una orden de presentación con fines de extradición.