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Chihuahua

Dictan auto de formal prisión a ex funcionario de Coespris por peculado

Por los delitos de peculado al quedarse con un millón 122 mil pesos, y falsedad de declaración ante la autoridad, a Jorge Arturo Ostos Molina, exsecretario general de la Coespris le fue dictado el auto de formal prisión (auto de vinculación a proceso), pero las investigaciones las realizará el agente del Ministerio Público Federal, al pasar el caso a un Juzgado Federal.

Por los delitos de peculado al quedarse con un millón 122 mil pesos, y falsedad de declaración ante la autoridad, a Jorge Arturo Ostos Molina, exsecretario general de la Coespris le fue dictado el auto de formal prisión (auto de vinculación a proceso), pero las investigaciones las realizará el agente del Ministerio Público Federal, al pasar el caso a un Juzgado Federal.

La audiencia de vinculación a proceso dio inicio ayer a las nueve y media de la mañana en la Sala 3 de los Juzgados Familiares, pero hasta la una de la tarde fue dictada la resolución por parte de la jueza de Garantías Alejandra Ramos.

El acusado permanecerá en prisión por el tiempo que dure el proceso en su contra y hasta que un juez federal determine la sanción o pena en prisión por hacerse de recursos federales destinados al estado de Chihuahua.

En la audiencia se explicó que el funcionario actuó en calidad de autor material y fue quien planeó una maniobra en forma dolosa para desparecer más de un millón de pesos destinados a la compra de cuatro equipos para laboratorio.

Uno de los proveedores de gobierno, de nombre Jorge Duque, fue el encargado de proporcionar la factura al ahora detenido. Si el detenido es juzgado por el estado podría alcanzar una pena de 4 a 12 años en prisión.

De acuerdo con la información, el Gobierno Federal había pedido comprobar el uso del recurso otorgado al estado, por lo que en la oficina de la Coespris se decidió hacer la compra de un equipo, situación de la que el imputado tuvo conocimiento, por lo que él decidió contactar con el distribuidor Tomás Guaderrama Peña para hacer la compra del equipo, pero éste dijo en su declaración que en ningún momento hizo entrega de equipo ni recibió dinero por esta supuesta compra.

Las facturas sirvieron para que el imputado pidiera cuatro cheques: el número 845, cobrado el 25 de abril de 2013; el 647, cobrado el 6 de abril de 2013; el 846, cobrado del 26 de abril de 2013; y el 850, cobrado el 3 de mayo de este año. Todos los cheques salieron directamente de Coespris y serían utilizados para la compra de equipo, cosa que nunca ocurrió. Los cheques fueron firmados por el comisionado de la Coespris Moisés Yáñez.

Ostos Molina fue presentado en la audiencia vestido con uniforme del Cereso Estatal en color amarillo fluorescente y escuchó las acusaciones que le realizó el Ministerio Público, quien leyó las imputaciones.

De acuerdo con las pruebas presentadas, el acusado cambió y firmó tres cheques: dos por 386 mil y uno por 57 mil pesos.

El 24 de septiembre del 2013, a las 14:52 horas, denunció al 066 el robo de una pick up Chevrolet Silverado modelo 2004, con placas de circulación del estado de Chihuahua, diciendo que en dicha unidad se encontraba un equipo de laboratorio.

Sin embargo, el robo de la camioneta nunca ocurrió, y que el propósito de esa denuncia fue simular la desaparición de un equipo de laboratorio que contenía varios espectómetros que nunca fueron adquiridos y que tenía que adquirir el exfuncionario para la Coespris, de la que era titular, por lo que fue acusado también de faltar a la verdad.

El ahora detenido también solicitó a un empleado de la dependencia estatal que falseara su declaración ante el Ministerio Público el 24 de septiembre, en relación con la denuncia de la pick up, a efectos de ocultar que nunca adquirió el mencionado equipo de laboratorio; también solicitó al proveedor le entregara una factura apócrifa de compra y aceptara ante la autoridad dicha adquisición.

Fuente: El Heraldo de Chihuahua.

Jorge Arturo Ostos Molina

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Chihuahua

Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua

Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.

¿De qué se acusa a César Jáuregui?

Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.

Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.

¿Cómo se autorizó la orden de captura?

El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.

La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.

Lo que todavía falta por esclarecer

Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.

Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.

La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.

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