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Chihuahua

Otorga CIDH medidas cautelares a El Barzón

La comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó las Medidas Cautelares a favor de los líderes de El Barzón en Chihuahua y solicitó al Estado Mexicano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de los integrantes de dicho grupo.

Lo anterior ante la petición de medidas de protección por supuestas amenazas de muerte tras con el asesinato de Ismael Urrutia y Manuela Solís, líderes de El Barzón el pasado 22 de octubre.

Las Medidas Cautelares MC-388-12, fueron otorgadas con el fin de brindar protección, familiares y líderes campesinos de El Barzón y ante la inminencia del riesgo, según expusieron a la CIDH órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

El grupo de activistas indicó que su movimiento es en defensa del derecho humano del agua y del medio ambiente en la localidad de Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, por la sobre explotación de aguas subterráneas y superficiales; con la apertura indiscriminada de pozos para la extracción del recurso, en zonas vedadas por decreto presidencial y contra la apertura de la minera El Casbel, subsidiaria de la empresa canadiense Mag Silver, debido a que violentan las leyes agrarias y de cuidado del medio ambiente.

La CIDH consideró la situación de gravedad y urgencia, para prevenir daños irreparables otorgó las Medidas Cautelares fundamentadas en el artículo 25.2 de su reglamento, y solicitó al Estado Mexicano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de los lideres de El Barzón, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y beneficiarias, y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de dichas medidas.

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Chihuahua

Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua

Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.

¿De qué se acusa a César Jáuregui?

Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.

Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.

¿Cómo se autorizó la orden de captura?

El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.

La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.

Lo que todavía falta por esclarecer

Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.

Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.

La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.

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