México

Desaparecer en Jalisco: historias de horror de quienes viven en un estado asediado por el CJNG

Jalisco, cuna del folklor mexicano, se ha convertido también en una zona roja de violencia, asediada por el crimen organizado y concurrida por más 12,637 familias que buscan desesperadamente a una persona desaparecida. En otras palabras, se trata de la entidad con más desapariciones de todo México.

El estado se encuentra controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos más poderosos del crimen, a quienes se les han atribuido una buena parte de las desapariciones.

Según la estadística oficial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación (Segob), la mayor parte de los desaparecidos tienen entre 15 y 30 años. De hecho, varios de los últimos casos de desaparición en la entidad han tenido como protagonistas a jóvenes y adolescentes:

Cuatro adolescentes desaparecidas

Hasta ahora no se ha dado a conocer las condiciones de la desaparición de las jóvenes (Foto: cuartoscuro)

El pasado 15 de mayo, la comisión de Búsqueda de Personas Desparecidas en Jalisco, publicó las fichas para localizar a Roxana Dávalos, de 16 años; a Flor Kenia Nuño Vázquez, de 14 y a Beatriz Esmeralda Gálvez, de 15, y Gloria Martínez, de 16 años, quienes fueron vistas por última vez en San Agustín, Tlajomulco.

Hasta ahora no se han dado a conocer las condiciones de la desaparición, ni se ha informado que las adolescentes fueran víctimas de algún delito. Además del caso de Ivonne Monserrat Angulo Torres fue reportada como desaparecida desde el pasado 29 de abril.

Los hermanos Covarrubias

Jalisco se ha convertido en el estado con más desapariciones de México (Foto: Reuters/Carlos Jasso)

En marzo de 2021, Abraham y José de Jesús Covarrubias, dos hermanos jóvenes y estudiantes, fueron “levantados” de su domicilio en Tonalá, luego de haber participado en un enfrentamiento con sujetos que aun no han sido identificados, pero que prometieron volver a atacarlos más tarde.

“Mi primo Abraham estaba lavando su camioneta y pasó otra camioneta, le chocaron, se hicieron de palabras y se le dejaron ir a golpes. Mis primos no se dejaron, no pudieron los otros y les dijeron que iban a ir por más y que los iban a matar”, declaró un familiar a Milenio.

Unas horas después del altercado, el comando armado llegó al domicilio en la calle Morelos en el número 18 A casi al cruce con Niños Héroes y se suscitó otro enfrentamiento. Finalmente, los hombres armados sacaron a ambos hermanos del lugar y se los llevaron en una camioneta roja. Hasta la fecha se desconoce su localización,

Los González Moreno

Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel González Moreno fueron asesinados por presuntos miembros del CJNG en una supuesta confusión (Foto: Facebook@Javier Armenta)

El triple homicidio de Ana Karen, de 24 años; José Alberto, de 29 y Luis Ángel González Moreno, de 32, hermanos cimbró al país entero. Los tres fueron privados de su libertad por un comando armado que entró a su domicilio en San Andrés, en Guadalajara.

Se trataba de ocho personas de un presunto comando del CJNG y, tan solo dos días después del “levantón”, sus cuerpos fueron encontrados en la carretera a San Cristóbal de la Barranca.

La Fiscalía General de la República ha advertido que existe la posibilidad de que los jóvenes hayan sido confundidos por sus atacantes, pues, a la par del secuestro, hubo un ataque directo al personal de esa dependencia.

Con media hora de diferencia, un grupo de hombres del CJNG agredió a una camioneta de la FGR en Tlaquepaque, un centro turístico cercano a Guadalajara. Los elementos escoltaban a una persona, cuyo domicilio se encontraba cercano al de los hermanos González Moreno, por lo que el grupo criminal podría haberse confundido de casa.

Junto a los cuerpos había una lona con mensaje para el gobierno: “Para el gobierno: Esto les va a pasar a todos los del gobierno que estén mandado vestidos de civiles y en carros particulares, aprendan a respetar ¡No sean vendidos! Somos mexicanos, putos. ¡Vendidos vende patria! ¿Quieren respeto? Den respeto, usen uniformes y carros del gobierno porque a todos los que anden de civiles LES VA A PASAR LO MISMO” [sic] se leía.

Aunque el gobierno del estado, dirigido por Enrique Alfaro ha declarado que no se dejarán intimidar, el número de muertos y desaparecidos es cada vez más grande. En especial, el foco se colocó en el estado en 2018, cuando tres estudiantes de cine (Salomón Aceves, de 25 años; Jesús Daniel Díaz, de 20 y Marco Ávalos, de 20) fueron disueltos en ácido al ser confundidos con rivales del cártel.

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México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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