México
La tragedia de la Línea 12: los pendientes de la 4T de AMLO a dos semanas de las elecciones
Las elecciones intermedias suelen ser un corte de caja para la ciudadanía convocada a las urnas. Y es que los electores evalúan las acciones de los gobiernos locales y federal, para decidir su voto.
Un termómetro de las reflexiones de los mexicanos está en las redes sociales, en donde pueden verse opiniones muy divididas -pero sobre todo, polarizadas-, sobre la situación que prevalece en el país.
La prolongada pandemia del COVID-19 y sus trágicos resultados, la lastimada economía, feminicidios, la violencia e inseguridad, así como el accidente de la Línea 12 del Metro, son algunos de los temas que inundan las redes, en donde los usuarios cuestionan con severidad las acciones e inacciones del gobierno.
Y es que, tal como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo mexicano es “muy despierto”, por lo que conforme se acercan los comicios del próximo 6 de junio, los cuestionamientos a las autoridades se han tornado cada vez más intensos.
La tragedia de la Línea 12
El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México, no solo es el más importante del país -por el número de pasajeros que transporta diariamente y sus numerosas Líneas-, sino también, a nivel mundial.
Desde que se inauguró el 6 de septiembre de 1969 (Zaragoza-Chapultepec de la Línea 1), se convirtió en el transporte más usado en la capital del país, por lo que poco a poco, los gobiernos fueron ampliando la red con la intención de abarcar toda la Ciudad, y posteriormente, conectar con el Valle de México.
Sin embargo, el Oriente de la capital mexicana seguía padeciendo la falta de un eficiente transporte público, que orillaba a sus habitantes a invertir horas para poder llegar a sus trabajos y escuelas.
Ante esta problemática, es que el jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy CDMX). Marcelo Ebrard, anunció en 2008 la construcción de la Línea 12 que conectaría el Oriente con el Surponiente. El proyecto inicial contemplaba 23 estaciones, a lo largo de 24 kilómetros y sería completamente subterránea. Su costo -se dijo- sería de 13,000 millones de pesos.
Sin embargo, el proyecto fue modificado debido al alto costo. Llevaría una parte elevada, lo cual fue motivo de polémica, ya que intervendría la avenida Tláhuac, la cual es angosta, y se preveía, causaría caos vehicular en esa parte de la ciudad. Además, también se expropiarían varias construcciones y predios para poder llevar a cabo la construcción, y aunque hubo protestas, el diseño se mantuvo.
Su construcción inició en julio de 2008 y estuvo a cargo de ICA-Carso-Alstom, consorcio que obtuvo el contrato para la realización de la obra civil y electromecánica, trabajos por lo que cobrarían 17,500 millones de pesos, en lugar de los 19,500 millones de pesos que propuso el consorcio.
En tanto que la empresa española CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, fabricante de gran material móvil de algunos metros como el de Madrid, Barcelona, Washington D.C, Roma, Hong Kong, etc) sería la encargada de la elaboración de los trenes de rodadura férrea y los servicios de mantenimiento.
La construcción de la línea tardó cuatro años y fue inaugurada el 30 de octubre de 2012, 10 meses posteriores a la fecha contractual pactada.
Pero casi de inmediato del inicio de sus operaciones, la Línea 12 registró problemas debido a una mala construcción, una errónea elección en el tipo de trenes cuyas ruedas ocasionan un desgaste constante en las vías, así como malos materiales.
Fue después del término del mandato de Ebrard (diciembre de 2012) que se destapó la corrupción que envolvió a la llamada Línea Dorada del Metro, la cual fue presupuestada en 17,000 millones de pesos y terminó costando 47,000 millones de pesos (poco más de 2,000 millones de dólares, USD). En ese momento, el jefe de gobierno capitalino era Miguel Ángel Mancera.
El quebranto a las finanzas de la capital del país fue tal, que Marcelo Ebrard se fue de México y se autoexilió en Francia.
El 11 de marzo de 2014, casi un año y medio después de haber sido puesta en marcha, el entonces director general del metro, Joel Ortega, anunció que la mitad de la línea (de las estaciones de Tláhuac a Atlalilco, justo el tramo elevado), estaría cerrada por al menos seis meses ya que había un desgaste ondulatorio de las vías, lo que ponía en riesgo la seguridad de los pasajeros. Además se ordenó una investigación en torno a su construcción.
Sin embargo, el cierre de la mitad de la línea se extendió por 20 meses y fue hasta noviembre de 2015 cuando se abrieron el resto de las estaciones, situación afectó a más de 450,000 personas.
En el acto de puesta en marcha, el gobierno local informó que había 86 indagatorias por las fallas en la construcción de la línea. En total, 46 funcionarios estaban involucrados y 12 tenían imputaciones penales. Pero, ni Marcelo Ebrard ni Mario Delgado (exsecretario de Finanzas de Ebrard) fueron imputados.
Menos de dos años después, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, vecinos, usuarios y hasta el propio Metro alertaron de peligrosas grietas en algunas columnas del tramo elevado de la línea 12, por lo que fue necesario cerrar de nueva cuenta seis estaciones.
Tras reabrir el tramo afectado, los vecinos siguieron insistiendo que algunas partes del tramo elevado se veían mal. Luego vino el cambio de gobierno en la capital del país en 2018 y las reducciones en el presupuesto atendiendo la llamada “austeridad republicana” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A partir de ese momento, el Metro -con Florencia Serranía como su titular- comenzó a registrar los mayores problemas y accidentes en su historia. Pero fue hasta la noche del pasado 3 de mayo cuando una “ballena” entre las estaciones Tezonco y Olivos de la Línea 12, en el tramo elevado, colapsó.
El derrumbe dejó 26 personas muertas y 78 lesionadas, algunas de ellas, de gravedad. La noticia no solo impactó a la capital del país, sino que acaparó los titulares de todo el país, e incluso, a nivel internacional.
La actuación de las autoridades que incluyó la falta de respuestas e incluso malos tratos a las familias de las víctimas, así como una aparente protección a la directora del Metro -quien pese a todo, sigue al frente del transporte-; incendiaron las redes sociales, en donde además de exigir justicia por lo sucedido, se demanda castigo a los culpables, señalado a Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum y Florencia Serranía, como responsables.
A tres semanas de la tragedia, continúan los peritajes realizados por la empresa noruega Det Norske Veritas. De acuerdo con Claudia Sheinbaum, uno de los personajes más cercanos a López Obrador y quien suena como la favorita para ser la candidata presidencial de Morena en 2024, aseguró que esperarán los resultados de la investigación, para determinar quiénes son los culpables de la tragedia, a quienes -dijo- se les aplicará todo el peso de la ley.
COVID-19: una pesadilla que no termina
Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que el coronavirus originado en Wuhan, China a finales de 2019, se había convertido en una pandemia, las autoridades mexicanas minimizaron el hecho. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba que se trataba de una gripa muy fuerte pero que su gobierno estaba “atento” al avance de la enfermedad y aseguró que tomaría acciones.
Millones de mexicanos confiaron en las palabras de su dirigente, hasta que dos meses después, el 28 de febrero de 2020, se anunció la presencia del primer caso del mortal virus en México, lo que desató el pánico entre la población.
A partir de ese momento, los casos comenzaron a multiplicarse rápidamente. Pronto se anunció el primer fallecimiento a causa del nuevo coronavirus, al tiempo que los médicos denunciaban en redes sociales la falta del equipo adecuado para atender a los pacientes enfermos.
Las condiciones del personal médico y la indolencia de las autoridades ante la enfermedad, desataron la ira de miles de mexicanos en redes sociales, quienes cuestionaron la falta de previsión del gobierno federal y la narrativa del presidente, quien seguía minimizando la enfermedad, diciendo que “no pasaba nada”, exhortando a los mexicanos a “seguir abrazándose y besándose”, contrario a las recomendaciones de la OMS y de la Secretaría de Salud.
Luego, vino la Jornada Nacional de Sana Distancia que implicó un confinamiento en todo el país, durante poco más de un mes (23 marzo- 30 de mayo 2020). La gran mayoría de los 126 millones de mexicanos, se quedaron en sus casas con la finalidad de evitar la propagación del virus, trayendo consigo un fuerte impacto en la economía, sin que el gobierno federal ofreciera ayudas económicas generales o acuerdos para no pagar impuestos, lo que orilló a miles de pequeños y medianos negocios al cierre. Pese al confinamiento, el coronavirus no se detuvo.
El avance de la enfermedad siguió dejando decenas de miles de personas contagiadas, al igual que personas fallecidas. Sin embargo, las cifras del gobierno federal comenzaron a ser fuertemente cuestionadas no solo en México, sino a nivel internacional.
A la fecha, especialistas de Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Johns Hopkins (Maryland, EEUU) aseguran las cifras dadas cada noche por la Secretaría de Salud federal, no son las reales.
Apenas el pasado 14 de mayo de 2021, la institución estadounidense aseguró que México se coloca como el cuarto país a nivel mundial con más decesos por esta enfermedad, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, así como el décimo quinto en contagios confirmados, según la Universidad Johns Hopkins.
Aunque a esa fecha, México reportaba 2 millones 564 mil 604 de casos estimados y 220, 159 personas fallecidas, la Universidad Johns Hopkins alertaba que las cifras podrían ser mayores, ya que el propio gobierno federal reconoció el pasado 20 de abril, en el reporte actualizado de Exceso de Mortalidad en México, que las muertes asociadas al COVID-19 son más de 332,500, tras un análisis de actas de defunción a nivel nacional.
Pero para Laurie Ann Ximénez-Fyvie, reconocida doctora en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard y autora del libro “La criminal gestión de la pandemia en México”, la verdadera cifra de personas fallecidas en México superaría ya los 500,000. Además, destacó que la “baja en el número de contagios” no se debe a las políticas implementadas por el gobierno, sino a que se hace un número bajísimo de pruebas y no reporta a los asintomáticos.
Además, a pesar de que México fue uno de los primeros países en comenzar a vacunar a su población, el uso político que se le ha dado ha ocasionado un lento avance en la inoculación, toda vez que menos del 21% de la población está vacunada con al menos una dosis.
De acuerdo con Laurie Ann Ximénez-Fyvie la tendencia a la baja de la pandemia en México “No es por las acciones del gobierno, sino porque se dejó a la población infectar de manera rampante como el propio Hugo López-Gatell admitió la semana pasada”. Esto porque el vocero de la pandemia señaló que tras la segunda ola de la enfermedad que se estimaba que el 50% de la población podría estar inmune al COVID-19.
Hasta este martes 25 de mayo y de acuerdo con las cifras oficiales, el número de personas fallecidas a causa de la enfermedad es de 221,960, mientras que los contagios ascendió a 2,399,790, al tiempo que el estimado de casos activos es de 16,892.
De acuerdo con las autoridades, en Quintana Roo, estado en donde se encuentran los destinos turísticos más importantes del país, se vislumbra una tercera ola de contagios, a pesar de que el gobierno estatal ha recrudecido las medidas sanitarias y ha pedido a su población no hacer fiestas o reuniones masivas, o de lo contrario, se tendrá que regresar al semáforo epidemiológico rojo, que traerá un nuevo confinamiento y más problemas en el camino a la recuperación económica.
Economía y pérdida de empleos
La aparición del COVID-19 vino a darle el tiro de gracia a la economía mexicana que desde que inició el gobierno de López Obrador, iba en picada.
México cerró el 2019 -el primer año de gobierno de AMLO- con un decrecimiento de 0.3% y aunque este porcentaje en apariencia era pequeño, ya había señales de desaceleración, pese a que el gobierno lopezobradorista se empeñaba en decir lo contrario.
Pero con la llegada del coronavirus al país, la economía cayó estrepitosamente. El primer trimestre de 2020 bajó 1.3%, el segundo trimestre (cuando se realizó el confinamiento) cayó 17.1%, mientras que el tercer trimestre disminuyó 6.6%.
El país cerró 2020 con una baja de 8.5% de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que dejó más de 10 millones de nuevos pobres, la pérdida de más de 12 millones de empleos y el cierre de al menos un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Aunque los pronósticos para 2021 son más alentadores y pronostican una recuperación económica, es una situación que se debe -principalmente- a factores externos como la reactivación de las economías de EEUU y China, y no por las acciones del gobierno mexicano.
La calificadora Moody’s señaló el pasado lunes 24 de mayo que para el resto del año, el mayor dinamismo de la economía mexicana sería impulsado principalmente por un incremento en la demanda de Estados Unidos por exportaciones mexicanas.
Este miércoles 26 de mayo, el Inegi dio a conocer que la economía nacional enfrenta un débil desempeño en los primeros tres meses del año al crecer solo 0.8%, muy por debajo del crecimiento del 3.2% del trimestre previo.
De acuerdo con la directora de análisis económico financiero de Banco Base, Gabriela Siller, citada por Expansión, estos números son resultado de la cautela de los consumidores, quienes no han recuperado la confianza para salir de sus hogares ante el lento avance de la vacunación, así como cambios en hábitos de consumo.
Inseguridad y feminicidios
Durante los tres últimos años, México ha vivido los niveles más altos de inseguridad y violencia de su época moderna.
Pese al confinamiento por la pandemia y al despliegue de casi 100,000 elementos de la Guardia Nacional -cuerpo de seguridad creado por López Obrador para “pacificar al país”-, los homicidios y feminicidios en 2020 se mantuvieron en los mismos niveles récord de 2019, con 35,484 personas asesinadas, solo 132 víctimas menos que las registradas en el año inmediato anterior.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en promedio, cada 24 horas fueron asesinadas 97 personas, entre ellas al menos 10 mujeres, así como tres niños y adolescentes.
Del total de las 940 víctimas de feminicidio, la mayoría se concentró en seis entidades: Estado de México (151), Veracruz (87), Jalisco (68), Ciudad de México y Nuevo León (67 respectivamente); y Puebla (54).
Los datos del SESNSP en su estudio “Información sobre violencia contra las mujeres, diciembre 2020” confirman que durante los dos primeros años del gobierno de López Obrador, los feminicidios se dispararon. En el año 2015 ocurrieron 411, en 2016 (605), al siguiente año se registraron 742, mientras que para el 2018 ocurrieron 893.
En 2019, los feminicidios alcanzaron su cifra más alta (942), mientras que en 2020 se registraron 940 casos. Esto, a pesar de la renuencia de las autoridades locales a no catalogar como feminicidio los asesinatos de mujeres y a la pandemia del COVID-19.
Las cifras y la crueldad con la que se termina con la vida de las víctimas -principalmente mujeres jóvenes-, ha ocasionado numerosas manifestaciones en contra del gobierno federal, toda vez que en reiteradas ocasiones -aunque el presidente de la República se autoproclama como “feminista”-, ha dejado claro que la violencia contra las mujeres, es un tema que no considera grave ni prioritario.
Durante el confinamiento a causa del COVID-19, el mandatario aseguró que era mentira que en ese periodo se hubiera incrementado la violencia contra las mujeres en México, a pesar de que diversos organismos, incluso del propio gobierno como el sistema telefónico 911, así lo demostraban.
Pero las marchas en contra de los feminicidios y la violencia de género, que la mayoría de las veces se han tornado violentas, han sido condenadas por el propio presidente. La última de ellas, realizada el pasado 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, tuvo como marco el denominado por AMLO como “muro de la paz”, una estructura metálica que rodeó Palacio Nacional para “evitar daños al recinto”. La noche del 6 de marzo, un grupo de mujeres pintó los nombres de las víctimas de feminicidios en las vallas de tres metros de altura, convirtiendo el “muro de paz” en una antimonumenta para exigir justicia por las víctimas de la violencia en México.
La valla del gobierno causó aún más enojo entre las mujeres, pero como ya es costumbre en el gobierno de López Obrador que todo lo enmarca en lo político, el presidente aseguró que las marchas, al igual que las críticas por la colocación del muro metálico, son impulsadas por sus opositores.
“Se molestan (los conservadores) porque se puso una valla para evitar la violencia. No queremos que nadie se lastime, tenemos que cuidar a las mujeres y a quienes participen en las manifestaciones. Porque imagínense que una bomba molotov le estalle a quien la utilice, no queremos eso, nosotros amamos la vida, queremos la paz”, dijo.
Durante el 8 de marzo, hubo diversos enfrentamientos entre las manifestantes y policías, imágenes que fueron aprovechadas por el gobierno federal para denostar el movimiento feminista.
“Da tristeza y avergüenza”, dijo el mandatario al día siguiente de la megamarcha. “La gente no está de acuerdo con esto. Ante una causa tan noble como la defensa de los derechos de la mujer… Por eso no llenan el Zócalo. Millones defienden esa causa, pero ¿de esa forma, de esa manera? La violencia no es el camino”, dijo.
El sector joven femenino -el que hoy protesta fuertemente en las calles y en las redes sociales por la violencia de género- fue justamente uno de los que más apoyó al político tabasqueño para que llegara a la silla presidencial.
Durante la jornada electoral del 2018 en la que se eligió al presidente de la República, alrededor del 49% de las mujeres votaron por Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con datos de Parametría.
Según la encuestadora, las mujeres entre 26 a 35 años de edad, fueron las que más votaron por el político tabasqueño (63%), seguidas del segmento de 36 a 45 años y de 46 a 55 años (56%). Justo el sector más afectado por la violencia de género.
La indolencia y el desdén con las que el presidente se refiere a la violencia de género y los feminicidios, parecen ser un reflejo de lo que sigue ocurriendo día tras día en contra de las mujeres mexicanas, toda vez que los asesinatos de mujeres no paran.
México
¿Cómo invertirá 9.3 billones del Presupuesto 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum ?
Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realizó el desglose del Presupuesto de Egresos para la Federación (PEF) para 2025, durante La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de este viernes 22 de noviembre desde PalacioNacional.
“El día de hoy me acompaña la Secretaría de Hacienda, vamos a platicar en qué consiste el Paquete que se envió al Congreso de la Unión, lo va a presentar el secretario Rogelio Ramírez de la O, después contestamos sus preguntas y al final Suave Patria”, comentó Sheinbaum Pardo. “Les voy a dar un panorama del Proyecto de Presupuesto que presentamos a la Cámara de Diputados y Senadores el pasado 15 de noviembre”, acotó Ramírez de la O.
De acuerdo con el funcionario, el PEF 2025tiene tres consideraciones para su elaboración: humanismo mexicano, es parte de los 100 compromisos de gobierno de la presidenta, con visión de mediano y largo plazo, y busca el equilibrio entre ingreso y gasto, logrando con ello un déficit presupuestal del 5.9% del PIB.
El presupuesto total es de 9.3 billones de pesos, un incremento nominal del 2.6%respecto al 2024 y todos los programas sociales están garantizados, es uno de los compromisos de mayor prioridad gubernamental.
- El gasto programable es de 6.5 billones para objetivos y metas
- 2.8 billones de gasto no programable incluida la deuda
- 2.2 billones destinados para Salud
- 1.2 billones para programas sociales
- 996 mil millones para proyectos de inversión
- 723 mil millones para educación
- 297.8 mil millones de pesos para seguridad
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