Chihuahua
Demanda César D., por 3 mmdp a Javier Corral por daño moral
El exgobernador César Horacio D.J. demandó a Javier Corral Jurado y al estado de Chihuahua por 3 mil millones de pesos, por el supuesto daño moral que le han generado a lo largo de la administración estatal, al violar los procedimientos penales, tratados internacionales y la presunción de inocencia.
El abogado y el representante del exgobernador, Juan Mendoza, informó que el día 16 de agosto, fue que se presentó la demanda ante un juez local, por el presunto daño moral que han generado en contra de su representado, ya que aseguró que han creado una imagen errónea de César Horacio.

“Vulneraron la presunción de inocencia, violaron el debido proceso, Javier Corral Jurado, actuó como Juez, investigador y víctima de todo el proceso, lo exhiben como uno de los principales trasgresores, corrupto y corruptor. Como titular del ejecutivo generó la afectación, porque su actuar no está facultado como gobernador” comentó.
Reiteró que no se puede culpar a una persona hasta que se le pueda demostrar lo contrario, sin embargo, hasta antes de que fuera capturado, fue señalado como un corrupto y delincuente, sin que hubiera elementos de prueba o siquiera un proceso iniciado en su contra, según explicó el abogado.
“Dijo que se va haciendo cosas buenas, sin embargo, violar el debido proceso y denostar a una persona, no es una cosa buena, esta demanda no es lodo, son hechos que no se caerán, serán juzgados por quienes tienen esta labor, serán combatidas en los tribunales y no en los micrófonos, que la buena fe nos asistan a todos” comentó.
Chihuahua
Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua
Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.
Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.
El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.
En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.
¿De qué se acusa a César Jáuregui?
Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.
El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.
El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.
Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.
¿Cómo se autorizó la orden de captura?
El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.
Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.
La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.
Lo que todavía falta por esclarecer
Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.
Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.
La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.
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