La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos mencionó que las prácticas de tortura que se usaron para fabricar algunas carpetas de investigación no se habían visto desde hace 50 años. “Es muy grave y de mucho daño para las instituciones”, dijo la gobernadora.

A la vez señaló que espera que se hagan las denuncias correspondientes para que se inicien las investigaciones, dijo que aunque no conoce las versiones de los implicados, si puede hablar de su caso, que para ella fue una clara fabricación. “Me lastima el uso faccioso de las instituciones”.

Finalmente dijo que se está buscando la manera de darle uso a esa propiedad que ahora está señalada como La Casa de la Tortura.

¿Qué pasó?

Según la publicación de La Jornada, que tuvo entrevistas con al menos cinco víctimas de estos interrogatorios, en esas instalaciones fueron presionados para declarar o incluso fabricar acusaciones, todo mientras el exgobernador Javier Corral Jurado y el entonces Fiscal General César Augusto Peniche, monitoreaban las declaraciones.

De acuerdo con dicho medio, se realizó tortura psicológica en contra de las víctimas y muchas de las ocasiones tuvo amenazas con órdenes de aprehensión contra de ellos o los miembros de su familia.

Nota de la Jornada:

El gobierno de Javier Corral Jurado convirtió lo que fue la Casa de Gobierno en un centro de operaciones policiacas y ministeriales, donde se integraban los conocidos aquí como “expedientes x” en contra de sus opositores de antaño y de quienes veía como futuros competidores políticos.

Allí, funcionarios, empresarios y ciudadanos fueron obligados a convertirse en “testigos colaboradores” para que sus testimonios sirvieran como elementos para enjuiciar a aquellos que decidiera el gobierno de Corral Jurado.

Para ello, fiscales estatales aplicaban “tortura sicológica y presionaban hasta que ya no se podía más. Te quebraban y, rendido, clamabas a los ministerios públicos: ¡dígame qué quiere que declare! ¡Ponga en el papel lo que desee, pero termine ya!”, narra uno de los afectados.

La Jornada entrevistó a cinco ex funcionarios que sirvieron a distintos gobiernos y a quienes obligaron a convertirse en “testigos colaboradores” e imputar a altos servidores públicos u otros personajes de la política, rivales del ex mandatario chihuahuense.

Algunos laboraron en el gobierno de Chihuahua incluso antes de la administración del priísta César Duarte Jáquez (2010-2016) y otros se convirtieron en proveedores de esa administración, pero a todos –aseguran– se les amenazó con acusarlos de haber participado en el desvío de recursos públicos que se imputa al ex mandatario priísta.

Como “testigos” debían señalar a personas, aunque en algunos casos no las conocieran. Si no “cooperaban”, la amenaza era la cárcel, destruir a sus familias o catear los domicilios de padres o hermanos “porque algo se encontraría para inculparnos, como si hubiéramos participado en algún delito”.

Uno de ellos refiere: “Desde el primer interrogatorio se era culpable, un ratero, aunque los fiscales reconocían que no había nada extraño en nuestras finanzas. Aun así terminaban con el prestigio y la calma, que era lo más valioso que teníamos.

“Había momentos en que el propio gobernador Javier Corral y el fiscal César Peniche supervisaban los interrogatorios a través de un sistema de circuito cerrado. Los fiscales nos decían que los testimonios, una vez escritos, eran checados y aprobados por el fiscal Peniche y por el mismísimo Corral, y si consideraban que no les servían para acusar a quienes ellos decidían, los teníamos que repetir hasta que estuvieran conformes.”

Durante el mandato del panista Corral Jurado, entre los principales objetivos de los “expedientes x” estuvieron, además del ex gobernador Duarte Jáquez –quien enfrenta una solicitud de extradición emitida por el gobierno mexicano al de Estados Unidos–, sus colaboradores: Antonio Tarín García, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Gerardo Villegas Madriles y Alejandro Ornelas.

En total, se estima que fueron 50 “testigos colaboradores” los creados por la fiscalía de Corral para “dar soporte a decenas de investigaciones contra ex funcionarios y proveedores de la administración de Duarte Jáquez”. Y con sus “declaraciones” se decomisaron bienes a los altos funcionarios acusados de actos de corrupción, si bien en septiembre pasado, a días de concluir su gestión, el gobierno de Corral Jurado devolvió a varios de ellos bienes que la fiscalía local había confiscado desde 2017.

En este caso, la actual gobernadora, también militante panista, María Eugenia Campos, fue uno de los objetivos de la fiscalía local. La intención era acusarla de actos de corrupción cuando fue alcaldesa de la capital de Chihuahua. Algunos testigos entrevistados por La Jornada revelaron haber sido presionados para construir declaraciones con las que se integrara su caso y evitar de esa manera que obtuviera, primero, la candidatura blanquiazul, y llegara al cargo de gobernadora.

Los cinco “testigos” de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua narraron con amplitud a este diario haber sido objeto de seguimiento físico o virtual, de actos de intimidación a través de intervenciones telefónicas y policiacas, entre otros métodos de acoso.

“Sabían hasta si habías ido a misa y cuando te citaban, preguntaban si recordabas las palabras del cura, y enseguida te repetían parte del sermón.”

Temen represalias

Los entrevistados solicitaron el anonimato por temor a represalias del ex gobernador Corral Jurado y el ex fiscal estatal César Peniche, “porque siguen siendo muy poderosos”.

Además, indicaron que aunque terminó el gobierno del panista, temen que continúen los llamados a declarar a cualquier hora y fecha. Y si no lo hacen, “los fiscales envíen por nosotros y cumplan las amenazas de enviarnos a prisión y fabricar delitos a nuestros familiares”.

A consecuencia de lo vivido durante cinco años, todos aseguran haber recibido atención sicológica y siquiátrica. Tres de ellos incluso intentaron suicidarse.

Otro apunta: “Durante los interrogatorios, los fiscales jugaban con lo que uno decía. Siempre acomodaron las cosas para imputar a gente con la que uno ya ni trato tenía o que por el solo hecho de haber sido tu jefe, tu compañero de área, te hacían que dijeras cosas que no te constaban ni estaban en tu responsabilidad como funcionario”.

El trauma por lo padecido es tal que incluso –señalan– no recuerdan los nombres completos de los fiscales que los interrogaban en la Casa Zarco. “Los jefes eran la licenciada Peña y Francisco Flores. Eran los más duros, los que amenazaban. Los que te decían que llegaras solo a la Casa Zarco. Que dejaras tu teléfono en la caseta de vigilancia. Ellos extendían los interrogatorios por horas, muchas veces más de 12, sin beber agua, consumir alimentos, ir al baño, y lo más importante, sin la presencia de abogados y en total aislamiento”, indican.

“‘¡Acuérdese!, ¡acuérdese bien!, usted está mintiendo. ¡Acuérdese!, si sale de aquí será detenido inmediatamente. ¡Piense! Si no coopera, se va a juicio y allá, en la cárcel, se dirá a sus ex amigos que usted cantó, y a ver cómo le va’”, eran las amenazas, coinciden tres de los cinco entrevistados.

Esto sucedía, dicen, cuando en la primera cita con los agentes del Ministerios Público se negaban a reconocer cargos en su contra y de quienes buscaban que fueran encarcelados, cuando pedían tiempo para aportar pruebas y demostrar su inocencia.

Coinciden en que a raíz de lo sucedido ya no tienen amigos; a varios de ellos los abandonó su familia, no encuentran trabajo y la tortura sicológica a que fueron sometidos desembocó en padecimientos como sicosis, hipertensión arterial y delirio de persecución.

En 2017, Corral Jurado decretó como parte de las “medidas de austeridad” que por necesidades financieras la Casa de Gobierno se subastaría con un precio base de 35 millones de pesos, lo cual a la fecha no se ha realizado. Pero ese mismo año, sus oficinas y estancias se transformaron en estos sitios de interrogatorios y presión.

“Comparecíamos en distintas partes de la casa. Ocupaban espacios en la planta baja o alta del edificio. Siempre aislados, permanecíamos en una silla, rodeados por tres fiscales y policías ministeriales que portaban su arma de cargo. Una pistola fajada al cinto.

“Los fiscales siempre nos decían: ‘si no va a cooperar, ¡váyase! Pero cuando regrese se irá a la cárcel, no habrá criterio de oportunidad. ¡Acuérdese, acuérdese! Coopere’.

“Y cuando nos veían quebrados, al punto del suicidio, nos canalizaban con un sicólogo sin vínculo con la fiscalía, él pertenecía a la Unidad de Atención a Víctimas. Él ha ayudado a superar un poco el trance, hasta el miedo a salir de casa. Pero no se termina el horror de tener que regresar a la Casa Zarco (como ahora se le llama a lo que fue la Casa de Gobierno).

“Lo único que queremos es paz. Durante todo este tiempo, ellos decían qué hacíamos, a qué hora, cómo teníamos que declarar. Un testimonio que comenzaba hoy podía terminarse dos meses después porque ellos decían que tenían que llenar huecos, y de todas maneras se firmaba con la fecha del primer día. Incluso hubo declaraciones que se rindieron tres años después de la primera vez y se firmaba con la fecha que ellos establecían. No había manera de negarse.”