El senador del PAN por Chihuahua y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, Mario Vázquez, manifestó su oposición a la propuesta de Ley General en materia de actualización y armonización catastral y registral inmobiliaria. Vázquez argumentó que esta iniciativa fue elaborada sin la consulta adecuada a estados y municipios, carece de recursos adicionales y no ofrece garantías claras para proteger la hacienda municipal.

Durante su intervención, el senador subrayó que en ninguna parte de la ley se menciona el cumplimiento del Artículo 115 de la Constitución, que establece la autonomía municipal en la gestión de sus recursos. En este sentido, solicitó una moción suspensiva para abrir un debate público más amplio que incluya a los gobiernos estatales y municipales, así como la participación de las comisiones de Federalismo y de Desarrollo Municipal del Senado, tal como se había previsto desde la reforma constitucional de 2013.

Vázquez recordó que el artículo 115 constitucional otorga a los municipios facultades en materia de hacienda pública, y que los ingresos provenientes del impuesto predial son esenciales para atender las necesidades de la población. En su opinión, la minuta presentada concentra en dependencias federales la responsabilidad de elaborar planos, modelos, plataformas y lineamientos que deberán seguir los gobiernos locales, obligándolos a actualizar información e incorporar herramientas tecnológicas sin proporcionar recursos adicionales para cumplir con estas nuevas responsabilidades.

Uno de los aspectos más preocupantes que destacó el senador es la inclusión de herramientas digitales para la gestión del impuesto predial y su pago, así como la referencia al valor comercial de los inmuebles. Sin embargo, Vázquez advirtió que la propuesta no establece suficientes garantías para proteger las atribuciones de los ayuntamientos, lo que podría generar incertidumbre entre los propietarios de bienes inmuebles.

Finalmente, el senador alertó sobre los riesgos que podría conllevar la falta de mecanismos claros para evitar afectaciones a los derechos de propiedad y posesión de los ciudadanos, en caso de que la armonización entre los catastros y los registros públicos de la propiedad no se realice de manera adecuada.