Las reformas destinadas a fomentar los pagos digitales en México ampliarán el acceso al crédito para hogares y pequeñas empresas, beneficiando a los bancos a pesar de la reducción en sus ingresos por comisiones, según un reciente informe de Moody’s Ratings. La calificadora destacó que una mayor adopción de estos métodos de pago podría disminuir los costos asociados al manejo de efectivo y favorecer la formalización de la economía. Además, se generaría información valiosa sobre las transacciones, lo que permitiría una mejor evaluación de los solicitantes de préstamos.

Moody’s indicó que, a largo plazo, los beneficios estructurales derivados de estas reformas compensarían significativamente la modesta disminución de los ingresos por comisiones que enfrentarían las instituciones bancarias. El análisis se centra en la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que fue aprobada por el Senado el 20 de octubre y enviada al Ejecutivo, así como en una propuesta regulatoria que busca reducir las cuotas de intercambio de tarjetas.

Estas cuotas representan los pagos que las entidades que procesan cobros para los comercios realizan a los bancos emisores de tarjetas, y su costo se refleja en las comisiones que los establecimientos deben pagar por aceptar estos medios de pago. La propuesta legislativa establece un límite gradual de las tasas promedio de intercambio al 1% para tarjetas de crédito y al 0.30% para tarjetas de débito, en comparación con los máximos actuales de 1.91% y 1.15%, respectivamente, según lo detallado por Moody’s.

La implementación de estos límites se llevará a cabo durante un periodo de tres años, permitiendo así ajustes en precios y programas de recompensas, conforme a las normas que han sido aprobadas por el Congreso y que están próximas a oficializarse. Las menores comisiones están diseñadas para incentivar a pequeños negocios, incluidos aquellos que operan de manera informal, a aceptar pagos con tarjeta.

Asimismo, se contempla la prohibición de acuerdos de exclusividad y ventas atadas, así como la exigencia de que los proveedores de servicios de cobro entreguen los recursos a los comercios el mismo día. La ley también otorga a la Secretaría de Hacienda la facultad de determinar qué sectores deberán aceptar únicamente pagos electrónicos y exige a las entidades gubernamentales la aceptación de estos métodos de pago.

Estas medidas buscan abordar un rezago financiero significativo, dado que los préstamos de la banca comercial representaban solo el 23% del PIB en junio de 2026, en comparación con aproximadamente el 50% en otros grandes mercados bancarios de América Latina. Además, Moody’s señaló que solo el 63% de los adultos en México contaba con una cuenta bancaria, mientras que la informalidad abarca a más de la mitad de la fuerza laboral, lo que limita el acceso al financiamiento debido a la falta de información verificable sobre los prestatarios.

En su análisis, Moody’s no anticipa una reducción inmediata de los ingresos brutos bancarios y prevé que el aumento en los volúmenes de transacciones podría compensar parcialmente la disminución de las comisiones.