El gobierno federal, ante su incapacidad para impulsar el crecimiento económico por sí mismo, ha decidido que la inversión privada sea la clave para el desarrollo del próximo año. Sin embargo, esta estrategia se ve empañada por la imposición de medidas fiscales que, en lugar de fomentar la inversión, la restringen. Esta contradicción requiere no solo una explicación, sino también una rectificación urgente.

Las medidas fiscales propuestas tienen un impacto negativo en la rentabilidad de las empresas, su capacidad de financiamiento y sus decisiones de expansión. La Secretaría de Hacienda estima un crecimiento económico de al menos 2% para el próximo año, apoyándose en la recuperación de la inversión pública y privada. Sin embargo, el mismo Paquete Económico establece restricciones a deducciones que incrementan la carga fiscal de ciertos contribuyentes, sin modificar las tasas generales del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Un ejemplo claro de esta contradicción es la limitación en la deducción de intereses netos, que actualmente está restringida al 30% de la utilidad fiscal ajustada bajo ciertas condiciones. Para 2027, se propone reducir este límite al 20%, lo que significa que algunas empresas que dependen del financiamiento para sus operaciones podrían deducir menos intereses y, por ende, pagar más impuestos. Esta medida no afectará a todas las empresas por igual; su impacto dependerá de la estructura financiera de cada una y de las reglas aplicables. Por ello, es crucial evaluar sus efectos antes de presentarla como un simple mecanismo de recaudación.

Además, se plantea limitar el aprovechamiento de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y establecer restricciones adicionales a deducciones para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos. Este mensaje es contradictorio, ya que se busca incentivar a los empresarios a construir plantas, adquirir maquinaria y contratar trabajadores, mientras se imponen reglas que reducen el capital disponible para estas acciones.

Es fundamental distinguir entre combatir la evasión fiscal y aumentar la carga efectiva de empresas que cumplen con la ley. La persecución de facturas falsas y operaciones simuladas es una obligación del Estado, pero restringir deducciones legítimas puede afectar la rentabilidad de proyectos productivos que dependen del crédito. Aunque Hacienda propone estímulos a la inversión y beneficios para ciertos sectores industriales, estas medidas son insuficientes para alcanzar los objetivos deseados, resultando en paliativos que no tendrán un impacto significativo.

El costo de las restricciones fiscales no se elimina automáticamente para aquellas empresas que no reciben beneficios o que requieren mayores financiamientos. El problema radica en la congruencia económica, no solo en la recaudación. Cada peso adicional que el fisco obtiene de una empresa no necesariamente se traduce en un peso que se habría invertido. La inversión depende de expectativas de rentabilidad, acceso al financiamiento y reglas claras y predecibles.

Si el gobierno desea que el sector privado asuma más riesgos y aporte más capital, debe considerar cuidadosamente cómo sus políticas fiscales encarecen los proyectos. México necesita recursos públicos y combatir la evasión, ambas prioridades son válidas, pero también requiere más inversión para generar empleos, producción e ingresos fiscales sostenibles.

Por lo tanto, es necesario que el gobierno explique de manera convincente cómo pretende impulsar la inversión privada mientras limita la deducción de costos de financiamiento. La pregunta no es solo cuánto más espera recaudar Hacienda, sino cuánto crecimiento podría sacrificar en el proceso.