México
Detectan irregularidades en nómina educativa de Veracruz
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado irregularidades significativas en la nómina educativa de Veracruz durante el año 2025, incluyendo pagos a trabajadores con plazas geográficamente incompatibles, empleados con licencia sin goce de sueldo, personal dado de baja y hasta personas registradas como fallecidas. Esta auditoría, identificada como la 2126, se centró en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), dejando un total de 48 millones 657 mil 604 pesos pendientes de aclarar, además de emitir ocho pliegos de observaciones por un posible daño a la hacienda pública federal.
El monto más significativo de las irregularidades asciende a 38.9 millones de pesos, correspondientes a 105 trabajadores que ocupaban plazas en más de un centro de trabajo, cuyas ubicaciones resultaron ser geográficamente incompatibles. La auditoría también identificó 4.6 millones de pesos pagados a 36 trabajadores que estaban en licencia sin goce de sueldo, así como 2.2 millones de pesos entregados a 87 empleados después de su fecha de baja.
Además, se encontraron pagos a trabajadores que figuraban como fallecidos. En la nómina federal, quedaron sin aclarar 345 mil 946 pesos correspondientes a dos personas con registro de defunción, mientras que en la nómina estatal se observaron 302 mil 75 pesos pagados a 12 trabajadores en la misma situación. La ASF también detectó 543 mil 355 pesos pagados a un trabajador que desempeñaba funciones en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin que se acreditaran actividades vinculadas con la educación básica y normal.
La revisión de la ASF abarcó un total de 38 mil 21 millones de pesos, lo que representa el 98.5% de los recursos del Fone transferidos a Veracruz. Durante el proceso de auditoría, el gobierno estatal reintegró 9 millones 875 mil pesos a la Tesorería de la Federación. Asimismo, la fiscalización incluyó un análisis de las contrataciones realizadas por la Secretaría de Educación de Veracruz, donde se determinó que en seis adquisiciones efectuadas mediante adjudicación directa, las circunstancias extraordinarias invocadas para evitar la licitación pública no fueron debidamente justificadas.
México
Colima enfrenta secuelas de ruptura entre cárteles tras cuatro años
El 25 de enero de 2022, una riña en el Centro de Reinserción Social de Colima dejó un saldo de nueve internos muertos y marcó el inicio de una violenta ruptura entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Mezcales, también conocidos como el Cártel Independiente de Colima (CIC). Esta ruptura se produjo tras el asesinato de un sobrino de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del CJNG, quien fue ultimado por órdenes de José Bernabé Brizuela Meraz, apodado La Vaca, líder de Los Mezcales.
La confrontación entre estos grupos criminales se intensificó después de que Oseguera Cervantes exigiera a Brizuela Meraz la entrega de uno de sus sobrinos, demanda que fue rechazada, lo que dio paso a una disputa que se extendió más allá del penal, afectando a comerciantes y familias en Colima.
Cuatro años después de este violento suceso, la lucha entre los cárteles continúa, manifestándose en enfrentamientos, ejecuciones, extorsiones y cierres de negocios, alterando la vida cotidiana de los habitantes de la región. A pesar de que las autoridades estatales reportan una disminución en los homicidios, los comerciantes siguen sufriendo en silencio el fenómeno del cobro de piso, que se ha vuelto una constante en su actividad económica.
Las cuotas de extorsión que enfrentan los empresarios oscilan entre 10 mil y 35 mil pesos mensuales, monto que deben pagar para evitar que sus negocios sean incendiados o que sus propietarios sean secuestrados. Un caso representativo es el de Pedro Escamilla, quien se vio obligado a cerrar su bar en Tecomán tras recibir amenazas de dos hombres que le exigieron el pago mensual a cambio de “seguridad”.
En una entrevista con Excélsior, Escamilla relató que los extorsionadores llegaron a su establecimiento como clientes, consumieron y luego le ofrecieron un “servicio de seguridad”. Inicialmente, pensó que se trataba de una oferta legítima, pero la conversación se tornó amenazante cuando los hombres mencionaron el cobro de piso y casos de empresarios secuestrados por negarse a pagar. A cambio de la cuota, le prometieron protección a él, a sus empleados y a su negocio, revelando así la cruda realidad que enfrentan los comerciantes en Colima.
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