El procurador capitalino, Edmundo Garrido Osorio, desacató un amparo federal al difundir información reservada sobre Marco Antonio Sánchez Flores, lo cual es constitutivo de responsabilidades, incluso penales, informó la Red por los Derechos de la Infancia, que pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal impedir que en su nombre las autoridades justifiquen obstáculos a la familia y al equipo de defensa.

Tras informar que los padres del estudiante de preparatoria rechazaron desde el pasado 3 de febrero que la persona que aparece en los videos difundidos por la Procuraduría General de Justicia capitalina sea su hijo, señaló que éstos sólo buscan intensificar la criminalización de la víctima y defender a los cuatro policías involucrados en su ilegal detención.

El procurador Garrido Osorio y el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, “pretenden seguir litigando la defensa de los policías en los medios de comunicación, practica que es cada vez más común, pretendiendo criminalizar a las víctimas que denuncian abusos de los servidores públicos”, coincidieron en afirmar la Redim, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el Instituto para la Justicia Procesal Penal.

La PGJ-CDMX realizó ayer una conferencia de prensa en la cual presentó fragmentos de videos en los que aseguró aparecía Marco Antonio en distintos puntos de la delegación Azcapotzalco deambulando en las calles y sin golpes; pretendiendo desacreditar las acusaciones en contra de los policías, acusados de desaparición forzada.

Ante esto su padre aseguró que “no es su hijo el joven que aparece en los videos”, cuyo rostro no se observa y sus características físicas no coinciden, lo cual le hizo saber junto con la mamá de Marco Antonio al fiscal del caso, a quien le solicitaron no seguir filtrando información y notificar previamente a la familia y equipo jurídico antes de cualquier anuncio sobre el caso, lo cual no sucedió.

Consideraron que resulta preocupante que la Procuraduría capitalina siga violentando la ley y los derechos de las víctimas cuando el estudiante de la UNAM tiene una protección reforzada con respecto a su imagen e identidad, la CDHDF emitió medidas cautelares y se incumplió con la suspensión concedida por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia de Amparo 66/2018.

Por ello, llamaron urgentemente a la CDHDF a deslindarse públicamente de los señalamientos realizados por el procurador que aseguró atender indicaciones de esta entidad para impedir el acceso a la carpeta de investigación y expediente médico por “reservar datos personales” violando los derechos humanos de la víctima y su familia.

Señalaron que es prioritario preservar la autonomía constitucional de ese órgano autónomo dedicado a la defensa de las víctimas de derechos humanos a manos de las autoridades, y reiteraron su llamado a Miguel Angel Mancera, presidente del Sistema de Protección Integral de derechos de niñas niños y adolescentes de la Ciudad de México a respetar el artículo cuarto constitucional que establece el interés superior de la niñez en todo acto de autoridad.

Así como mantener coherencia con la prioridad de investigar la presunta desaparición forzada de Marco Antonio de acuerdo a las leyes vigentes; dejando con ello de ser el abogado de los policías señalados y aún en impunidad, por una investigación llena de irregularidades y parcialidad en contra de las víctimas.