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Resto del mundo

EEUU pondrá fin a Estatus de Protección Temporal para más de 250 mil salvadoreños

Estados Unidos decidió este lunes no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 250 mil salvadoreños beneficiados por este programa, según adelantó el diario The Washington Post.

Está previsto que este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuncie si cancela o prorroga el TPS en una llamada de prensa, una decisión que afecta a un total de 263 mil 282 salvadoreños.

Sin el programa, estos salvadoreños tendrán que volver a su país de origen, la mayoría tras alrededor de 20 años en Estados Unidos, tratar de buscar otra vía para su regularización o arriesgarse a la deportación si se quedan como indocumentados.

Según el Post, el plazo que el gobierno del presiente Donald Trump dará a los salvadoreños acogidos al TPS para abandonar el país o para buscar otra manera de obtener la residencia legal es septiembre de 2019.

El gobierno de El Salvador, la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y activistas proinmigrantes vienen batallado sin descanso en los últimos meses para el mantenimiento del TPS o al menos para su prórroga por seis meses, como el gobierno hizo con el programa para los hondureños.

Sin embargo, el ejecutivo de Trump, según el Post, ha decidido aplicar su marcada línea dura migratoria y terminar con el programa para los salvadoreños, tras haber hecho lo mismo con el beneficio para los nicaragüenses y los haitianos.

Estados Unidos decidió conceder esta protección a los salvadoreños que estaban en el país en febrero de 2001 tras los devastadores huracanes que sufrió ese año, pero la medida dio protección migratoria a otros nacionales que habían llegado décadas antes, en los años 1980 y 1990, huyendo de la guerra civil y sus consecuencias.

Bajo la Presidencia del republicano George H.W. Bush (1989-1993), el Congreso de Estados Unidos estableció un procedimiento que permite al gobierno otorgar, de manera extraordinaria, un permiso temporal de residencia y trabajo a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales: el TPS.

Ese permiso no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el gobierno de Estados Unidos decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tienen que regresar a su país de origen o enfrentarse a la deportación si se quedan como indocumentados.

El argumento de los defensores de mantener el TPS 17 años después de los terremotos por los que fue otorgado es que las condiciones en El Salvador, con alta pobreza y criminalidad, no han mejorado para que sus emigrantes en Estados Unidos regresen.

Pero además, recuerdan que más del 51 por ciento de los salvadoreños con TPS han vivido en Estados Unidos durante al menos 20 años, según el Centro para los Estudios sobre la Migración.

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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