La abogada Dulce Garcia, de San Diego, California, defiende habitualmente a clientes en tribunales de inmigración, pero ahora es ella quien busca amparo legal en Estados Unidos.

Ingresada ilegalmente al país por sus padres cuando era una niña, Garcia es una de los seis inmigrantes que demandaron este lunes al gobierno de Donald Trump por su decisión de poner fin al programa Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).

Desde que la aprobación de la ley en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, el programa ha brindado protección, evitado la deportación y asegurado el derecho a trabajar legalmente a casi 800 mil personas en Estados Unidos.

Según los abogados de Garcia, su caso, llevado a la corte federal de San Francisco, es la primera demanda presentada por beneficiarios de DACA, desde que el fiscal general de la nación, Jeff Sessions, anunció este mes que la medida de la era Obama caducaría desde marzo del 2018.

Es uno de los muchos reclamos judiciales contra la decisión de poner fin al programa, incluidas dos demandas presentadas por fiscales generales estatales. El reclamo es similar en todos los casos: el gobierno de Trump no siguió los procedimientos administrativos adecuados para rescindir la medida.

Trump, quien pidió recientemente al Poder Legislativo que elabore una ley para proteger a los beneficiarios de DACA, enfureció a algunos republicanos la semana pasada al negociar con líderes demócratas del Congreso un posible proyecto de reemplazo para el programa.

Durante la campaña electoral de 2016, Trump presentó un plan sobre migración en el que prometía poner fin a DACA y fortalecer la protección de las fronteras para aumentar el empleo de los estadounidenses.