No hay dinero para nueva ley penal; austeridad posterga su aplicación

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Está en veremos la aplicación de las leyes derivadas del nuevo sistema de justicia, debido a los requerimientos de austeridad del gobierno.
Desde finales del año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó al Congreso evitar o postergar la aprobación de las leyes que en su puesta en marcha impliquen un gasto extraordinario al presupuesto y que no sean prioritarias para el país.
Echar a andar la legislación derivada del nuevo sistema de justicia, cuya mayoría ya está en vigor, implica un gasto de al menos 40 mil millones
de pesos.
Por ejemplo, sólo la Ley Nacional de Ejecución Penal representa compromisos por dos años por 20 mil millones de pesos, el mando policial diseñado en el Senado, y que está atorado en la Cámara de Diputados, implica otros 20 mil millones de pesos.
En el menor de los casos, el Sistema Nacional Anticorrupción representa una erogación de por lo menos 100 millones de pesos.
Información obtenida de senadores y diputados federales establece que la restricción presupuestal comenzó a vivirse desde 2016, lo que causó que la Ley Nacional de Ejecución Penal tenga un sistema de aplicación escalonada a lo largo de dos años.
Una disposición que se verá afectada es la relativa al mejoramiento de las cárceles del país.
Compromisos presupuestales de legislaciones vigentes encendieron alertas en la SHCP e hizo el exhorto ante el Congreso de la Unión para evitar las iniciativas cuyo gasto no sea prioritario.
La decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de limitar al máximo los costos futuros de las reformas y nuevas leyes en el Congreso de la Unión tiene su origen en los compromisos presupuestales que implican las leyes derivadas del nuevo Sistema de Justicia, estimados en 40 mil millones de pesos y cuya mayoría ya está en vigor.
Tan sólo la Ley Nacional de Ejecución Penal representa compromisos por dos años de al menos 20 mil millones de pesos. Además, la operación plena del Sistema Nacional Anticorrupción representa una erogación de al menos 100 millones de pesos y, de acuerdo con las estimaciones presupuestales, el mando policial diseñado en el Senado y que está atorado en la Cámara de Diputados implica otros 20 mil millones de pesos.
Ayer, Excélsior reveló que el ajuste presupuestal de 43 mil 800 millones de pesos para 2018 afectó el trabajo legislativo porque diputados y senadores congelaron la aprobación de leyes o modificaron propuestas de reforma para no causar un impacto negativo en el gasto federal.
De acuerdo con legisladores, la SHCP les solicitó, a finales del año pasado, aplazar la aprobación de todas las iniciativas que impliquen un gasto extra en el presupuesto y no sean prioridad.
En la Cámara de Diputados no se aprobaron iniciativas de ley o minutas de reformas cuyo costo de implementación sea mayor a un millón de pesos. Entre los temas frenados destacan el derecho universal y gratuito a la reconstrucción mamaria de mujeres afectadas por cáncer o el que los trabajadores, sin distinción de género ni estado civil, tengan derecho a llevar a sus hijos a guarderías del IMSS.
Los senadores, por ejemplo, hicieron modificaciones que dejaron fuera la obligatoriedad policial de portar geolocalizadores y retiraron el capítulo presupuestal en la Ley de Cultura; además, aprobaron cambios a la ley que rige la participación de las organizaciones civiles, pero, a petición de Hacienda se retiró lo relacionado con el financiamiento a más organizaciones sociales.

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