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100 mil muertos y 30 mil desaparecidos, saldo de guerra contra el narco

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Diez años después de que México declaró la guerra al narcotráfico, la ofensiva ha causado la división de algunos cárteles importantes y el encarcelamiento de muchos capos de la vieja guardia, como Joaquín «El Chapo» Guzmán, pero ha ayudado poco a reducir la violencia y la delincuencia en ciertas regiones del país.

Algunos dicen que esa guerra ha sido una medida crucial pero fallida. Otros aseguran que la ofensiva que emprendió el entonces presidente Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006 desató una tragedia innecesaria que ha dejado más de 100 mil muertos y unos 30 mil desaparecidos, un saldo comparable al de los conflictos armados internos de la década de 1980 en América Central.
En algunos lugares, las tasas de homicidios han disminuido, mientras que en otros continúan sin control. Este conflicto interminable también ha tenido profundas secuelas en aquellos cercanos a los focos de sufrimiento: jóvenes habituados a la violencia extrema; adultos que hartos de una policía deficiente y corrupta tomaron las armas y crearon autodefensas; y familias que actúan juntas ante la incapacidad de las autoridades para encontrar a sus parientes desaparecidos.
Un funcionario policial del estado de Tamaulipas dijo a The Associated Press que se topa seguido con jóvenes convertidos en gatilleros de cárteles y cuyo oficio no les causa remordimientos. De hecho, esos jóvenes ven los asesinatos como la mejor manera de costearse cosas, como teléfonos celulares, vehículos y novias.
«Les pregunto: ‘¿Qué aspiraciones tienes?’, y la respuesta que me dan es ‘ser jefe de estacas y tener un narcocorrido»’, afirmó el funcionario que solicitó el anonimato. «No tienen otra aspiración más, a pesar de que saben que su tiempo de vida es muy corto».
El funcionario recordó el caso de un chico de 16 años que secuestraba, mataba y mutilaba a sus víctimas y después se tomaba selfies con los cadáveres desmembrados. Tras una década de guerra contra el narcotráfico, la violencia es la única realidad conocida por su generación.
«Los chamacos, los de ahorita, de 14 años en adelante que pueden ser los detenidos, han vivido dentro del delito; es decir, viven en algo que para ellos es completamente normal», agregó el funcionario.
En la actualidad, el estado afronta un nuevo desafío: muchos de los asesinos a sueldo de mayor edad que estaban al servicio de los cárteles y fueron enviados a prisión, sólo recibieron condenas por delitos menores relacionados con armas de fuego porque los fiscales a menudo no logran demostrar las acusaciones de vínculos con el crimen organizado o lavado de dinero; algunos son excarcelados y vuelven a las andadas.
Aunque Tamaulipas se ha calmado un poco después de que alcanzara niveles horripilantes de asesinatos en 2010-2012, aún hay balaceras, fosas clandestinas y pilas de muertos, sólo que con menor frecuencia.
Los arrestos y muertes han fracturado al violento cártel de los Zetas en Tamaulipas, aunque el resultado ha sido una decena de facciones más pequeñas que pelean por territorios.
«En este momento, si hay algo bueno en esta situación, es que estos grupos ya no tienen tanto poder», dijo el exagente del FBI, Arturo Fontes. «Están divididos, por eso hay bastante caos».
Las fuerzas armadas de México han tenido que involucrarse en el conflicto debido a la corrupción o desconfianza hacia la policía. Esta situación ha acarreado pérdidas de vidas a los militares, quienes con frecuencia son emboscados y acusados de perpetrar ejecuciones ilegales de presuntos miembros de cárteles narcotraficantes en algunos casos.
El secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, subrayó que la participación del ejército sería sólo temporal mientras se efectuaban cambios en las policías.

Chihuahua

Maru Campos encabeza reunión semanal de la Mesa de Seguridad

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La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.

Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.

Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.

También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.

Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.

La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.

De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.

En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.

También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.

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