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20 años de cárcel al derrocado presidente egipcio Mohamed Mursi

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Mohamed Mursi, el primer presidente de Egipto elegido democráticamente y derrocado por un golpe militar en el año 2013, fue condenado hoy a 20 años de prisión acusado de reprimir violentamente las protestas ocurridas el 5 de diciembre de 2012, que finalizaron con la muerte de varios manifestantes.

Las duras condenas generaron reacciones contrarias inmediatas, como la de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) y de la coalición que encabezan los Hermanos Musulmanes, formación política a la que pertenece Mursi.

Según el fallo del Tribunal Penal de El Cairo, el islamista Mursi y otras doce personas fueron sentenciadas por uso de la fuerza y la violencia y retención de personas, acompañada de maltratos y tortura en las protestas ocurridas frente al palacio presidencial de Itihadiya en diciembre de 2012.

Asimismo, se los declaró inocentes de dos cargos: asesinato con premeditación y porte ilegal de armas, por los que podrían haber sido condenados a la pena capital, informó la agencia de noticias EFE.

Mursi estuvo de pie en una jaula en el tribunal mientras el juez leía la sentencia contra él y otros doce miembros de los Hermanos Musulmanes, que incluyen figuras de alto nivel como Mohamed el Beltagy y Essam el Erian. La condena fue transmitida en directo por la televisión.

Con un gesto que simboliza resistencia a las fuertes medidas del estado contra los islamistas, los acusados gritaron «Dios es el más grande» después de la lectura del veredicto, informó la agencia de noticias Europa Press. El abogado de Mursi, nombrado por la Corte después de que se retirara la defensa original, Sayed Hamed, dijo que la sentencia es «equilibrada», pero adelantó que recurrirá ante el Tribunal de Casación.

El ex mandatario, dirigente de los Hermanos Musulmanes y encarcelado en la prisión de Burg al Arab, negó los cargos en las vistas anteriores y siempre afirmó que sigue siendo el «presidente legítimo» de Egipto.

Esta es la primera sentencia inculpatoria contra Mursi, quien fue depuesto en julio de 2013 en un golpe militar liderado por el entonces jefe del Ejército y actual presidente, Abdel Fatah al Sisi, tras varios días de multitudinarias protestas. Amnistía Internacional calificó de «farsa» el juicio y pidió que se repita el proceso o que sea puesto en libertad.

En un comunicado, AI señala que la injusta condena de Mursi «en un proceso defectuoso y con pruebas endebles», demuestra que el sistema judicial egipcio «es incapaz de ofrecer un juicio justo a los miembros o partidarios de la Administración del antiguo presidente y de los Hermanos Musulmanes».

La portavoz de AI para Medio Oriente y el Norte de Africa, Hassiba Hadj Sahraoui, recordó que el juicio al ex presidente estuvo «plagado de irregularidades», y que el líder islamista fue detenido de forma arbitraria y estuvo incomunicado.

Según su investigación de los hechos, «aunque los seguidores de los Hermanos Musulmanes cometieron abusos de los derechos humanos, la mayoría de los muertos en esos enfrentamientos fueron partidarios del entonces presidente».

Por su parte, la Coalición Nacional para la Defensa de la Legitimidad, encabezada por los Hermanos Musulmanes, calificó la condena como «nula» y de «orden de los militares».

«Las órdenes militares emitidas hoy en forma de sentencias judiciales contra el presidente Mursi y su equipo presidencial son nulas porque la Justicia se convirtió en una marioneta en manos de la autoridad militar», explicó la alianza en un comunicado publicado en su página de Facebook.

La coalición, que incluye grupos islamistas opositores al sistema político actual en Egipto, denunció que el proceso judicial fue una «farsa» y acusó al Ejército de utilizar la Justicia para vengarse de sus adversarios.

En el texto, reafirmaron que su principal objetivo es «activar el movimiento revolucionario para derrocar al golpe de Estado y liberar la patria». Desde el derrocamiento de Mursi, las autoridades egipcias han perseguido a los simpatizantes, integrantes y líderes de los Hermanos Musulmanes, que fueron declarados grupo terrorista en diciembre de 2013.

El ex presidente afronta otros juicios por insultar a la judicatura, huir de una cárcel durante la revolución de 2011 que derribó a Hosni Mubarak y entregar información clasificada a países y organizaciones extranjeras.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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