Resto del mundo
20 años de cárcel al derrocado presidente egipcio Mohamed Mursi
Mohamed Mursi, el primer presidente de Egipto elegido democráticamente y derrocado por un golpe militar en el año 2013, fue condenado hoy a 20 años de prisión acusado de reprimir violentamente las protestas ocurridas el 5 de diciembre de 2012, que finalizaron con la muerte de varios manifestantes.
Las duras condenas generaron reacciones contrarias inmediatas, como la de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) y de la coalición que encabezan los Hermanos Musulmanes, formación política a la que pertenece Mursi.
Según el fallo del Tribunal Penal de El Cairo, el islamista Mursi y otras doce personas fueron sentenciadas por uso de la fuerza y la violencia y retención de personas, acompañada de maltratos y tortura en las protestas ocurridas frente al palacio presidencial de Itihadiya en diciembre de 2012.
Asimismo, se los declaró inocentes de dos cargos: asesinato con premeditación y porte ilegal de armas, por los que podrían haber sido condenados a la pena capital, informó la agencia de noticias EFE.
Mursi estuvo de pie en una jaula en el tribunal mientras el juez leía la sentencia contra él y otros doce miembros de los Hermanos Musulmanes, que incluyen figuras de alto nivel como Mohamed el Beltagy y Essam el Erian. La condena fue transmitida en directo por la televisión.
Con un gesto que simboliza resistencia a las fuertes medidas del estado contra los islamistas, los acusados gritaron «Dios es el más grande» después de la lectura del veredicto, informó la agencia de noticias Europa Press. El abogado de Mursi, nombrado por la Corte después de que se retirara la defensa original, Sayed Hamed, dijo que la sentencia es «equilibrada», pero adelantó que recurrirá ante el Tribunal de Casación.
El ex mandatario, dirigente de los Hermanos Musulmanes y encarcelado en la prisión de Burg al Arab, negó los cargos en las vistas anteriores y siempre afirmó que sigue siendo el «presidente legítimo» de Egipto.
Esta es la primera sentencia inculpatoria contra Mursi, quien fue depuesto en julio de 2013 en un golpe militar liderado por el entonces jefe del Ejército y actual presidente, Abdel Fatah al Sisi, tras varios días de multitudinarias protestas. Amnistía Internacional calificó de «farsa» el juicio y pidió que se repita el proceso o que sea puesto en libertad.
En un comunicado, AI señala que la injusta condena de Mursi «en un proceso defectuoso y con pruebas endebles», demuestra que el sistema judicial egipcio «es incapaz de ofrecer un juicio justo a los miembros o partidarios de la Administración del antiguo presidente y de los Hermanos Musulmanes».
La portavoz de AI para Medio Oriente y el Norte de Africa, Hassiba Hadj Sahraoui, recordó que el juicio al ex presidente estuvo «plagado de irregularidades», y que el líder islamista fue detenido de forma arbitraria y estuvo incomunicado.
Según su investigación de los hechos, «aunque los seguidores de los Hermanos Musulmanes cometieron abusos de los derechos humanos, la mayoría de los muertos en esos enfrentamientos fueron partidarios del entonces presidente».
Por su parte, la Coalición Nacional para la Defensa de la Legitimidad, encabezada por los Hermanos Musulmanes, calificó la condena como «nula» y de «orden de los militares».
«Las órdenes militares emitidas hoy en forma de sentencias judiciales contra el presidente Mursi y su equipo presidencial son nulas porque la Justicia se convirtió en una marioneta en manos de la autoridad militar», explicó la alianza en un comunicado publicado en su página de Facebook.
La coalición, que incluye grupos islamistas opositores al sistema político actual en Egipto, denunció que el proceso judicial fue una «farsa» y acusó al Ejército de utilizar la Justicia para vengarse de sus adversarios.
En el texto, reafirmaron que su principal objetivo es «activar el movimiento revolucionario para derrocar al golpe de Estado y liberar la patria». Desde el derrocamiento de Mursi, las autoridades egipcias han perseguido a los simpatizantes, integrantes y líderes de los Hermanos Musulmanes, que fueron declarados grupo terrorista en diciembre de 2013.
El ex presidente afronta otros juicios por insultar a la judicatura, huir de una cárcel durante la revolución de 2011 que derribó a Hosni Mubarak y entregar información clasificada a países y organizaciones extranjeras.
Dinero
EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso
Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.
México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.
De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.
La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.
Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.
