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Política

En 72 horas definen si vinculan a proceso a Rodrigo Medina

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En un plazo de hasta 72 horas se conocerá si el exgobernador del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, es vinculado a proceso por los delitos de daño patrimonial y peculado.

El exmandatario estatal no se presentó este jueves a la audiencia que fue realizada a petición de la Subprocuraduría Anticorrupción, argumentándose que legalmente no estaba obligado.

Sin embargo, el equipo legal de Medina acudió a la diligencia, que se celebró en la duodécima sala penal del Tribunal Superior de Justicia, ubicado en pleno centro de Monterrey.

El magistrado Ángel Mario García Guerra otorgó un plazo para definir la situación del exgobernador, quien el pasado 9 de agosto fue vinculado por un juez de control a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones.

La Fiscalía alegó que Medina de la Cruz habría incurrido en daño patrimonial y peculado, toda vez que participó como inductor en sus funcionarios para otorgar incentivos de forma irregular a la armadora coreana KIA Motors.

Medina de la Cruz y exfuncionarios de su gabinete son investigados por el presunto desvío de 3 mil 680 millones de pesos, en beneficios otorgados fuera de la ley a la empresa coreana, instalada en el municipio de Pesquería.

El magistrado hasta le llamó la atención al Fiscal representante de la Subprocuraduría porque sus argumentos no estaban incluidos por escrito; incluso mencionó que sí le estaba detallando situaciones que no venían en el alegato no las iba a tomar en consideración.

Por su parte, Alonso Aguilar Zínser, abogado defensor del exmandatario de Nuevo León, indicó que no hay elementos para vincular a su cliente. Mencionó que no ofrecieron pruebas suficientes que permitan demostrar que no se valoraron los elementos por el juez de control, en la audiencia realizada en el mes de agosto cuando se determinó la vinculación por el delito de ejercicio indebido de funciones.

La ley otorga un plazo de hasta 72 horas para dictar la resolución.

Hace un par de días, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, expresó que esperaba dar «El Grito» con la vinculación de Medina de la Cruz a estos otros dos delitos.

Sin embargo, la situación quedó en suspenso una vez que el Magistrado optó por dictar su resolución en el plazo que contempla la ley.

La audiencia de éste jueves se celebró porque la Subprocuraduría Anti corrupción apeló la decisión del juez de control de no vincular a proceso al exgobernador por los otros dos delitos que planteó desde un inicio, pero que en su momento fueron desestimados por el juzgador.

 

Excelsior

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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