Chihuahua
Viviendas recuperadas podrían ser para policías: Prioridad del IVI
El Instituto de la Vivienda del Estado dará prioridad a los integrantes de los cuerpos policiacos en los programas que se deriven del convenio que signó con el Infonavit Nacional, mediante el cual quedó formalizada la compra de hasta 12 mil viviendas abandonadas, que esa dependencia federal legalmente recuperó en la entidad.
Así lo dio a conocer el director general del IVI, Ricardo Yáñez Herrera, quien hizo hincapié en que lo anterior es en cumplimiento al compromiso que efectuó el Gobernador César Duarte Jáquez con los miembros de esas corporaciones, que a la fecha carecen de esta prestación social.
Asimismo resaltó que la firma de ese convenio con el Infonavit cobra gran relevancia, toda vez que Chihuahua es el primer estado de la República en establecer un compromiso con la federación a fin de implementar acciones contundentes para dar cobertura a la demanda que actualmente existe en la entidad de vivienda, pero sobre todo abatir el problema de las casas abandonadas, que a la fecha se registra principalmente en las ciudades de Juárez y Chihuahua. “Con esto estamos tomando las riendas y la rectoría de la regeneración urbana en el estado”, afirmó.
Yáñez Herrera indicó además que en ese primer paquete de viviendas que adquirirá el IVI quedarán fuera todas aquellas que se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo, así como las que no cumplan las condiciones mínimas de habitabilidad; y precisó, que los inmuebles que se adquieran formarán parte del patrimonio de esa dependencia estatal, los cuales, ya regenerados, serán asignados, mediante crédito, a quienes más lo necesitan.
Señaló también que con la formalización de este convenio el gobierno estatal iniciará el programa integral de regeneración urbana, el cual tiene como principal objetivo el otorgar un espacio digno donde vivir a miles de chihuahuenses, así como potencializar la calidad de las ciudades, y atender las necesidades de quienes en estos momentos no pueden acceder a un crédito para la vivienda.
Yáñez Herrera enfatizó que el haber concretado este el acuerdo con el Infonavit Nacional “es un importante logro del Gobernador César Duarte, quien fue el gestor principal y el encargado personal de plantear esta compra como una solución al fuerte problema de la vivienda que a la fecha se tiene en la entidad”.
En ese sentido, recalcó que de nueva cuenta el Estado de Chihuahua se coloca como un pionero en plantear acciones viables de solución a los problemas más sentidos que aquejan a la sociedad, en este caso, en materia de vivienda.
“Reconocemos que el camino no fue fácil, toda vez que se tuvo que insistir de manera reiterativa, hasta que se convenció que la solución más factible al problema de la vivienda abandonada en la entidad, era esta compra al Infonavit. Lo importante, es que a partir de este momento, Chihuahua será ejemplo en implementar acciones, no sólo para la cobertura de la demanda, y la solución a esta problemática, sino también de regeneración urbana”, recalcó.
Finalmente recordó que, en base a un estudio que el IVI realizó, se sabe que actualmente existen 49 mil 06 casas vacías en la entidad, de las cuales 24 mil 688 vandalizadas; éstas últimas se distribuyen de la siguiente manera: el 90.8 por ciento en el municipio de Juárez; aproximadamente el 6 por ciento en Chihuahua, y el resto en los demás municipios. En ese sentido, reiteró que “esta acción que se concretó este día, es el inicio contundente para ir solucionando en la entidad esta problemática”.
Chihuahua
Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua
Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.
Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.
El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.
En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.
¿De qué se acusa a César Jáuregui?
Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.
El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.
El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.
Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.
¿Cómo se autorizó la orden de captura?
El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.
Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.
La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.
Lo que todavía falta por esclarecer
Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.
Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.
La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.
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