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Toque de queda en Milwaukee tras 2 noches de violencia

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Un toque de queda fue decretado para menores de 18 años a partir de las 22:00 horas de est lunes.

La noche anterior una multitud apedreó vehículos policiales e incendió comercios en esta ciudad de Winconsin (centro-norte), donde fue desplegada la policía antidisturbios en el barrio de Sherman Park para restaurar el orden.

«Había grupos de gente joven en particular que vagaban por las calles», dijo Tom Barrett, alcalde de esta ciudad situada a 130 km al norte de Chicago.

«Esa gente, en mi opinión, está tratando de perjudicar a un gran barrio, en una gran ciudad», agregó. «Vamos a asegurarnos de que se restablezcan el orden y la paz en ese vecindario».

Siete policías resultaron heridos y 14 personas fueron detenidas, declaró el lunes el jefe de la Policía, Edwards Flynn, que precisó que durante los disturbios se escucharon unos 30 disparos.

Los tiros y las piedras iban dirigidos a los vehículos policiales. Un «proyectil» rozó a un oficial, que resultó ileso gracias a su casco, dijo la policía.

Flynn subrayó que la policía se abstuvo de abrir fuego para demostrar su disposición a evitar los enfrentamientos.

La protesta se inició la tarde del sábado después de que dos personas interceptadas por la policía en su automóvil se dieron a la fuga a pie, según la versión policial.

«En la persecución, un agente abrió fuego contra un sospechoso armado con una pistola semiautomática», que falleció en el acto, dijo en un comunicado el Departamento de Policía de Milwaukee.

Se trata de Sylville Smith, un negro de 23 años con un prontuario judicial voluminoso, de acuerdo con el informe oficial, en el que se detalla que la pistola que llevaba consigo había sido robada en marzo.

El sospechoso recibió un par de disparos, uno en el pecho y otro en el brazo. El incidente desató una protesta y durante la noche la situación «se salió de las manos», explicó Barrett.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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