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Cazadores matan a un récord de 607 osos en New Jersey

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Los cazadores han matado a un récord de 607 osos en Nueva Jersey. La cifra se alcanzó el martes, cuando los cazadores mataron a 18 osos pardos en el segundo día de la segunda parte de la temporada de caza de este año. El récord anterior fue de 592 osos muertos en 2010.

La temporada de caza exclusiva con armas de fuego que comenzó el lunes siguió a un periodo de seis días en octubre que estuvo limitado sólo a la cacería con arco y flecha y armas de avancarga.

Se prevé que la cacería dure hasta el sábado, pero las autoridades dijeron que la suspenderán una vez que la recolecta acumulativa de osos marcados alcance el 30%.

Grupos defensores de los animales y legisladores han dicho que la cacería causa más problemas y es inhumana.

Durante esta caza se cree que el oso conocido como ‘Pedals’ (quien fue visto varias veces caminando en dos patas) fue asesinado, por lo que el senador Ray Lesniak está buscando que se elimine esta práctica a través de la ‘Ley Pedals’.

Esto no es nada más que una masacre, una masacre innecesaria de un hermoso animal’, declaró Lesniak a CBS New York.

Con esta ley no solo esperan eliminar la casa de animales en Nueva Jersey, también buscará formas de control de la población de osos que no sea letal, que incluya control de natalidad o la distribución de los osos por el área.

Esta no es la primera vez que la caza causa polémica.

A principios de este año, dos cazadores ilegales mataron a dos rinocerontes blancos sureños en Cabo Oriental en Sudáfrica, donde estos animales son protegidos ya que solo quedan 20 mil en el mundo.

Otro caso que conmocionó fue el de la muerte de un cocodrilo de casi 400 kilos en Okeechobee, Florida, después que un grupo de cazadores le disparara al encontrarlo por los estanques del ganado de la zona.

 

Excelsior

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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