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Resto del mundo

De EU, Argentina e Italia, padres de bebés de vientres subrogados en Tabasco

Al menos 16 bebés, algunos de ellos de padres españoles, estadunidenses o argentinos, permanecen en el estado de Tabasco sin que su identidad sea reconocida, en medio de una batalla legal desatada por los cambios en la regulación sobre maternidad subrogada en esa región del sur de México.
Tabasco es, junto con Sinaloa, el único de los estados mexicanos cuya legislación contempla este tipo de gestación, desde los años 90. Sin embargo, la reforma del Código Civil del 13 de enero de 2016 puso ciertos límites, dejando fuera a parejas homosexuales, solteros y extranjeros.

Entre los padres que ahora están a la espera de que se les concedan las actas de nacimiento de sus bebés se encuentran personas de nacionalidad mexicana, española, estadounidense, argentina e italiana.

ACUERDOS FIRMADOS ANTES DE LA REFORMA AL CÓDIGO CIVIL
Todos firmaron contratos para el procedimiento de maternidad subrogada antes de la fecha de la reforma.

Sin embargo, al acudir al Registro Civil, a partir de finales del pasado año, se encontraron con la negativa de los funcionarios para registrar a los bebés, dado que las transferencias embrionarias se produjeron después de enero de 2016.

Los diferentes abogados que respaldan a las familias involucradas en el conflicto se han visto obligados a interponer amparos para que los bebés sean reconocidos como suyos, alegando que no se puede aplicar una ley de manera retroactiva.

Los procedimientos de amparos pueden extender la espera todavía más semanas, porque no es «un trámite rápido», dice el abogado Edgar Fragoso.

El proceso de maternidad subrogada oscila entre los 500 mil y los 700 mil pesos.

En este sentido, comenta que, entre sus clientes, los que tienen este proceso más avanzado, una pareja argentina, están citados a la audiencia del juicio de amparo a mediados de marzo.

La clave en este problema, de acuerdo con el abogado, es que a finales del año pasado «cambiaron a la directora del Registro Civil».

La actual directora, Patricia del Carmen Osorio, «entra sin saber nada y está influenciada por el coordinador de Asuntos Jurídicos de Tabasco», Juan José Peralta, dice Fragoso, quien señala a este funcionario como el principal opositor de que se concedan las actas de nacimiento a los bebés.

En todo esto, el abogado percibe un «tema de homofobia», por la restricción que ha supuesto el cambio de normativa a las parejas del mismo sexo, aunque el gobierno estatal -señala- ha manejado mediáticamente el asunto centrándose a lo relativo a los extranjeros.

Las autoridades de Tabasco, con su negativa, no están teniendo en cuenta factores como que «un procedimiento de fecundación in vitro no tiene necesariamente que terminar en un embarazo», afirma el abogado León Altamirano, especializado en los casos de maternidad subrogada.

El proceso, continúa, abarca un periodo de tiempo incierto porque está condicionado por diversas variables, como cuántos embriones resulten de la fecundación o de si estos tienen una cierta calidad para ser transferidos.

Los abogados mencionan que, en mitad de este conflicto legal, las autoridades del estado dieron la orden de localizar y «asegurar» a los bebés nacidos por la figura de la maternidad subrogada tras la reforma.

Ante esto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tabasco «presentó un comunicado en el que dijo que no están autorizados para realizar ningún tipo de aseguramiento y no tiene derecho para dar en adopción a bebés que tienen papás», relata Altamirano.

Un padre de origen griego pero de nacionalidad estadunidense se vio afectado por esta medida. Su bebé fue resguardado por el DIF durante aproximadamente un mes, aunque finalmente le fue devuelto esta semana.

El coste para los padres que contratan un proceso de maternidad subrogada oscila entre los 500 mil y los 700 mil pesos (entre 24.523 y 34.333 dólares), a lo que hay que sumar los gastos sanitarios que requiere la mujer en el embarazo y el parto, de acuerdo con datos del Care Surrogacy Center México.

Contratar este procedimiento en México es hasta tres veces más barato que hacerlo en el vecino Estados Unidos.

Excelsior

Resto del mundo

Muere Alberto Fujimori, expresidente de Perú

lberto Fujimori, expresidente de Perú, murió a los 86 años este jueves 11 de septiembre, luego de una lucha contra el cáncer que duró años.

La familia del exmandatario condenado y señalado de abusos contra los Derechos Humanos fue quien informó la muerte a través de las redes sociales de su hija, Keiko Fujimori.

“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma”, externó Keiko Fujimori, excandidata a la Presidencia de Perú.

Minutos antes, el abogado de Fujimori, Elio Riera, se adelantó a la familia y escribió su propia despedida al exmandatario en la red social X.”Señor presidente, gracias por todo. Descanse en paz. Su legado perdurará en la historia”, expresó Riera, que lo representaba en un nuevo juicio oral por la matanza de Pativilca perpetrada en 1992.

Su amistad para mí será eterna. Recordaré siempre sus palabras: logramos el objetivo. Hasta pronto mi gran amigo”, agregó el letrado.

Alberto Fujimori quería buscar nuevamente la Presidencia de Perú en 2026 a pesar de su condición de salud.

¿Quién fue Alberto Fujimori?

Nacido el 26 de junio de 1938 en Lima, Perú, Alberto Fujimori fue presidente de dicho país entre 1990 y el 2000.

El primer hijo de japoneses en llegar a ser jefe de Estado de otro país en el mundo por voluntad popular fue elegido tres veces como presidente de Perú desde 1990 a 2000. Fujimori pasó sus últimos meses de vida en libertad al beneficiarse de un indulto humanitario que permitió su excarcelaciónen diciembre de 2023 tras pasar 15 años en prisión con cargos por asesinato.

Durante sus mandatos —el último de ellos de menos de un año— aplicó duras medida de ajuste económico, pero mantuvo altos niveles de popularidad. Sin embargo, en el año 2000, tras fuertes cuestionamientos internacionales por abusos a los derechos humanos, huyó a Japón y renunció por fax.

Después, el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión, en 2009, con cargos por asesinato que lo señalaban como responsable de la creación y financiación en su gobierno de un escuadrón militar clandestino que mató al menos a 25 personas —entre universitarios y vecinos de un barrio de la capital, incluido un niño— a quienes consideraron exguerrilleros de Sendero Luminoso.

Su ascenso rápido al poder ocurrió en medio de la ruina económica en la que se encontraba Perú en julio de 1990, al término de los cinco años de gobierno de su antecesor Alan García. En agosto de ese añola inflación mensual llegó a 397 por cientoy el país soportaba una década de sangriento conflicto armado interno entre las fuerzas de seguridad y los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru

“Enfrentó al terrorismo, controló la hiperinflación y hasta el momento se sigue su línea económica para bien o para mal”, dijo a The Associated Press Yusuke Murakami, profesor de ciencia política en la Universidad de Kyoto y experto en Fujimori.

Decepcionados de los partidos políticos que no acabaron con el caos que se vivía, los peruanos eligieron como presidente en 1990 al ingeniero agrónomo Fujimori, quien entonces era un desconocido profesor de matemáticas en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Venció en segunda vuelta al premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Le decían “el Chino” por sus ojos rasgados y su tez morena, que lo acercaban a la mayoritaria población de Perú: los mestizos e indígenas.

Fujimori, quien cumplió 86 años el pasado 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Esa decisión fue adoptada en desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

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