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Maduro expulsa a militares opositores de las fuerzas armadas

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, degradó y expulsó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a más de una decena de militares que manifestaron públicamente su descontento con el gobierno y que, según consideró el jefe del Estado, incitaron a la rebelión.

La decisión se dio a conocer este viernes y está contenida dentro de la Gaceta Oficial del país, con fecha del 28 de febrero, en la que se indican las sanciones contra 24 integrantes de la FANB «por haber intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la Nación».

En el decreto se les acusa además de haber «creado estado de desequilibrio y zozobra, haber atentado contra la libertad y la independencia de la Nación, y haber hecho uso indebido desmesurado y desproporcional de armas de guerra poniendo en peligro la independencia y soberanía de la Nación».

A los 24 militares se les degrada «por ser indignos de pertenecer a FANB» y «por haber violentado con su conducta los valores y principios que representan a la Institución Militar».

Estas sanciones recaen sobre 13 altos cargos militares como los generales Raúl Isaías Baduel, preso desde 2009; Antonio Rivero, dirigente en el exilio de la formación Voluntad Popular (VP); el exministro Hebert García Plaza, o el capitán Juan Caguaripano, que asaltó un cuartel el año pasado y llamó a oponerse a Maduro.

La Gaceta indica que para este grupo de 13 hombres la sanción «implicará necesariamente la pérdida del grado y condecoraciones nacionales» sin que se establezca expresamente la expulsión de alguno de ellos del cuerpo castrense.

En cambio, el otro grupo de 11 sancionados lo integran jóvenes soldados a los que Maduro ha ordenado expulsar y separar de la FANB.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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