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Resto del mundo

Kirchner es procesada por presunto lavado de dinero

Un juez argentino procesó este lunes a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de activos y asociación ilícita, en una causa por supuestas irregularidades con empresarios de la obra pública a través de la empresa familiar Hotesur.

El magistrado Julián Ercolini procesó además a, entre otros, a Romina Mercado, sobrina de Fernández y al empresario constructor Lázaro Báez, ya en prisión preventiva desde 2016 por otra causa, y ordenó trabar contra todos ellos embargos por sumas de hasta 800 millones de pesos (32.02 millones de dólares) para cada uno.

Este es el quinto procesamiento judicial para la actual senadora, con el que se busca saber si la familia de la expresidenta recibió pagos por parte de empresarios de obra pública a través de la contratación de habitaciones de un hotel administrado por la firma Hotesur, participada por Cristina Fernández y sus dos hijos.

El juez aseguró que Hotesur no contaba «con capacidad económica ni experiencia en el rubro», y que su finalidad era otorgarle a las cantidades pagadas en sobornos «apariencia de legítimas».

El magistrado ya intervino la compañía hotelera el pasado marzo, cuando afirmó que había sido «una de las personas jurídicas a través de las cuales la familia Kirchner habría recibido periódicamente dinero obtenido mediante la defraudación contra el Estado nacional».

En noviembre de 2017, la exmandataria declaró por esta causa, negó todas las acusaciones y afirmó que la actividad de la firma familiar había sido plenamente legal; además denunció que su situación judicial se debía a intereses del oficialismo.

El conocido como «caso Hotesur» se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer.

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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