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Trump pide a México deportar a migrantes; amenaza con cerrar la frontera permanentemente

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El presidente Donald Trump pidió este lunes a México deportar a sus países de origen a los miembros de las caravanas de migrantes centroamericanos, a los que calificó de “criminales de sangre fría”, y amenazó con un cierre “permanente” de la frontera.

“México debería remover a esos inmigrantes que ondean la bandera, muchos de los cuales son criminales de sangre fría, de regreso a sus países”, escribió el presidente estadunidense en un mensaje de su cuenta de Twitter.

“Háganlo por avión, háganlo por autobús, háganlo de cualquier manera que quieran, pero ellos NO van a entrar a los Estados Unidos. Cerraremos la frontera permanentemente si es necesario. Congreso, financien el MURO”, remató Trump.

Ante la movilización de contingentes de migrantes centroamericanos en la ciudad de Tijuana, la administración Trump decidió ayer cerrar temporalmente la garita de San Ysidro, la más transitada del mundo, y arrojó gases lacrimógenos para dispensar a los migrantes.

La secretaria de Seguridad Interna (DHS), Kirstjen Nielsen, acusó anoche a miembros de la carava de migrantes de intentar agredir a agentes fronterizos, pero sostuvo que Estados Unidos desea resolver la situación pacífica y concertadamente con México.

“El DHS no tolerará este tipo de ilegalidad y no dudará en cerrar puertos de entrada por razones de seguridad publica. Perseguiremos judicialmente con todo el peso de la ley a cualquier que destruya propiedad federal, ponga en peligro a nuestros operadores y viole nuestra soberanía”, precisó.

Desde el jueves, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que no se permitirá el acceso de los miembros de las caravanas de migrantes centroamericanos a territorio estadunidense.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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