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Jets, yate, casas de playa y un Zoológico: lujos de ‘El Chapo’ en los 90

Un testigo del Gobierno de EE.UU. en el juicio por narcotráfico contra Joaquín «el Chapo» Guzmán relató el nivel de vida de su antiguo jefe, que con el «boom de la cocaína» en la década de 1990 lo llevó a tener cuatro jets, casas en cada playa de México, ranchos en cada estado y su propio zoológico.

Miguel Ángel Martínez Martínez, alias «el Gordo» o «el Tololoche», testificó hoy por segundo día, una sesión ante el tribunal de Nueva York en al que explicó que su entonces jefe le regaló un reloj Rólex con diamantes y durante los noventa le pagó un millón de dólares de salario.

En un solo mes, agregó, le llegó a ordenar comprar más de 50 coches, Buick, Thunderbird y Cougar, para regalar a sus trabajadores, quienes podían escoger el modelo.

Aseguró, a preguntas de la fiscalía que intenta probar con su testimonio que el Chapo era el jefe del Cártel de Sinaloa, que en la década de los noventa el negocio del narcotráfico estaba «muy bien» y que Guzmán Loera se benefició del «boom de la coca», y que empleó parte del dinero en pagar sobornos para poder mantener su negocio.

Afirmó además que su entonces jefe recibía uno o dos camiones mensuales que venían desde Estados Unidos con el dinero producto de la venta de la droga, y que posteriormente envió sus jets a recoger ese dinero en Tijuana, que era llevado a Ciudad México y depositado en cuentas de bancos, tras sobornar a empleados, parte del cual lo invirtió en propiedades.

También aseguró que en uno de sus ranchos en Guadalajara, con piscina y cancha de tenis, tenía un zoológico con tigres, leones, panteras y venados, y un tren para recorrerlo, así como un yate, «el Chapito», en su propiedad en Cancún y «4 ó 5 mujeres».

El exadministrador de sus negocios y contacto con los cárteles de Colombia (Cali, Medellín y Nortes del Valle) que le vendían coca, comenzó a trabajar para el Chapo en 1987, cuando aún no existía el cartel de Sinaloa, sino la Federación de Carteles, que dirigía Juan Esparragoza, «el Azul», el «jefe de todos», según le dijo entonces Guzmán Loera.

En una de sus anécdotas, contó que él y Guzmán Loera fueron a visitar al Azul a prisión en 1987 en Ciudad México para pedirle permiso para una revancha contra el Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix, porque habían matado a dos de sus amigos.

Aseguró que se pagaban sobornos al personal de la prisión, lo que les permitió llegar de noche y verle en su celda, donde «había de todo lo que querían tomar», como whisky, cerveza y cognac, una banda tocando, comida para escoger entre codorniz, langosta y droga, así como guardias limpiando, cocinando y dando protección a Esparragoza.

El Azul les autorizó la revancha, iniciándose así la guerra contra el cártel de Tijuana, en lo que Guzmán invirtió «muchísimo dinero» en comprar armas.

Aseguró que Guzmán Loera tenía guardaespaldas armados todo el tiempo con rifles AK-47, AR-15, M-16, granadas y gases lacrimógenos.

Martínez, que trabajó para el Chapo entre 1986 y 1998 también destacó, el incidente en el aeropuerto internacional de Guadalajara, donde asesinaron al cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, al que presuntamente los Arellano Félix confundieron con Guzmán Loera.

Guzmán Loera, que enfrenta cadena perpetua por once cargos de narcotráfico, el principal por mantener una empresa criminal continua y que no perdió detalles del testimonio de su examigo, logró escapar por las correas donde se entregan las maletas a pasajeros, con uno de sus guardaespaldas.

Al día siguiente, dijo, su jefe le informó que se iría de México porque «era mucha la presión» y sus fotos estaban constantemente en la televisión.

Guzmán viajó a Guatemala donde fue arrestado en 1991 y sus casas, bodegas y más de 3.000 kilos de coca fueron entregadas por Martínez a su hermano Arturo, que continuó operando el cartel.

Durante la primera parte del interrogatorio, Martínez, un testigo protegido de la fiscalía cuyo rostro no puede ser dibujado como parte de las extremas medidas de seguridad de este caso, explicó cómo su compadre comenzó a enviar droga a EE.UU. usando un túnel, vehículos con doble fondo y hasta latas de jalapeño con cocaína.

Resto del mundo

Defensora comunitaria en Alabama, detenida por ICE tras revisión de tránsito; crece respaldo para evitar su deportación

Giovanna Hernández-Martínez, de 24 años y residente de Leeds, Alabama, permanece detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) luego de un alto de tránsito realizado por la policía local. La joven, que llegó al país a los siete años y ha vivido la mayor parte de su vida en Alabama, fue trasladada al Centro Correccional de Richwood, en Luisiana, mientras enfrenta un proceso migratorio que podría derivar en su deportación a México.

Conocida por su labor como consejera y organizadora con jóvenes inmigrantes, Hernández-Martínez se graduó como la mejor estudiante de su preparatoria y posteriormente obtuvo licenciatura y maestría en Trabajo Social. Dirige su propia empresa y colabora con ¡HICA!, una organización sin fines de lucro en Birmingham que apoya a familias inmigrantes.

La detención ocurrió el 5 de agosto, cuando, según la policía de Leeds, un oficial detectó que conducía a más de 90 millas por hora, con maniobras peligrosas y vidrios polarizados. Al solicitarle licencia, presentó una identificación mexicana, lo que motivó que se notificara a ICE. Sin embargo, familiares y amigos cuestionan la versión oficial, alegando que el video de la cámara del patrullero no respalda las acusaciones de manejo temerario.

El caso ha generado una ola de apoyo. Una petición en Change.org suma más de 17 mil firmas y un fondo en GoFundMe, creado por su hermano Dilan, ha recaudado cerca de 33 mil 500 dólares. Organizaciones comunitarias, excompañeros de universidad y amigos han destacado su carácter, trayectoria académica y compromiso social. Carlos E. Alemán, director de ¡HICA!, la describió como “un ejemplo a seguir cuya detención es una pérdida dolorosa para toda la comunidad”.

El Departamento de Seguridad Nacional mantiene que la detención fue legal y que no ignorará la normativa migratoria. Por su parte, la madre de Giovanna expresó su temor de que, sin una audiencia de fianza, su hija sea deportada a un país donde no tiene vínculos directos, pues toda su familia inmediata reside en Estados Unidos.

Hernández-Martínez tiene programada una audiencia el 20 de agosto, donde su defensa buscará obtener la libertad bajo fianza mientras continúa el proceso.

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