De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuatro estados gobernados por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido en el poder, no comprobaron cómo fue el gasto de 12 mil 012.4 millones de pesos de los recursos transferidos en 2019 mediante el Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS).
Se trata de la Ciudad de México, entidad gobernada por Claudia Sheinbaum; Chiapas, con Rutilio Escandón al mando; Puebla, que gobierna Miguel Barbosa; y Veracruz, donde el ejecutivo estatal está en manos de Cuitláhuac García.
La revisión fue realizada por el portal Animal Político, con base en el reporte del gasto federalizado de la Cuenta Pública 2019 de la ASF, correspondiente al primer año de mandato para los cuatro gobernantes que arribaron al poder con Morena, partido que igual llevó a la presidencia de la república a Andrés Manuel López Obrador.
Estas entidades morenistas fueron las que incurrieron en las mayores irregularidades al gastar recursos del Seguro Popular y el FASS. De acuerdo con el portal noticioso, significa un probable quebranto millonario de las finanzas públicas, así como afectaciones al derecho a la salud de los ciudadanos. Pues ambos fondos fueron diseñados para cubrir necesidades sanitarias de la población sin seguridad social, así como a la compra de medicinas e insumos médicos, construcción y mejoramiento de hospitales; así como a la contratación del personal médico y administrativo.
Del Seguro Popular, las 32 entidades federativas de México no aclararon 8 mil 499.6 millones de pesos. De este monto, 2 mil 695.2 millones de pesos (mdp) corresponden a la Ciudad de México; mil 963.6 mdp a Veracruz; 788.5 mdp a Chiapas y 712.6 mdp a Puebla. Es decir, que conforman el 72.4% (6 mil 159.9 millones de pesos) de todos los recursos irregulares.
Sobre el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS), todos los estados dejaron sin aclarar 9 mil 536.6 millones de pesos. De este dinero, 4 mil 594.2 mdp son de la Ciudad de México y mil 258.3 millones a Chiapas, es decir, ambas entidades sumaron el 61.3% (5 mil 852.5 mdp) de las irregularidades.
Por ello, los montos de los fondos federales para salud que no fueron aclarados por los estados morenistas suman 12 mil 012.4 millones de pesos. Tan solo la capital del país representa 7 mil 289.4 millones de pesos, seguida por Chiapas, con 2 mil 056.8 millones; Veracruz, con 1 mil 963.6 millones, y Puebla, con 712.6 millones.
En la Ciudad de México, el gobierno de Sheinbaum no comprobó recursos del Seguro Popular ejercidos conforme a la Ley. Por ello, el daño al erario sería de 2 mil 695 millones 221 mil pesos.
Por ejemplo, no acreditó que los servicios de Salud Pública y la Secretaría de Salud local destinaran fondos para adquirir equipo médico ni medicinas incluidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud; tampoco fue comprobado recurso para el fortalecimiento de la infraestructura médica.
Además, en el rubro del FASS, la administración de la Ciudad de México no constató que el personal contratado cubriera con el perfil de plazas, ni si los pagos fueron conforme a tabuladores autorizados. Según el reporte de la ASF, habría recursos para sueldos de personas que se dieron de baja de la nómina o estaban de licencia.
La AS solicitó iniciar 52 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra diversos funcionarios capitalinos, por las irregularidades en ambos fondos.
En el caso de Chiapas, el gobierno de Rutilio Escandón cometió irregularidades al registrar e informar sobre las operaciones financieras, destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, así como en el control y entrega de bienes y servicios. Por ello hubo un daño al erario de 788 millones 577.8 mil pesos en lo correspondiente al gasto del Seguro Popular.
Con recursos del FASS, el gobierno chiapaneco pagó sueldos a 67 funcionarios que no acreditaron su adscripción a unidades médicas autorizadas, por un monto de 5.5 millones de pesos. También cubrió el sueldo de 27 “aviadores” con 5.3 millones de pesos. Por esta suma de irregularidades, la ASF solicitó 19 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de diversos funcionarios.
Sin embargo, todas las entidades tienen un plazo de 30 días hábiles par entregar la documentación que compruebe el faltante de los recursos. Si no se satisfacen las observaciones, la ASF puede emitir la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria; así como denuncia de hechos.
Agencias
