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Chihuahua

“Buscan prescribir los delitos de Maru Campos con influencias desde el Poder Judicial”: Morena

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Desde el Comité Estatal de Morena, legisladores locales y federales, el presidente del comité estatal y el Abogado Oscar Castrejón, condenaron la actuación del Poder Judicial de Chihuahua, al prestarse a la estrategia electoral del PAN, para impulsar la figura de la presidenta municipal con licencia, María Eugenia Campos Galván en su proceso penal por el supuesto de haber recibido dinero del ex gobernador César Duarte.

En una rueda de prensa conjunta con otras figuras de Morena en Ciudad Juárez, se señaló que buscan alargar el proceso jurídico para que finamente el delito prescriba, y así lograr total impunidad, tal como sucedió como en el caso del aeroshow en 2013.

Por tal motivo, la Comisión de Transparencia del Comité Estatal de Morena, presentará ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia para que se investiguen los motivos por los que la actual candidata del PAN a la gubernatura y otros ex legisladores recibieron recursos públicos de César Duarte, el pago de impuestos de los mismos, y una investigación hacia el Poder Judicial por prestarse a la estrategia mediática para victimizar a Campos Galván.

“Que dentro del estado de Derecho y sin violar la división de poderes, se investigue al Poder Judicial las razones para diferir la audiencia a vinculación de Maru Campos y otros, en virtud de que hay la sospecha de que están siguiendo la estrategia del Aeroshow y Maro Quezada, porque es de dominio público la estrategia del equipo de abogados para diferir y diferir la audiencia para que prescriba el delito”, señaló el Abogado Castrejón.

Agregó que esta “patalear del bote” se está logrando debido a que uno de los abogados de la acusada, fue ex empleado de la burocracia dorada del Poder Judicial, el Licenciado Marco Molina, quien a través de sus influencias están alargando el proceso, así como utilizando argumentos totalmente desapegados al Código Nacional de Procedimientos Penales y requisitos inexistentes en el nuevo sistema de justicia que se aplicó en Chihuahua desde el 2007, como el tema de la prueba documental y el caso de los “cheques en copia”.

“Invitamos a que lean el artículo 380 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde la prueba documental no existe como tal, es el soporte material, con el nuevo Sistema de Justicia Penal que entró a Chihuahua en 2007, donde conforme a la buena fe, solo el que discute el soporte material, que puede ser un documento, está obligado a probar las inconsistencias que dicen”, indicó.

En este sentido, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga Martínez, manifestó que parte de la lucha de la Cuarta Transformación y el partido, es combatir la corrupción y la impunidad, por lo que vigilarán este proceso en el Poder Judicial apegados a la división de poderes, ante el interés público que representa la afectación financiera de la conocida “nómina secreta de César Duarte”.

La diputada federal Maité Vargas Meraz, pidió que este tema no sea utilizado como una victimización por parte de Maru Campos en lo que es la violencia política de género, que es una verdadera lucha de las mujeres por la igualdad, para que ahora quiera ser utilizada como una estrategia por Maru Campos, “que se sepa que a ella no se le persigue por ser mujer, se le persigue por corrupta”, sostuvo.

Martín Chaparro, Presidente del Comité Estatal consideró que el Gobierno del Estado encabezado por Javier Corral, y el PAN, están utilizando un asunto jurídico de manera promocional y política el proceso de Maru Campos, ante las acciones realizadas. “No le encontramos nosotros ninguna intencionalidad de llegar al fondo de asunto y de castigar realmente, lo que se dice, cometió ciertos ilícitos con el gobernador anterior”.

Chihuahua

Chihuahua registra su nivel más bajo de delitos de alto impacto en nueve años

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La gobernadora Maru Campos encabezó la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde se informó que Chihuahua alcanzó la cifra más baja de delitos de alto impacto en los últimos nueve años.

Durante el encuentro, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana dio a conocer que en 2025 la entidad registró una disminución del 15 por ciento en este tipo de ilícitos, lo que coloca al estado en su mejor situación en casi una década. El organismo reconoció que los resultados son producto del trabajo coordinado entre corporaciones de los distintos niveles de gobierno.

La mandataria estatal anunció que representantes de la iniciativa privada participarán una vez al mes en la Mesa de Seguridad, con el objetivo de conocer los avances y resultados de la estrategia implementada en la entidad.

El coordinador de la Mesa de Seguridad de Juárez, Rogelio González Alcocer, señaló que cuando la ciudadanía asume su corresponsabilidad y las autoridades fortalecen la coordinación, es posible revertir escenarios adversos. Afirmó que la baja en el ranking mundial y los mínimos históricos registrados son consecuencia de la continuidad en las acciones que han demostrado resultados.

De acuerdo con lo expuesto en la sesión, Ciudad Juárez atraviesa su mejor momento en materia de seguridad, lo que ha favorecido la atracción de empresas e inversiones. En tanto, la ciudad de Chihuahua reportó la menor incidencia delictiva de la última década.

En la reunión, empresarios se comprometieron a ampliar la red de telefonía en la carretera Chihuahua Parral, con el fin de apoyar a las autoridades en la seguridad de los viajeros.

Al encuentro asistieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; y el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya. También estuvieron presentes el director estatal de Ficosec, Arturo Luján; el coordinador de la Mesa de Seguridad de Cuauhtémoc, Mauricio Robles; la directora de Coparmex en Nuevo Casas Grandes, Lyzeth Cassini; y el coordinador del Observatorio Ciudadano de Ficosec, Alonso Domínguez.

Participaron además los comandantes de la 5/a y 42/a zonas militares, Felipe González y David López; el delegado de la Fiscalía General de la República, Ramón Badillo; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; y el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila.

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