Política

Nadie impedirá saber lo sucedido con normalistas de Ayotzinapa: AMLO

La investigación para conocer todo lo que sucedió en Iguala, con los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, “nadie la va a impedir, se va a hacer justicia; es un asunto de Estado”, apuntó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al responder en torno a una supuesta intención de frenar las indagatorias desde las autoridades recién electas en Iguala, el mandatario replicó que su gobierno tiene resultados, desde luego quisiéramos avanzar más, queremos saber del lugar donde están los jóvenes, queremos encontrarlos, y ya se tienen pruebas científicas de tres de ellas lamentablemente sin vida, pero la investigación continúa.”

El tabasqueño fue enfático, porque su administración ya tiene los conocimientos básicos de lo que sucedió, “todavía no podemos dar por concluida la investigación. No queremos actuar de manera irresponsable, engañar, no nos queremos precipitar, es un asunto muy importante, porque en la pasada administración la llamada verdad histórica no corresponde a lo que sucedió.”

Que se presenten pruebas

También se le preguntó sobre otra supuesta investigación -en curso- en Estados Unidos, sobre Manuel Bartlett y el caso de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA, ultimado en México hace tres décadas. Y en caso de que el actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) viajase a territorio estadounidense, sería detenido por la autoridad de ese país.

“Se requieren pruebas, si en Estados Unidos están investigando, yo no tengo pruebas, cada vez que consideran necesario sacan el expediente. Tiene que ver con el descrédito a nosotros, está presente la desinformación. Si hay pruebas que se presenten, no al linchamiento. Que se presenten las pruebas”, insistió.

Y atribuyó esas publicaciones a que Manuel Bartlett “es el encargado de la industria eléctrica y cada vez que pueden se le lanzan, si no es por eso, es por el (fraude) de 1988. Se requieren pruebas”.

Política

Simulación en representación indígena en la Cámara de Diputados, revela estudio de la UNAM

Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha puesto de manifiesto una grave irregularidad en la representación indígena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. A pesar de que las autoridades electorales y las bancadas políticas destacan esta legislatura como la más plural e incluyente en la historia del país, los datos revelan un mecanismo sistemático de simulación y usurpación en la asignación de curules. De los 49 legisladores clasificados como indígenas, solo 10 cuentan con una representación auténtica en sus comunidades, mientras que el resto obtuvo sus candidaturas a través de intercambios de favores, dádivas y promesas de obras públicas.

El informe, titulado “Evaluación de la eficacia de las acciones afirmativas en candidaturas federales (2018-2024)”, expone la discrepancia entre la normativa y la práctica real. Los investigadores concluyen que los partidos políticos han transformado las acciones afirmativas, que deberían servir para reparar deudas históricas con sectores vulnerables, en una herramienta para colocar a cuadros de élite y operadores tradicionales en posiciones de poder.

Uno de los hallazgos más significativos del análisis es la situación de las curules destinadas a los pueblos y comunidades originarias. Aunque la normativa electoral asignó formalmente 49 espacios para la representación indígena en el Congreso federal, los testimonios recabados entre legisladores, autoridades comunitarias y expertos indican que solo alrededor de 10 diputados tienen una verdadera adscripción e identidad comunitaria.

El informe documenta cómo las maquinarias partidistas han convertido el requisito de la “autoadscripción calificada” en un mercado de favores, lo que ha permitido la asignación de los 39 escaños restantes a candidatos ajenos a las comunidades. Para registrar a estos candidatos, las dirigencias de los partidos han recurrido a la obtención de constancias apócrifas o a la tramitación de estas mediante dádivas, promesas de obras públicas o favores políticos a autoridades locales.

Este estudio pone en evidencia la necesidad de revisar y reformar los mecanismos de representación indígena en el Congreso, para garantizar que realmente se cumpla con el objetivo de inclusión y representación de las comunidades originarias en la política mexicana.