Opinión

Marx Arriaga: cuando la educación se volvió trinchera. Por Caleb Ordóñez T.

La salida de Marx Arriaga del aparato educativo federal cerró un capítulo ruidoso, pero no el libro completo. Porque más allá del personaje, lo que deja este episodio es una historia conocida —aunque pocas veces contada con calma— sobre cómo la educación en México suele administrarse: entre egos, cuotas y pulsos políticos que poco tienen que ver con lo que pasa dentro del salón de clases.

Arriaga no fue un funcionario gris. Al contrario: fue protagonista. Defendió con convicción una visión específica de los libros de texto gratuitos y convirtió su gestión en una causa. Eso lo volvió visible, influyente… y también prescindible. En educación, cuando el conflicto escala, el sistema rara vez se corrige; simplemente cambia de rostro.

Los números ayudan a dimensionar el tamaño del problema. Cada año, el Estado mexicano distribuye más de 150 millones de libros de texto gratuitos a través de la CONALITEG. Es uno de los programas editoriales más grandes del mundo. Pero ese volumen contrasta con la fragilidad del consenso que lo sostiene. Cambian equipos, cambian prioridades, cambian narrativas, y los libros —que deberían ser un punto de estabilidad— se convierten en terreno de disputa.

Mientras tanto, más de 1.2 millones de docentes en educación básica reciben materiales y lineamientos que se ajustan con rapidez, pero sin el mismo cuidado en la capacitación. El maestro no siempre sabe si el cambio responde a una mejora pedagógica o a una decisión política. Y cuando esa duda se instala, la implementación se vuelve irregular.

Los resultados están a la vista. En la última evaluación PISA disponible, México se mantuvo por debajo del promedio internacional: alrededor de 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias, frente a promedios globales que rondan los 470–480 puntos. No son cifras nuevas ni sorprendentes, pero sí persistentes. Y esa persistencia sugiere que el problema no es un sexenio ni un funcionario, sino un modelo que cambia formas sin transformar el fondo.

La historia de siempre: el botín político de la educación.

El caso Arriaga también expone cómo la educación suele operar como espacio de poder simbólico. Definir contenidos no es solo decidir qué se enseña, sino qué país se imagina. Por eso los debates se vuelven tan intensos y, a veces, tan poco técnicos. Se discute más el mensaje que el método, más la intención que el impacto real en el aprendizaje.

Desde fuera, esa dinámica proyecta una imagen incómoda. México aparece como un país que discute la educación desde la confrontación interna, no desde la mejora continua. En un contexto global donde el conocimiento, la innovación y las habilidades críticas son la moneda fuerte, esa señal pesa.

¿Se puede hacer distinto? Sí, pero requiere decisiones menos espectaculares y más estructurales.

Primero, sacar los contenidos básicos del vaivén político. No congelarlos, sino someterlos a revisiones periódicas con reglas claras, evaluaciones públicas y participación real de especialistas y docentes de aula.

Segundo, alinear libros, capacitación y evaluación. No tiene sentido rediseñar materiales si no se invierte con la misma fuerza en formar a quien los va a usar. Hoy, ese es uno de los grandes cuellos de botella.

Tercero, transparentar los procesos de decisión. Quién participa, con qué criterios y con qué indicadores de éxito. Cuando eso se aclara, baja la polarización y sube la confianza.

Y cuarto, recordar algo básico: enseñar a pensar es más rentable que imponer una visión. Los sistemas educativos más sólidos no son los más ideológicos, sino los más consistentes.

La salida de Marx Arriaga no arregla la educación mexicana, pero deja una lección útil: mientras los libros, los programas y las aulas sigan tratándose como territorios de poder, los cambios serán ruidosos y los resultados modestos.

La educación no debería ser el botín de nadie. Debería ser, simplemente, el proyecto más serio del país.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.