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Opinión

Marx Arriaga: cuando la educación se volvió trinchera. Por Caleb Ordóñez T.

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La salida de Marx Arriaga del aparato educativo federal cerró un capítulo ruidoso, pero no el libro completo. Porque más allá del personaje, lo que deja este episodio es una historia conocida —aunque pocas veces contada con calma— sobre cómo la educación en México suele administrarse: entre egos, cuotas y pulsos políticos que poco tienen que ver con lo que pasa dentro del salón de clases.

Arriaga no fue un funcionario gris. Al contrario: fue protagonista. Defendió con convicción una visión específica de los libros de texto gratuitos y convirtió su gestión en una causa. Eso lo volvió visible, influyente… y también prescindible. En educación, cuando el conflicto escala, el sistema rara vez se corrige; simplemente cambia de rostro.

Los números ayudan a dimensionar el tamaño del problema. Cada año, el Estado mexicano distribuye más de 150 millones de libros de texto gratuitos a través de la CONALITEG. Es uno de los programas editoriales más grandes del mundo. Pero ese volumen contrasta con la fragilidad del consenso que lo sostiene. Cambian equipos, cambian prioridades, cambian narrativas, y los libros —que deberían ser un punto de estabilidad— se convierten en terreno de disputa.

Mientras tanto, más de 1.2 millones de docentes en educación básica reciben materiales y lineamientos que se ajustan con rapidez, pero sin el mismo cuidado en la capacitación. El maestro no siempre sabe si el cambio responde a una mejora pedagógica o a una decisión política. Y cuando esa duda se instala, la implementación se vuelve irregular.

Los resultados están a la vista. En la última evaluación PISA disponible, México se mantuvo por debajo del promedio internacional: alrededor de 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias, frente a promedios globales que rondan los 470–480 puntos. No son cifras nuevas ni sorprendentes, pero sí persistentes. Y esa persistencia sugiere que el problema no es un sexenio ni un funcionario, sino un modelo que cambia formas sin transformar el fondo.

La historia de siempre: el botín político de la educación.

El caso Arriaga también expone cómo la educación suele operar como espacio de poder simbólico. Definir contenidos no es solo decidir qué se enseña, sino qué país se imagina. Por eso los debates se vuelven tan intensos y, a veces, tan poco técnicos. Se discute más el mensaje que el método, más la intención que el impacto real en el aprendizaje.

Desde fuera, esa dinámica proyecta una imagen incómoda. México aparece como un país que discute la educación desde la confrontación interna, no desde la mejora continua. En un contexto global donde el conocimiento, la innovación y las habilidades críticas son la moneda fuerte, esa señal pesa.

¿Se puede hacer distinto? Sí, pero requiere decisiones menos espectaculares y más estructurales.

Primero, sacar los contenidos básicos del vaivén político. No congelarlos, sino someterlos a revisiones periódicas con reglas claras, evaluaciones públicas y participación real de especialistas y docentes de aula.

Segundo, alinear libros, capacitación y evaluación. No tiene sentido rediseñar materiales si no se invierte con la misma fuerza en formar a quien los va a usar. Hoy, ese es uno de los grandes cuellos de botella.

Tercero, transparentar los procesos de decisión. Quién participa, con qué criterios y con qué indicadores de éxito. Cuando eso se aclara, baja la polarización y sube la confianza.

Y cuarto, recordar algo básico: enseñar a pensar es más rentable que imponer una visión. Los sistemas educativos más sólidos no son los más ideológicos, sino los más consistentes.

La salida de Marx Arriaga no arregla la educación mexicana, pero deja una lección útil: mientras los libros, los programas y las aulas sigan tratándose como territorios de poder, los cambios serán ruidosos y los resultados modestos.

La educación no debería ser el botín de nadie. Debería ser, simplemente, el proyecto más serio del país.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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