El sexenio actual ha cerrado su segundo año con un preocupante incremento en el número de personas desaparecidas, alcanzando casi 20 mil casos, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esta cifra representa un aumento del 25 por ciento en comparación con el primer tercio del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se registraron 15 mil 916 desaparecidos. Hasta la fecha, se contabilizan 19 mil 831 desapariciones en el presente periodo.

Este aumento ha sido acompañado por una alarmante indiferencia por parte de las autoridades, quienes han mostrado desdén ante el sufrimiento de las familias que buscan a sus seres queridos. Recientemente, un informe elaborado por la relatora especial sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos, junto con otros expertos de la Organización de las Naciones Unidas, destacó que las mujeres que buscan a personas desaparecidas en México enfrentan un alto riesgo de ser víctimas de desapariciones, asesinatos y ataques, en un contexto de impunidad casi total.

A pesar de estas preocupaciones, el gobierno mexicano ha respondido con desdén, negando la existencia de un “patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras”. Esta postura ha sido criticada por su falta de sensibilidad ante la crisis que afecta a miles de familias en el país. La indiferencia oficial se hace aún más evidente al observar el crecimiento constante en el número de casos de desapariciones.

Un caso emblemático que ilustra esta problemática es el de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven duranguense desaparecido hace un año en Mazatlán, Sinaloa. Su rastro se perdió cuando se levantó de una mesa en el restaurante bar Terraza Valentino, donde se encontraba con dos primas. Este tipo de ausencias pone de manifiesto el desinterés de las autoridades ante la crisis de desapariciones que afecta a México, donde, lamentablemente, cada día se reportan nuevos casos.

La situación actual exige una respuesta inmediata y efectiva por parte del gobierno y las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y los derechos humanos en el país. La falta de acción y la negación de la crisis solo perpetúan el sufrimiento de las familias que buscan justicia y respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.